En el entorno de Génova crece la inquietud por la pérdida progresiva de influencia del PP en las instituciones. Ese descenso de cuota de poder se está produciendo a costa de un PSOE dispuesto a arrasar. En lo económico, el proceso de colonización está avanzando por dos vías: el Banco de España y la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE), impulsada por la vicepresidenta Teresa Ribera.
La primera es más conocida y está a la vuelta de la esquina: la renovación del gobernador, Pablo Hernández de Cos, y varios sillones en la cúpula, que servirá para arrinconar aún más a los populares. De la segunda se habla menos y se materializará a medio plazo, pero Moncloa teje ya el asalto: la recuperación de la extinta CNE. Es un proyecto pactado entre PSOE y Sumar que servirá para reforzar el control sobre las empresas del sector, a espaldas -de nuevo- del PP.
Esta iniciativa ha elevado el grado de preocupación entre los analistas y los directivos que llevan tiempo advirtiendo sobre la concentración de poder gubernamental. También entre las filas populares, donde se palpa la falta de empuje en Génova. "Y eso el PSOE lo percibe", apuntan fuentes próximas al partido. "El Estado necesita instituciones independientes, transparentes, sujetas al control parlamentario y, por encima de todo, fuertes, para que sirvan de contrapeso al poder político", añade un ex alto cargo muy curtido en la esfera pública.
La CNE reforzará considerablemente la autoridad del Gobierno sobre un negocio tan estratégico como el energético, donde conviven algunos de los 'enemigos' de Pedro Sánchez. Repsol es el mejor y más reciente ejemplo. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, fue víctima hace diez días del ataque furibundo de la mismísima vicepresidenta tercera.
Los 'enemigos' de Ribera
Teresa Ribera acusó en televisión de "negacionista" al directivo, por verbalizar en Davos una reflexión tan sensata como esta: "Es importante tener una visión comprensiva y inclusiva de la transición; si no, vamos a fallar». Hablamos de una compañía que ha redoblado su apuesta por los combustibles renovables y el hidrógeno, y que tiene en marcha un proceso ambicioso de transformación y descarbonización, para llegar a 2050 con cero emisiones netas.
Ribera y su marido, Mariano Bacigalupo, son los auténticos 'ideólogos' de la nueva CNE. Por eso, su creación genera tantos recelos entre algunas empresas que se verán sometidas a su control. Al igual que ocurre con el Banco de España, la clave estará en la composición de la cúpula. Y todos los indicios apuntan a que se repetirá el patrón.
El Consejo de Gobierno que lidera Pablo Hernández de Cos se pactaba tradicionalmente entre el Ejecutivo y la oposición, para aprobar un reparto más o menos equitativo. Pero esa filosofía pasó a la historia. Actualmente, el PSOE cuenta con cuatro sillones, más los dos que ocupan por designación automática el secretario del Tesoro y la vicepresidenta de la CNMV. Seis en total, frente a un único puesto en manos del PP.
El esquema era similar en la antigua CNE. Este organismo estuvo operativo hasta 2013, cuando el Gobierno de Mariajo Rajoy decidió aglutinar las comisiones existentes en un ente de mayor envergadura: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con mayor presupuesto y más capacidad operativa. Se designó como presidente a José María Marín Quemada, un catedrático reputado y con una trayectoria impecable.
Hasta el momento de su disolución, la CNE contaba con un consejo equilibrado. Hasta 2011, el consejo estaba compuesto por nueve puestos, con mandatos de seis años prorrogables. El partido en el Gobierno tenía cuatro -incluida la presidencia- y otros tantos la oposición, más uno en manos de la cuota catalana o vasca. El equilibrio exacto de fuerzas no siempre se lograba, pero es cierto que PSOE y PP se esforzaban por negociarlo. Nunca hubo una brecha tan abismal como la que existe hoy, por ejemplo, en el Banco de España.
En 2011, la Ley de Economía Sostenible obligó a reducir de nueve a siete el consejo de la CNE y limitó a seis años cada mandato. María Teresa Costa, presidenta en aquel momento, intentó pactar el siguiente reparto: tres consejeros para el PSOE, dos para el PP, y otros dos para CiU y PNV. La distribución era equitativa, pero no logró el acuerdo de las fuerzas políticas. Poco después, la CNE, junto al resto de comisiones, acabó absorbida por la CNMC.
La resurrección de la CNE se producirá a finales de este año o principios del siguiente y supondrá su escisión de la CNMC, que perderá mucha capacidad de maniobra. Nada hace presagiar que Teresa Ribera, ministra del ramo, la pondrá en marcha con un espíritu conciliador. Se da por hecho que el Gobierno intentará acaparar la máxima cuota de poder en el nuevo consejo, comenzando por su presidencia. "La CNMC, por su mayor tamaño, es más difícil de manejar por el Gobierno de turno. Pero 'colonizar' un organismo más pequeño es más fácil", afirma un profesional que conoce las 'interioridades' del regulador.
La partición del ente que vigila la competencia abre esa vía. Por eso, se ha puesto hasta ahora firmemente su presidenta, Cani Fernández. El proyecto, sin embargo, seguirá adelante. De hecho, ya hay un nombre que suena con fuerza para presidir la CNE: María Jesús Martín. Es una profesional con larga experiencia en regulación energética y un currículum brillante, conocida y respetada por los altos directivos del sector. Ahora bien, Martín tiene fuertes vínculos tanto con Teresa Ribera como con su marido.
La economista coincidió con Mariano Bacigalupo tanto en la antigua CNE como en la CNMC, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional. La solvencia de Martín y su buena relación con el matrimonio llevó a Ribera a nombrarla directora general de Política Energética y Minas. Permaneció dos años en el Ministerio, entre 2018 y 2022. Luego regresó de nuevo a la CNMC como directora de Energía, para acabar ocupando -casualidades de la vida- el puesto en el consejo de Bacigalupo, quien dio el salto a la CNMV.
Algunas empresas reguladas advierten ya sobre las consecuencias de su hipotético ascenso a la presidencia de la CNE. La cuestión no es la valía de Martín, sino su posible alineamiento con las tesis de Ribera y su visión del sector energético. El gran riesgo de la colonización es que las instituciones se conviertan en juez y parte. Y eso es lo que menos necesita un Estado.
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