El Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático exigirá una transformación energética en los países firmantes que generará oportunidades de negocio para las empresas, pero que también podría afectar gravemente a la industria nacional. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido a los legisladores que no caigan en errores como el que generó hace una década de la burbuja de las renovables y que establezcan metas “claras y realistas” para lograr los objetivos exigidos a la Europa de los 27: una reducción del 40% de las emisiones –con respecto a 1990- en 2030 y del 80% en 2050.
La CEOE ha realizado una serie de consideraciones sobre la futura Ley de Cambio Climático –en fase de consulta previa- en las que afirma que la transformación del modelo energético debe realizarse “en un marco temporal largo” para que ni la competitividad ni el empleo se vean afectados en España. “Es fundamental que la ley permita la consecución de los objetivos medioambientales, pero sin poner en riesgo (…) la producción primaria, los sectores industriales, la actividad económica en general y el empleo”, apunta.
La patronal llama a los legisladores a que huyan de los apriorismos y no renuncien a ninguna de las fuentes del mix energético actual. Entre otras cosas, para evitar la volatilidad del coste energético total y el consiguiente encarecimiento de la factura de la luz.
En este sentido, la Confederación lamenta la pérdida de competitividad que se ha producido en la industria nacional durante los últimos años como consecuencia del “enorme incremento” de los costes ajenos al suministro en la factura. Principalmente, a través de peajes e impuestos. Estos conceptos “encarecen considerablemente el gasto del consumidor doméstico” y afectan especialmente "a los sectores" que realizan un uso intensivo de la energía. Evidentemente, esta situación sitúa en desventaja a la industria nacional con respecto a la de otros países de la UE.
Fechas clave
Cabe recordar que existen dos fechas clave dentro del Acuerdo de París: el 1 de enero de 2030 y el mismo día de 2050. Para entonces,, los Estados miembros de la Unión Europea deberán haber reducido el 40% (2030) y el 80% (2050) de sus emisiones de CO2 con respecto a 1990.
Todos sus mandatarios tienen claro que las renovables –cada vez más asequibles- deberán cubrir la inmensa mayoría de la demanda energética con este nuevo modelo, en el que el carbón o la energía nuclear tendrán una presencia nula o residual. Ahora bien, la gran cuestión es de qué forma se realiza este cambio para que afecte de la menor forma posible al sistema energético y a la economía del país.
Desde el punto de vista de la CEOE, la nueva Ley contra el Cambio Climático deberá tener un "carácter incentivador en lugar de sancionador". También deberá evitar que los elevados impuestos condicionen el desarrollo de nuevas tecnologías, como ha ocurrido en el pasado con las energías renovables. “Toda medida para luchar contra el cambio climático debe venir acompañada de los estímulos necesarios para convertirse en una herramienta de mejora de la competitividad y de los costes”, asevera.
La estrategia que actualmente tiene en marcha la Unión Europea para luchar contra el calentamiento global sólo permitiría reducir el 26% las emisiones en 2030.
Hay precisar que la estrategia que actualmente tiene en marcha la Unión Europea para luchar contra el calentamiento global sólo permitiría reducir el 26% las emisiones en 2030, de ahí que trabaje en un plan para la próxima década en el que los Estados miembros deberán repartir los esfuerzos para alcanzar el 40% comprometido. Dependiendo de los compromisos que asuma España, los esfuerzos deberán ser más o menos importantes.
Ls emisiones de CO2 de la Unión Europea se dividen en dos categorías. En la primera se encuentran las procedentes de los sectores residencial, agrícola y del transporte, que en España representan alrededor del 60% del total.
En el otro grupo, están las que proceden de las más de 10.000 empresas que se encuentran dentro del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, que representan casi la mitad del total y que deberán reducirse en 2030 el 43%, con respecto a 2005. La nueva Ley deberá tener en cuenta las diferencias entre ambos grupos para que la economía española no resulte perjudicada.
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