La estrategia comercial de compañías como Iberdrola, Endesa y Naturgy durante la crisis de precios de los últimos dos años ha sido aumentar su cartera de clientes de mercado libre y perder suministros en la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Un objetivo que han logrado en 2022 y que en 2024, con la llegada de la nueva PVPC, puede ponerse en riesgo.
Iberdrola, Endesa y Naturgy ostentan cerca del 96% de los clientes regulados según la CNMC. En el último año completo perdieron 1,3 millones de puntos de suministro del mercado regulado, un 16% de los consumidores acogidos a esta tarifa que tenían al cierre del año anterior. Por otro lado, su mercado libre ha aumentado un 15% en ese período en un total de 2,2 millones de clientes.
Como señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, las comercializadoras de referencia nunca están de acuerdo con las tarifas reguladas. Consideran que es servicio público de escasa rentabilidad donde las empresas se limitan a acatar las normas del Gobierno, que les obliga a acudir al rescate de los clientes si quiebra otras comercializadoras y gestionan el bono social para los más vulnerables que les obliga esta tarifa.
Por ello, son más partidarios del mercado libre. Iberdrola, Endesa y Naturgy cierran sus acuerdos de forma independiente con los clientes, ofreciendo sus propias condiciones. La PVPC depende su precio de lo que marca el mercado mayorista. Un mercado que no dejó de subir entre abril de 2021 y agosto de 2022, llegando a marcar precios de 544,98 euros megavatio hora que multiplica por cinco lo que marca este viernes.
Unos precios que arrancaban los telediarios y hacía que mantenerse en el PVPC era de “tontos”, como definían desde el sector. Las grandes eléctricas se lanzaron a una batalla comercial para aumentar su cartera de mercado libre con precios que no superan los 60 euros y ofreciendo una estabilidad de precios durante muchos años.
23 millones de clientes
La estrategia funcionó con el traslado de clientes regulados al mercado libre y captando clientes del resto de comercializadores, que en el último año sufrieron un desplome del 19% en su total de clientes. Iberdrola, Endesa y Naturgy suman, según las cifras del último trimestre de 2022 de la CNMC, un total de 23 millones de clientes y suponen un 77% del total de puntos de suministro.
El problema en junio de 2023 es que el precio del mercado mayorista ha bajado considerablemente, 74 euros el megavatio hora en mayo, y el Gobierno ha diseñado una fórmula para quitar incertidumbre a esta tarifa. Una estrategia que se considera atractiva por parte de los técnicos que han diseñado el nuevo cálculo y que invitan de nuevo al consumidor a recuperar la confianza en ella tras sufrir la mayor fuga en toda su creación en 2014.
¿Lo entenderán los hogares?
La duda es si los hogares van a entender cómo funciona. Hasta ahora, el cálculo del precio del PVPC dependía al 100%, hasta ahora, del precio del mercado mayorista para cada una de esas horas. Un coste al que hay que sumar los peajes, cargos y el margen de la comercializadora.
A partir de 2024, el PVPC dependerá de una cesta de precios futuros anuales, trimestrales o mensuales para dar estabilidad y esquivar los bandazos que afectan al mercado como los vividos el gas con la crisis con Rusia o un falta de recurso renovable por meteorología. La nueva reforma pretende que un 45% del precio que se paga en la tarifa regulada venga de la señal de precio del mercado mayorista diaria y el 55% restante dependerá de los otros tres mercados a plazos.
Sí, pero no
Para Aelēc, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, una asociación integrada por Iberdrola, Endesa y EDP, este cambio tiene cosas positivas. Consideran que da mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor, no pierde la señala horaria diaria que provoca que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio y, por último, generará más liquidez en los mercados a plazo que les dará incentivos a las propias compañías para comprar electricidad a plazo.
Pero sigue considerando que esta tarifa regulada sigue teniendo problemas para su negocio. En primer lugar, Iberdrola y Endesa aseguran que no se actualizan los costes de comercialización de actividad regulada ni se recuperan los costes asociados al canal presencial de atención a clientes de estas compañías. En segundo, siguen financiando el bono social y pide al Gobierno que asuma ese coste las arcas públicas.
Y, por último, protestan por la liquidación del mecanismo de ajuste que introdujo el tope al gas destinado a la generación eléctrica. Las empresas insisten en que se deben tener en cuenta todas las liquidaciones de los servicios de ajuste para "una recuperación íntegra" de estos costes. Es decir, siguen sin convencer los cambios realizados para este servicio.
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