El coste de las nóminas de las comunidades autónomas sigue acumulando récords. En 2021 se ha vuelto a desbocar, como ocurre en todas las crisis sin que ningún gobierno regional haya tomado medida alguna para evitarlo mediante un proceso de adecuación de las plantillas o de reasignación de efectivos. Según los datos de la Contabilidad Nacional, estas Administraciones Públicas cerraron el año con un gasto en remuneraciones salariales (sueldos y cotizaciones a cargo del empleador) de 91.738 millones (un 5,6% más) frente a los 86.905 millones del año anterior y los 82.083 millones en 2019 antes de la pandemia.
Por tanto, desde el inicio de la crisis sanitaria y económica el crecimiento de esta partida es de más de un 11% (en casi 10.000 millones más) y la causa, además del aumento de las contrataciones para atender la demanda sanitaria, es la creación de más empleo en otras áreas como los servicios generales, la seguridad o la administración de los asuntos económicos.
La Intervención General del Estado señala en su informe anual que la remuneración de asalariados de las unidades que componen la sanidad ha subido un 6,9% (hasta los 36.824 millones) mientras que ha aumentado casi un 5% en el resto de subsectores (hasta 54.914 millones). Por tanto, la contratación de personal sanitario no ha sido la causa fundamental de este repunte, ya que ese 5,6% más en 2021 respecto al 2020 es incluso dos décimas inferior al que se produjo en 2019 respecto al 2018 cuando no había indicios de pandemia alguna (llegó al 5,8%). Lo que evidencia que las Administraciones Públicas, sobre todo las autonomías, se convierten en un refugio laboral (en muchos casos de contrataciones a dedo) durante los procesos de crisis económicas y que permanecen ajenas a cualquier tipo de ajuste, que queda para el sector privado.
Por ejemplo, en 2008, en plena gran depresión, se registró un alza del 11,2% del gasto en remuneraciones con un aumento de casi 70.000 empleados más en un año y en 2009 después se acercó al 7% con otras 65.000 contrataciones más. El número de empleados de las CCAA ha superado por primera vez en 2021 los dos millones (hasta casi 2,1 millones) y ya representa el 60% del empleo público en España. Se trata de un porcentaje hasta ahora desconocido. Desde 2007, año en que comenzó la peor crisis desde la guerra civil, las comunidades han aumentado en 482.000 sus nóminas (un 30% más) mientras que el gasto en personal ha crecido un 43% (en más de 27.000 millones)
Todo esto supone que dos tercios del gasto en nóminas de las Administraciones Públicas corresponden a las autonomías, que acumulan mano de obra intensiva en sectores como la sanidad y la educación mientras sigue aumentando el empleo también en otros sectores. Este incremento de masa salarial y de efectivos ha elevado la representación de este gasto en personal en los Presupuestos regionales dejando poco margen para activar otro tipo de políticas que eviten el proceso de desaceleración económica generalizada que ya se advierte. Así, si en 2019 el pago de nóminas públicas representaba en 39% del gasto regional total, ahora llega al 41%.
Las Administraciones Públicas, sobre todo las autonomías, se convierten en un refugio laboral en tiempos de crisis. Permanecen ajenas a cualquier tipo de ajuste, que queda para el sector privado
Esta 'hipoteca' en el gasto presupuestario es especialmente llamativa en cinco comunidades, ya que dedican la mitad de su gasto total a pagar nóminas. Por ejemplo, Castilla La Mancha emplea el 50,1% de su presupuesto en abonar salarios (4.900 millones); a casi el 49% llega en Extremadura (2.551 millones) y en Murcia (1.690 millones). Mientras, en Andalucía (16.176 millones) y Aragón (2.919 millones) el pago de las nóminas alcanza el 48% de ese gasto total. Les siguen: País Vasco, que destina el 47% de su presupuesto a pagar a su plantilla (5.759 millones) mientras que Asturias llega al 46% (2.212 millones); y Cataluña (15.023 millones) y Cantabria (1.293 millones) superan el 44%. Las regiones que menos porcentaje de su gasto total dedican a personal son Baleares (31%), Madrid (33%) y Navarra (36%).
¿En qué CCAA suben más el pago de nóminas?
En términos relativos es Canarias (7,8%) dónde más ha crecido en el último año (y desde el inicio de la pandemia) esta partida. Le siguen: Cataluña (6,9%); Andalucía (6,1%); Madrid (6,1%); Murcia (5,9%) y Navarra (5,5%). Asturias y Aragón son las regiones con menos incremento porcentual (3,5%).
En términos absolutos, Andalucía, que tiene la mayor población, supera por primera vez los 16.000 millones. Lo mismo sucede con Cataluña, que registra más de 15.000 millones; y Madrid, que supera los 10.000 millones. Y, en términos del PIB, destaca que Extremadura emplea un 12,3% de su producción económica a remuneraciones públicas mientras que Canarias utiliza el 10,4% y en Castilla La Mancha y también Andalucía llega al 10%. Madrid, la primera economía regional de España, es la comunidad que menos porcentaje de su PIB destina a gastos de personal (4,5%).
Personal con cargos políticos
Y que las autonomías no han reducido su gasto de personal en los distintos subsectores, para atender la mayor demanda de contrataciones de la sanidad, lo demuestra el dato de que el coste en las nóminas de los servicios públicos generales (administración burocrática que incluye las nóminas de los cargos políticos y de asesores) ha subido un 5,2% (hasta casi 3.800 millones) pese al aumento de los procesos telemáticos y de teletrabajo. Destaca el alza del 8,8% en Asturias; del 7,6% en Cantabria y del 7,5% en el País Vasco. La Rioja es la única región que ha reducido el gasto (-8%) en nóminas en estos servicios para hacer frente al incremento de gasto en nóminas sanitarias.
En materia de orden público y seguridad, la subida en remuneraciones ha crecido casi un 5% (hasta casi 4.500 millones de coste). Destaca el alza en Cataluña (5,4%) y País Vasco (4,5%) como consecuencia del aumento de efectivos de Mossos y Ertzaintza. Además, más de un 4% ha aumentado el gasto de personal en la gestión de asuntos económicos de las CCAA (más de 4.900 millones) mientras que en la Comunidad Valenciana y en Cataluña supera el 5%.
La partida de remuneraciones destinada a protección del medio ambiente (unos 900 millones) ha subido casi un 4% en el conjunto de las regiones. Por encima del 4% ha crecido el coste de personal en la educación (más de 35.000 millones), y más de un 7% ha aumentado la destinada a protección social (2.500 millones). Sólo el subsector del ocio, cultura y religión (1.400 millones), como consecuencia de la ausencia de estas actividades durante la pandemia, registra una leve tasa negativa (-1%), así como el relativo a la vivienda (unos 500 millones) que cae un 5%.
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