El comercio en España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países y situándose un 15% por debajo del promedio de la UE, según detalla el informe “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social”, publicado este lunes por Instituto de Estudios Económicos (IEE), 'think tank' de CEOE. El IEE cuantifica la pérdida de bienestar que supone para la economía española "la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio" en un 0,8% del PIB.
En su opinión, la mejora de la calidad institucional en el sector del comercio -a través de la la eliminación de los sobrecostes asociados a los costes operativos y de gestión, la regulación en materia de envases y normativa medioambiental, el problema del hurto multirreincidente y otros aspectos de diversa índole- aumentaría la renta familiar y ayudaría a reducir la inflación.
El informe, presentado por el presidente y director del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, detalla que la implementación de reformas estructurales para mejorar la regulación "sería un factor de crecimiento y de bienestar" que reduciría los precios en 1,7 puntos, aumentaría la renta de las familias en 470 euros anuales, y haría crecer la inversión empresarial y el número de empleados en el sector en 88.000 personas.
Además, según el IEE también tendría efectos positivos sobre el sector público, pues aumentaría la recaudación tributaria en 870 millones de euros al año. "Beneficia a todos los agentes involucrados y, por tanto, sorprende que no sea una de las prioridades de la Administración Pública", ha comentado Gregorio Izquierdo.
"Regulación ineficiente y trabas administrativas"
Según sus cálculos, las empresas soportan unos costes adicionales derivados de las trabas administrativas y una regulación ineficiente que ascienden a 8.840 millones de euros, de los cuales 3.830 millones se derivan de la regulación que afecta a los costes operativos y de gestión, 3.940 millones de la regulación en materia de envases y normativa medioambiental y 1.070 millones por el problema de hurto multirreincidente, abusos en devoluciones y abusos en las reseñas en comercio electrónico.
Con relación a las posibles medidas que deberían aplicarse para poder conseguir las anteriores ventajas, las que se han considerado más eficaces, por parte de las empresas y de los expertos consultados en la investigación, son la mejora de la eficiencia de los procesos administrativos, reduciendo plazos y facilitando la información necesaria y las citas presenciales con los técnicos. También la adopción del silencio administrativo positivo ayudaría a conseguir mayor eficiencia de los procesos.
Asimismo, piden que "dada las consecuencias económicas negativas que se derivarán del nuevo impuesto a los plásticos no reutilizables previsto en 2023", se establezca una moratoria. También hacen alusión a otro tipo de reformas como el reconocimiento mutuo de normativas entre comunidades autónomas, la unificación y compatibilización de las plataformas digitales y la búsqueda de una coordinación efectiva entre las distintas Administraciones, aumentando la previsibilidad y proporcionalidad de las normas.
Finalmente, una última línea de actuación, según el IEE, debería ser mejorar los accesos al centro de las ciudades, lo que permitiría descensos significativos de los costes de aprovisionamiento, con ventajas para empresas y consumidores. "Estas reformas estructurales no son inmediatas, pero sí se podrían acometer en un plazo breve", ha asegurado Izquierdo.
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