El presupuesto de gastos de las comunidades autónomas crece un 9% en 2023, año electoral en el que las inversiones reales se disparan un 30% y los gastos de personal, un 7%. Así lo muestra el Informe sobre los Presupuestos de las CCAA para 2023 que elabora el Ministerio de Hacienda. Este escenario viene facilitado por la suspensión de las reglas fiscales que se mantiene este año, advierte el Fisco, que recuerda que la regla de gasto establece que la variación del gasto computable de las comunidades autónomas no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española.
Este incremento de las inversiones reales de las CCAA, en el año en que 12 de ellas acuden a las urnas el 28 de mayo, es por otra parte similar al de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, del 33%, con elecciones generales previstas para diciembre.
El gasto autonómico se dispara este año incluso por encima del de 2020, con la covid, y lejos de las cifras de la prepandemia, que se situaban entre el 3% y el 4%. En 2022, esta partida creció un 5,4%.
En los Presupuestos autonómicos, excluidos los de la Comunidad de Madrid y Cataluña por no haberse tramitado los primeros ni presentarse los segundos, dentro de las operaciones de capital, las inversiones reales aumentan un 29,97%, hasta los 12.824,85 millones de euros, y las transferencias de capital, un 27,04%, hasta un importe de 12.007,85 millones, evoluciones que se ven afectadas por la integración en determinados presupuestos de los proyectos a financiar con los fondos React.
Los gastos de personal, con un importe de 61.307,43 millones de euros, se elevan un 6,73%, si bien debe tenerse en cuenta que el presupuesto del ejercicio 2022 no recogió el aumento retributivo adicional del 1,5% para el año pasado aprobado mediante el Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre. El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con los sindicatos de los funcionarios de la Administración General del Estado una subida del 2,5% para 2023 que puede llegar al 3,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal, que sirve de referencia para el resto de Administraciones.
A su vez, los gastos no financieros experimentan un incremento del 11,08%, cuantificándose en 155.769,74 millones de euros, producto del aumento del 8,29% en las operaciones corrientes y del 28,54% en las operaciones de capital.
Por otro lado, los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 26.690,30 millones de euros, un 8,75% más que en el ejercicio anterior. Los gastos financieros, por su parte, aumentan un 18,24%. Igualmente, las transferencias corrientes, con un importe de 40.164,39 millones de euros, se incrementan un 9,82%. Dentro de las operaciones corrientes, se prevén créditos en el capítulo V de gastos, en concepto de Fondos de Contingencia, una vez homogeneizado su tratamiento en las distintas Comunidades Autónomas, por cuantía de 431,33 millones de euros, un 15,76% superior respecto a 2022.
Sanidad y Servicios Sociales
Respecto a la clasificación funcional del gasto recogida en los distintos Presupuestos, Hacienda detalla los créditos consignados y la evolución registrada en materia de sanidad, educación, servicios sociales y deuda pública. La partida destinada a la Sanidad se incrementa un 8%, un 6,8% la de la educación, y la de la protección social, un 12,4%. El resto de políticas de gasto supone un aumento del 18,6%. En cambio, la deuda pública cae un 1,9%.
En lo que respecta a la Sanidad, destacan los incrementos de Aragón (13,6%) y Baleares (11,3%). Sólo Castilla-La Mancha mantiene la inversión de 2022 sin cambios.
Entre las comunidades que tienen cita electoral este año, resalta el aumento de la inversión en Educación de Canarias, del 8,4%, y de Murcia, del 8,2%. Galicia es la que menos incrementa esta partida, un 3,7%.
En Servicios Sociales, las que más invierten son Baleares, un 19,7% más, y Navarra, un 18,4%. Castilla-La Mancha es en cambio la que menos, un 2,6%.
Previsiones optimistas en los impuestos a la vivienda
En el capítulo de ingresos, las comunidades proyectan un aumento del 8,70%, en el que llama la atención la previsión de recaudación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y AJD, que gravan la vivienda, del 28,41%, cuando analistas y tasadoras plantean un escenario plano, y como mucho con incrementos del precios del 5%. Máxime si la previsión de crecimiento de estos impuestos en 2022, año en que entró en vigor la subida fiscal a los inmuebles con los nuevos valores de referencia del Catastro, auguraban ya aumentos de hasta el 40%, 3.000 millones de euros más. Entonces, analistas y tasadoras preveían incrementos en el precio de la vivienda del entorno del 4% en 2022.
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