Comunicado muy crítico de la patronal sobre el anuncio de pacto de gobierno entre PSOE y Sumar con una reducción de la jornada a 37,5 horas. "A la espera de conocer el texto final, CEOE, Cepyme y ATA expresan su rechazo a las medidas que se han conocido del acuerdo programático de PSOE y Sumar para la formación de un nuevo Gobierno que van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España".
Estos efectos negativos se producen además orillando el diálogo social. "Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales.", añaden.
La patronal cree que existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero "no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva", apunta.
Y en coincidencia con lo que ha apuntado este lunes Nadia Calviño en TVE, señalan que la regulación de la jornada debe tratarse "sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador".
Aumento de costes
Hacerlo de otra manera, y fuera del marco del diálogo social, "supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas, en especial pymes y autónomos, siguen yendo por detrás en la recuperación", subraya el comunicado.
Para la patronal, la confianza es respetar los pactos sociales alcanzados en el diálogo social, desde la Reforma Laboral hasta el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 10 de mayo por un periodo de tres años. "Lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales", remacha.
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