Economía

Del CIS al INE: el Gobierno avanza en el 'asalto' a los organismos independientes

Las polémicas azotan a uno de los principales organismos independientes del país, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras la controversia generada con la revisión del PIB, algunos servicios de

Las polémicas azotan a uno de los principales organismos independientes del país, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras la controversia generada con la revisión del PIB, algunos servicios de estudios cercanos al Gobierno han puesto ahora el foco del incendio en el IPC, otro de los indicadores que peor está respondiendo en el marco de la recuperación económica. CaixaBank Research, perteneciente al grupo financiero participado por el Estado en un 16,11%, tildaba esta semana de "sesgado" el indicador de precios, obligando al INE a defender su credibilidad en un comunicado oficial.

El origen del debate está en que el INE nunca ha tenido en cuenta las tarifas del mercado libre de la electricidad en sus cálculos, sólo las del regulado, pese a que representaba a más de la mitad de los consumidores. Esto no había supuesto un problema hasta ahora, que los precios del mercado regulado se han disparado hasta niveles récord mientras los del libre se contienen. Por consiguiente, el INE anunció el pasado mes de octubre su intención de incluir en la base de cálculo del IPC la variación de precios de este último mercado.

En cualquier caso, se comprometió a hacerlo ya de cara a 2022 y en su comunicado asegura que continúa trabajando en ello con las empresas, pero "la información suministrada no tiene aún suficiente detalle para hacerlo con las garantías de calidad necesarias". En cualquier caso, el INE resta validez al informe de CaixaBank Research al tener en cuenta sólo el importe de los recibos domiciliados en su entidad financiera. "Ni los ingresos ni las facturas de clientes referentes a periodos previos sirven para medir la evolución de los precios", ha comentado.

Aunque servicios de estudios próximos al Gobierno han cuestionado la fiabilidad de la estadística del INE, el Gobierno aún no ha puesto en duda de forma explícita los datos de inflación. Lo que sí ha cuestionado abiertamente son los datos del Producto Interior Bruto (PIB), con una recuperación más moderada que el empleo. El gran 'hachazo' del INE a las previsiones del Ejecutivo vino en septiembre, cuando rebajó 1,7 puntos el crecimiento del segundo trimestre, provocando una marabunta de revisiones a la baja.

En esas semanas en las que se fraguaba la cascada de revisiones tras el 'hachazo' del INE al PIB del segundo trimestre, Calviño organizó un seminario y convocó una rueda de prensa en el Ministerio junto al comisario europeo Paolo Gentiloni y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos y aseguró que el PIB es un indicador útil pero insuficiente para dar la medida exacta de los recursos y la capacidad de la economía de un país, instando a revisar y ampliar las métricas.

Tras este esfuerzo por restar importancia a un indicador económico clave, distintos representantes del Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez, han contrapuesto las "estimaciones" del PIB a los "datos reales" de empleo, dando más peso a estos últimos. Hay que recordar que, tras la polémica del primer trimestre, el INE avanzó una revisión del tercer trimestre al alza, pero no fue lo suficientemente vigorosa como para hacer que el año acabará cerca del 6,5% contemplado en el cuadro 'macro' de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Además, llama la atención que el PSOE y algunos miembros del Gobierno destacaron hace semanas en redes sociales otro informe de CaixaBank Research en el que se aseguraba que el recibo de la luz de un consumidor doméstico en 2021 fue cinco euros más barato que en 2018. Tanto la cuenta oficial del partido como y algunos miembros del Ejecutivo, como la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, celebraron la noticia del informe en Twitter.

CIS, BdE y otros organismos

El INE es el último, que no el único, de los organismos independientes en los que el Gobierno ha puesto el foco. La Mesa del Congreso ha admitido la solicitud del PP para crear una comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el supuesto uso "partidista" del instituto. Al CIS le persigue la polémica desde que Tezanos está al frente tanto por el sesgo de sus trabajos como por las declaraciones del propio Tezanos favorables al PSOE y sus críticas al PP. Ahora mismo está de nuevo en el centro de la polémica porque el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias publicó en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que tenía datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León antes de que fuera público, que borró pocos minutos después.

El Banco de España es objeto recurrente de críticas por parte del Gobierno, que se revuelve ante el cuestionamiento del organismo de sus previsiones y de políticas como la subida de las pensiones. Uno de los asuntos que más dolió al Ejecutivo fue el informe que calculó que la subida del SMI en 2019 restó al menos 100.000 empleos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que en su opinión las valoraciones "más interesantes" del gobernador del Banco de España deberían ser las que atañen a sus competencias, como qué opina de la política monetaria, qué hará el Banco Central Europeo, cuál es la política macroprudencial del organismo, qué va a ocurrir con los bancos en esta crisis.

El Banco de España está ahora en el foco de los socios de Sánchez. Una propuesta de PSOE y Más País ha colocado bajo el escrutinio del Congreso la independencia de la CNMC, CNMV y AIReF e incluso, Banco de España. Se trata de un informe que plantea limitar su independencia y que propone que el Gobierno pueda incluso suprimirlos. Es el primer paso para que pueda armarse una propuesta legal. Desde el Grupo Popular se ha advertido de que ya ofrece un mensaje a los mercados de incertidumbre e inseguridad jurídica y puede poner en peligro los fondos europeos. Además de los populares, sólo han mostrado su rechazo Ciudadanos y Vox.

Los fondos europeos también tienen que ver con el comité de expertos que ha nombrado Hacienda para que le asesoren en la reforma fiscal. En concreto, es uno de los hitos que ha comprometido con Bruselas. La mayoría de los expertos que ha designado el Ministerio como comité independiente tiene lazos con las Haciendas del PSOE. Se trata de puestos y situaciones que no revisten incompatibilidad legal alguna pero que cuestionan la independencia del grupo de expertos. En este escenario, dos de ellos, los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, decidieron abandonar el comité, como adelantó Vozpopuli, por las presiones del Gobierno. Entre los objetivos marcados por Hacienda: sostener que hay que armonizar impuestos para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos.

El comité nació controlado por un presidente y un secretario con lazos con el PSOE y siendo su secretario, además, parte del Gobierno. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que depende de Hacienda, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Este cargo tiene rango de director general y es nombrado por el ministro de Hacienda. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. El secretario, Alain Cuenca, fue nombrado director del IEF por Montero en 2018, y también desempeñó varios cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda de Zapatero.

Los objetivos del Gobierno y del PSOE con la reforma fiscal tienen relación con otras iniciativas conectadas con la promoción de la España Vaciada como la irrupción de un partido político que nace de la reivindicación de la España despoblada, que podría inclinar la balanza a favor del PSOE, y la reclamación de barones socialistas de sacar instituciones de la capital, que ya está desarrollando el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre sus ideólogos, se encuentran organizaciones e instituciones afines al PSOE. Entre ellas, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la Fundación Alternativas y el Consejo Económico y Social (CES).

Funcas es una institución privada y sin ánimo de lucro, creada y mantenida por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) desde 1979. Preside el patronato Isidre Fainé, presidente de Criteria Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa y presidente de CaixaBank hasta 2016. El director general de Funcas desde 2011, Carlos Ocaña, fue secretario General de Presupuestos y Gastos entre 2004 y 2006, y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos entre 2006 y 2011, en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

La decantación política de estos postulados, en aras de la descentralización de Madrid, para atajar la despoblación tiene entre sus orígenes al PSOE de Aragón. Su presidente, Javier Lambán, activo defensor de estas causas, ha desvelado recientemente el papel que en ellas ha jugado Funcas.

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