La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tiene previsto reunirse este miércoles con el Defensor del Pueblo para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios introducidos en el Impuesto de Patrimonio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
Según informó CEOE en un comunicado, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, junto al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa, se reúnen con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de PGE que eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.
En la reunión entregarán al Defensor del Pueblo un escrito suscrito por los responsables de las organizaciones territoriales de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la patronal.
La CEOE señaló que en el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del coronavirus, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio del 3,5% “es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional”. La patronal destacó que este tributo no existe en ningún país europeo.
Recordó que una reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional traslada esta idea de un impuesto que somete a tributación “manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto”.
Explicación de la CEOE
En este sentido, la patronal explicó que “en muchos casos” el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio para poder pagar el impuesto, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir, y que en el momento actual, el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está “razonablemente por debajo del tipo impositivo”, a lo que se añade que cualquier rendimiento de ese patrimonio ha tributado previamente por IRPF, por lo que CEOE apuntó que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
CEOE reclamó un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad “competitiva” para las empresas españolas y para las familias.
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