Las CCAA se acercan ya a los 2,1 millones de trabajadores en plantilla y a finales de año superarán los 100.000 millones de gasto destinado a pagar nóminas públicas, el 50% más que hace 10 años. La cifra de empleados y las remuneraciones salariales no han dejado de crecer a pesar del esfuerzo, ya mitigado en su mayor parte, a que se vieron obligados los gobiernos autonómicos para combatir la pandemia. Es decir, las regiones han seguido aumentando sus plantillas ajenas al sector sanitario (ya hay 4.000 empleados más que antes de las elecciones autonómicas y 10.000 más que hace un año), mientras su ingente coste lastra cualquier posibilidad de activar sus economías o de atender, por ejemplo, las demandas sociales.
Hasta agosto, últimos datos detallados disponibles de la Intervención General del Estado, el gasto en personal ha subido un 6,8% frente al 3,1% de hace un año y queda aún por computar la subida salarial que se ha añadido en octubre del 0,5%. Lo más llamativo es que ya hay siete comunidades que tienen que dedicar el 50% de sus presupuestos a abonar salarios, dejando muy poco margen para emprender otras actuaciones. Aunque algunos nuevos gobiernos regionales, como el valenciano, han anunciado una revisión del aumento de las contrataciones con el último ejecutivo (sobre todo en los entes y organismos de sus administraciones), no parece que esta partida vaya a sufrir retoque o ajuste.
Es más, puede aumentar, ya que los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para seguir en La Moncloa, con la anunciada condonación o quita de parte de la deuda (que podría extenderse a las demás regiones), minorarán la carga presupuestaria del pago de intereses. Es decir, estas actuaciones políticas, para favorecer sobre todo a Cataluña, aumentarán el margen de gasto y propiciarán el alza de las partidas estructurales más importantes, como la de personal. Y lo que es peor: las autonomías, poco propensas a realizar ajustes, recibirán el mensaje de que siempre acudirá ‘papá Estado’ a su rescate; sobre todo, cuando algunos partidos necesiten apoyos parlamentarios, haciendo tabla rasa para que los contribuyentes paguen ‘a escote’ los dispendios y excesos individuales.
Las remuneraciones salariales, que incluyen el abono de las nóminas y las cotizaciones del empleador, se han convertido de largo en la partida más importante de los presupuestos de las CCAA. Ello se debe en parte a que disponen de la transferencia estatal de sanidad y educación con mayor número de efectivos. Pero, también hay que sumar la percepción de sueldos poco competitivos en la actualidad y por encima del mercado nacional, así como la acumulación de trienios por antigüedad que perciben sus empleados mientras que en el sector privado casi se ha extinguido el complemento.
En todo caso, lo que más afecta al crecimiento de esta masa salarial es la inmensa ‘bola de nieve’ de puestos que no cesa de aumentar, en muchos casos sin que haya justificación ni necesidad, con la existencia además de un importante parque de organismos ‘satélites’ de las administraciones (desde consorcios, fundaciones, a sociedades y entes de todo tipo), donde el control administrativo de las altas laborales es menos riguroso.
Sobre todo, sucede antes de las convocatorias electorales (los partidos que están en el poder contratan a los ‘suyos’ por si se les apea) y tras ellas (los partidos que ganan contratan también a los ‘suyos’, que suman a los que ya había).
Evolución de los empleados autonómicos
Así, desde 2002, año en que se produjo ese trasvase de personal desde la Administración Central, se ha duplicado el número de empleados en las CCAA y, por ejemplo, desde la gran crisis desde 2007 hay medio millón más. Desde 2019 (año previo a la pandemia) el número ha crecido en casi 240.000, y no se debe a los efectos de la sanidad, sino, sobre todo, al aumento de las contrataciones en las administraciones generales y en ‘las paralelas’.
Hasta agosto, el pago de las nóminas regionales alcanzó el récord de 65.525 millones frente a 61.048 millones de hace un año. Representó el 42,3% del gasto presupuestario total, un punto más que en el año anterior y por encima del que se produjo en los años más fuertes de contratación en la pandemia. Hace un año, había tres comunidades (País Vasco, Aragón y Castilla La Mancha) que tenían que emplear el 47% de su Presupuesto total en gasto de personal. Pero, ahora las cifras se han disparado: Castilla La Mancha utiliza el 51,1% (más de 3.000 millones hasta agosto); Andalucía y Aragón llegan al 50% (11.300 millones y casi 2.100 millones respectivamente); Extremadura y Murcia llegan al 48,2% (1.786 millones y 2.205 millones); mientras que Asturias y País Vasco se anclan en el 48% (1.544 millones y 4.194 millones).
Muy cerca, con más del 46% de su Presupuesto general dedicado a pagar contrataciones se encuentran Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Por su parte, Madrid es la región que menos porcentaje de su gasto total dedica a personal (32,5%). Le siguen: Navarra (33,4%); Baleares (35,7%) mientras que Cataluña alcanza el 39%.
La evolución de esta partida es imparable, ya que ese crecimiento del 6,8% de media (dos puntos por encima del Estado) supera con creces la evolución del gasto total de los Presupuestos regionales hasta este mes (1,7% hasta 154.321 millones). Además, esos 65.525 millones empleados hasta agosto en nóminas triplica el gasto dedicado a transferencias sociales en especie destinadas, por ejemplo, a conciertos sanitarios y de enseñanza y al gasto en farmacia (22.600 millones) y suponen casi siete veces la inversión pública de todas las regiones (10.000 millones).
Ranking de gasto
¿En qué regiones sube más el gasto en nóminas en las CCAA? Frente al 6,8% de incremento medio, en La Rioja ha superado los dos dígitos (10,2%). Mientras, en Madrid ha alcanzado una subida del 9,8% (670 millones más); en el País Vasco y Baleares se ha situado en el 8,1%; y Cataluña ha registrado un 7,1% (714 millones más). En términos absolutos, Andalucía lleva gastados en personal hasta agosto casi 11.300 millones, mientras que Cataluña alcanza 10.717 millones y Madrid 7.489 millones. Le siguen: la Comunidad Valenciana (6.488 millones); País Vasco (4.194 millones) y Galicia (3.646 millones).
En porcentaje de PIB regional, frente al 4,5% de media que se dedica a pagar nóminas del conjunto de las regiones, Extremadura llega al 7,3%, Canarias alcanza el 6,1% y Castilla La Mancha se sitúa en el 5,9%. Según la última estadística oficial del Registro de Personal de las Administraciones Públicas, (correspondiente a julio de 2022), que no incluye al personal de las empresas públicas y de otros organismos, la comunidad andaluza disponía de casi 300.000 empleados. Mientras, Cataluña tenía 218.000; Madrid 197.000; y 163.000 la Comunidad Valenciana. En la cola figuraba La Rioja con casi 13.000 y Cantabria con unos 25.000.
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