Pedro Sánchez dejará huella en las instituciones españolas, en sentido estricto. La actual política de 'colonización' hará posible que el líder socialista siga ejerciendo enorme influencia después, incluso, de las próximas elecciones generales. Con independencia de cuándo se celebren los comicios ni del resultado que obtenga el PSOE, la sombra de Sánchez sobre entes públicos clave se alargará cómo mínimo hasta 2030.
La maniobra afecta directamente a dos áreas clave para la economía: las finanzas y la energía. En un plazo de apenas medio año, desde la primavera al otoño, Sánchez logrará reforzar considerablente su influencia sobre el Consejo de Gobierno del Banco de España y pondrá en marcha la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE), producto de la escisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La primera conquista se producirá entre junio y agosto, coincidiendo con las respectivas renovaciones de los cargos de gobernador y subgobernador. La salida de Pablo Hernández de Cos permitirá al Gobierno designar a un economista más próximo. Hay tres candidatos claros sobre la mesa: la actual subgobernadora (Margarita Delgado), la vicepresidenta de la CNMV (Montserrat Martínez) y el ministro de Transformación Digital (José Luis Escrivá). Hay un cuarto perfil en las quinielas: David Vegara, ex secretario de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero.
Los nuevos gobernador y subgobernador tendrán sintonía directa con el presidente socialista y permanecerán en sus cargos, como mínimo, hasta 2030. Hasta esa misma fecha seguirá, si renueva el próximo septiembre, Soledad Núñez, designada por el PSOE, el partido que cuenta actualmente con cuatro consejeros próximos, frente a sólo uno del PP (Fernando Fernández).
Vuelve la CNE
La creación de la Comisión de la Energía permitirá a Sánchez repetir la jugada. Con una salvedad: sus 'tentáculos' en este organismo, que decide -por ejemplo- los ingresos regulados de las compañías energéticas- será muy superior. El retorno de la CNE es el producto de una iniciativa matrimonial. Literalmente. Los auténticos impulsores son la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y su marido, Mariano Bacigalupo, actualmente consejero de la CNMV, por 'dedazo' gubernamental.
Bacigalupo, reconocido experto en regulación energética, nunca ha escondido su interés por trocear la CNMC y volver al esquema vigente hasta 2013. Basta con repasar su perfil de Linkedin. Hace tres meses, cuando PSOE y Sumar introdujeron en su acuerdo la recuperación de la CNE, Bacigalupo publicó un comentario sobre las bondades de la medida.
Pocos profesionales conocen tan bien las interioridades de la CNMC y la CNE como el esposo de la vicepresidenta. Bacigalupo fue consejero en los dos organismos. En ambos coincidió con una de las dos candidatas favoritas para presidir la nueva CNE: María Jesús Martín, gran experta también en regulación y muy cercana al matrimonio. Ribera, de hecho, la incorporó dos años a su ministerio como directora general de Política y Minas.
Suena con igual fuerza otro nombre, el de Natalia Fabra. Catedrática en la Universidad Carlos III, tiene estrechos vínculos con el Gobierno de Sánchez y, al igual que Bacigalupo, conoce bien las tuberías de los organismos reguladores. Su padre, Jorge Fabra, fue vocal de la CNE por designación del PSOE; y ocupó antes la presidencia de Red Eléctrica de España, nombrado por Felipe González.
Hasta 2030, Sánchez tendrá mano en la CNE a través de los consejeros desginados; y, sobre todo, de la presidencia, ya caiga en manos de Martín o de Fabra. O del propio Mariano Bacigalupo
Su cercanía al Ejecutivo también ha permitido a Natalia Fabra ocupar otro sillón en el consejo de otra empresa semi pública (Enagás). La catedrática, también ha formado parte del Consejo Asesor del ministerio de Ribera y también del núcleo de economistas que asesoraban a la ex vicepresidenta Nadia Calviño.
La forma en la que se plantea la vuelta de la CNE levanta demasiadas sospechas en el sector energético. Por varios motivos. El más evidente es la oposición de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Otro hecho llamativo es que Moncloa esté acelerando ahora la puesta en marcha del organismo, justo después de la marcha de Calviño, quien también se oponía al proyecto.
Por último, no se trata de una vuelta al modelo anterior, donde los principales negocios regulados tenían su propia comisión (las telecos, por ejemplo, dependían de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). La reforma de la CNMC supondrá solo la escisión del organismo que regula a las energéticas.
La nueva CNE contará con un consejo similar al del anterior, con siete puestos, que se renovarán cada seis años. Hasta 2030, por tanto, Sánchez tendrá mano en el regulador, a través de los consejeros desginados. Y, sobre todo, a través de la presidencia, ya caiga en manos de Martín o de Fabra. O del propio Mariano Bacigalupo, quien también suena -por increíble que parezca- como candidato firme a presidente. Todo queda en casa.
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