La legislación española cambia cada hora y media. Es lo que denuncian los empresarios que aseguran que el gobierno central y las autonomías aprobaron el pasado año 13.157 nuevas normas o lo que es lo mismo, 37 leyes nuevas cada día. El resultado es una “inundación legislativa” que sólo en 2012 sumó 151.133 páginas del BOE y otros 715.009 folios en los Diarios y Boletines Oficiales de las autonomías.
En un informe titulado “Las reformas necesarias para salir de la crisis”, la patronal se queja de “la excesiva burocracia, la infinidad y superposición de ‘ventanillas’, la complejidad procedimental y la ausencia de coordinación” entre administraciones y denuncian que esa maraña legal “lastra” la recuperación económica. Según la estimación de la CEOE, el coste de esa avalancha es de casi el 1% del PIB anual, es decir, unos 6.000 millones de euros anuales.
Como ejemplo, la patronal señala las leyes anti-tabaco en las diferentes autonomías. La ley estatal obliga a señalizar la prohibición de fumar en todos los locales comerciales. Sin embargo, cada autonomía establece sus propias normas de cartelería, texto y tamaño. El resultado --denuncian los empresarios-- es una multiplicidad de gastos que no permiten el ahorro derivado de una cartelería estándar.
La CEOE demanda una reducción del 50% de las cargas administrativas para el periodo 2012 a 2016, tomando como referencia los niveles de 2006. La patronal asegura que la eliminación de esa maraña legal reportaría un 2% de crecimiento a la economía española en un plazo de tres años y que podría reportar hasta un 4,5% de crecimiento a largo plazo, un cálculo que, sin embargo, la patronal no desglosa ni detalla.
La burocracia frena a los emprendedores
España es, según la OCDE, uno de los países en los que más lento y complejo es crear una empresa. En su informe Doing Business 2013, constituir una empresa en España requiere 28 días frente a los 15 días que son necesarios en Alemania o los 13 de Reino Unido, 7 de Francia o 6 de Italia.
El Gobierno intentó solucionar la situación con la Ley de Emprendedores en la que pretendía permitir la creación de empresas con el simple registro telemático. Sin embargo, en el último minuto de su tramitación, Moncloa cambió los términos de la norma para permitir que los notarios siguieran siendo necesarios en el proceso. La redacción final de la norma obliga a quienes constituyan una sociedad limitada a presentar una autorización notarial por la que deberán abonar 60 euros además de los 40 euros que les costará el registro mercantil telemático. El nuevo sistema supondrá unos ingresos de unos 5 millones de euros anuales para el notariado si se mantienen los 80.000 trámites corporativos que se registran anualmente en España.
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