42.000 plazas de Formación Profesional (FP) este año, 200.000 antes de 2023. Es uno de los hitos del Plan de Recuperación que ha comprometido el Gobierno a Bruselas, que deberán realizar las comunidades autónomas y de cuya realización depende el cobro de los fondos, tanto como de las reformas. El Gobierno fía más de la mitad de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a las comunidades autónomas, cerca de 12.000 millones de euros este año, pero no las ha tenido en cuenta en su diseño ni participan en su implementación salvo como meras gestoras. A 15 días de final de año, el Ejecutivo intenta acelerar la ejecución de los fondos, de la que sólo ha informado que hayan llegado a las empresas 104 millones de euros. Las comunidades se encuentran desbordadas en la organización de la gestión de unos proyectos que denuncian que no tienen en cuenta sus necesidades y características diferenciadas y cuyo marco normativo ahora deben desarrollar contrarreloj.
Así lo trasladan fuentes regionales a Vozpópuli, que advierten de que este escenario es muy similar al que ha rodeado a las ayudas directas para pymes y autónomos de 7.000 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros en marzo, empezó a transferir en verano y de las que se va a devolver hasta un 60% por imposibilidad de ejecución cuando venzan el 31 de diciembre. Las regiones no tuvieron voz ni voto en estas ayudas, que sólo contemplaron las particularidades de Baleares y Canarias, llegaron con retraso y con un sistema farragoso.
"Vemos cómo ha pasado ya el primer año de los tres que tenemos para ejecutar el Plan y no se ha hecho prácticamente nada, el Gobierno se ha dedicado a pensar sin tenernos en cuenta", lamentan desde la Junta de Castilla y León.
"Una dificultad de tipo operativo que tienen estos fondos tal como se han planteado por el Gobierno de la nación es que los componentes o medidas que se contemplan tienen un diseño muy cerrado que apenas permite la automatización, es decir, que se dificulta y hace muy complejo el poder adaptarlos a nuestra propia dinámica de gestión y justificación", trasladan de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Así, ponen de ejemplo programas de empleo para la mujer rural acotados a municipios menos 5.000 habitantes, requisitos que pueden ser útiles para algunas comunidades despobladas pero no para Andalucía, que no teme que no va a poder ejecutar el dinero asignado a unos fines prediseñados a una realidad que no es la suya.
Otras comunidades transmiten casos parecidos sobre proyectos de creación de centros de orientación de empleo que obligan a la adquisición de un edificio que en muchas no es necesario o que tienen un mercado inmobiliario más caro que lo que prevé la ayuda para este fin o que simplemente ya desempeñan las funciones que quiere desarrollar la ayuda.
"Los retrasos en los plazos anunciados por el Gobierno, los instrumentos jurídicos necesarios para la implementación de las diferentes inversiones y las herramientas para la ejecución y seguimiento de las inversiones, nos coloca a las CCAA en una situación de urgencia en la producción normativa propia, para poder cumplir los hitos y objetivos. A ello hay que añadir que la materialización del ingreso de dichos fondos en las cuentas de nuestra comunidad se produjo el pasado 8 de octubre", advierte la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
"Las comunidades somos meras ejecutoras de los planes del Gobierno y muchos de estos planes son proyectos pequeños y que no nos parecen transformadores", plantean desde la Comunidad de Madrid, que asumen que va a recibir en los poco que queda del año unos 100 millones pendientes.
En este sentido, desde la Junta de Andalucía alertan de que "el Estado se ha reservado buena parte de estos fondos para su ejecución directa, por lo que, cuando los ejecute, existe un alto grado de probabilidad de que sean redundantes con nuestras propias actuaciones y, por tanto, el impacto real de estas medidas corremos el riesgo de que no sea todo lo eficaz y útil que se pretende. Además, la mayor parte son muy parecidos a programas ya existentes o que existieron en el pasado, o son una mezcla de diferentes programas igualmente preexistentes".
A su vez, fuentes del Gobierno de Murcia transmiten que los criterios que se les transmiten en las Conferencias Sectoriales de cada Ministerio difieren y crean confusión.
Seguimiento
Los fondos MRR se vinculan a la consecución de unos hitos (cualitativos, en este caso la publicación de la convocatoria) y de unos objetivos acordados con la Comisión Europea (cuantitativos, como el número de participantes) que están definidos en cada medida. Para el seguimiento de su cumplimiento, el Ministerio de Hacienda está desarrollando procedimientos y herramientas sobre las cuales su formación inicial se va a producir los días 14 a 16 de diciembre en una primera edición. "Ello significa que estamos planteando una norma en la que el seguimiento y evaluación de la misma aún no conocemos", destacan fuentes de la Consejería de Empleo de Andalucía.
¿Qué va a pasar con las 200.000 plazas de FP que hay que crear en tres años una vez que no haya ayudas europeas? ¿Quién la financiará?, se preguntan fuentes de la Junta de Castilla y León.
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