La patronal que representa a los empresarios, la CEOE, se ha enterado de la prohibición a las empresas de despedir viendo la televisión. "No ha sido una medida consensuada, desde luego", dice Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE, "nos hemos enterado viendo la rueda de prensa". "No ha habido diálogo social para tomar una medida como esa", lamenta.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario la prohibición de los despidos por motivos económicos mientras dure la crisis del coronavirus. La Ministra ha insistido en que "no es necesario despedir a nadie en este país" y que "hay mecanismos suficientes" para mejorar la situación.
La medida no ha sido concretada en profundidad, tan sólo en la referencia del Consejo de Ministros que puede consultarse en la web de Moncloa, cuatro párrafos.
La patronal empresarial madrileña tacha la medida de "disparate" y "autoritaria" y dice que multiplicará los despidos
"No sabemos exactamente cómo es, pero por lo explicado nuestra impresión es que va a provocar que muchas empresas se vean abocadas al cierre", explica Fernández de Mesa, quien tampoco tenía conocimiento de que las medidas anunciadas hubieran sido tratadas con los sindicatos.
"Todo esto es muy grave, una medida que impide por ley el despido, que no ha sido consensuada con los empresarios", subraya el exSecretario de Estado de Economía y Empresa y exSecretario General del Tesoro y Política Financiera en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empresarios madrileños, en contra
También la patronal que representa a los empresarios y autónomos de Madrid, Ceim, se ha posicionado en contra de la medida anunciada.
La patronal madrileña rechaza "de forma categórica" la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de hoy viernes, que califica de "autoritaria" y que atenta "con la libertad de empresa recogida en nuestra Constitución".
Ceim advierte que va a provocar "una multiplicación del desempleo debido a la desaparición de miles de empresas que no podrán aguantar la situación de crisis actual y terminarán en la quiebra técnica". La desaparición de numerosas empresas "va a generar una situación de falta de recursos económicos al Estado para ejercer su labor fundamental de auxilio a los colectivos más desfavorecidos", considera.
El organismo tacha en un comunicado la medida de "disparatada decisión" que condena a España "a mayores índices de pobreza y lanza al exterior un mensaje de que somos un país sin seguridad jurídica, por lo tanto aleja decisiones de inversión, las cuales generan riqueza y empleo para todos".
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