Las comunidades autónomas cumplieron en 2017 el objetivo de déficit por primera vez desde que estalló la crisis. Dejaron el desfase en 0,32%, muy cerca del equilibrio, y cuatro de ellas consiguieron acabar el año en superávit: Canarias, Baleares, País Vasco y Navarra. El Gobierno ha incluido un premio para estas regiones en los Presupuestos: podrán dedicar sus números verdes a inversiones sostenibles.
Y es que el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 dice que cuando las comunidades y corporaciones locales acaben en superávit tendrán que destinarlo a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
Pero en los Presupuestos de 2018 el Gobierno ha incluido una disposición adicional, la centésima sexta, en la que establece unas reglas especiales que permiten a las administraciones cumplidoras saltarse este artículo. Eso sí, siempre que hayan registrado superávit y cumplan todas las reglas de estabilidad presupuestaria, que no necesiten autoridad del Estado para endeudarse, que paguen a proveedores en tiempo y que verifiquen el cumplimiento de la condicionalidad de los mecanismos extraordinarios de liquidez que se apliquen.
Inversiones sostenibles
Si cumplen esos requisitos, las comunidades cumplidoras podrán destinar el superávit a inversiones "financieramente sostenibles". Son inversiones que, a largo plazo, tienen que generar un impacto positivo, directo y verificable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento potencial de la economía. Por ejemplo, tiene que generar efectos positivos para el cambio climático, contribuir a la eficiencia energética o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros.
La vida útil y el mantenimiento de estas inversiones no pueden poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas. Y en ningún caso el remanente podrá destinarse al mantenimiento de inversiones ni a la compra de mobiliario o enseres. Tampoco podrán hacerse inversiones de carácter plurianual y la inversión en cuestión supera los 15 millones de euros, tendrá que recibir autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda.
Los Ayuntamientos pueden hacer este tipo de inversiones desde el año 2014
El Gobierno ha incluido por primera vez esta disposición en los Presupuestos de 2018 porque es la primera vez desde que estalló la crisis que algunas comunidades acaban el año en superávit. Los recursos extra de la liquidación del sistema de financiación de 2015 han dado un buen empujón al desfase de las regiones. Los Ayuntamientos, en cambio, ya pueden hacer este tipo de inversiones desde el año 2014.
Pero el Gobierno no solo quiere premiar a las comunidades que han saneado sus cuentas. Las cuentas incluirán instrumentos para que las comunidades y los ayuntamientos que tengan deuda con la Administración General y que hayan cumplido sus metas puedan reestructurar su deuda, con incentivos a los créditos y a las condiciones financieras.
Eso sí, no quiso anticipar las medidas concretas y dijo que habrá que esperar a la tramitación parlamentaria de las cuentas para conocer con exactitud los mecanismos definitivos, ya que los Presupuestos solo recogen un precepto legal que, ha dicho, habilita al Gobierno a negociar la reestructuración de la deuda. Es un as en la manga que el Gobierno se guarda para una negociación que no será fácil.
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