El incremento descontrolado de los precios de la electricidad y el gas ha provocado un seísmo en el negocio de la comercialización de energía. Un escenario que ha provocado que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ponga la lupa sobre estas empresas que emiten la factura al consumidor final y que se haya duplicado desde el mes de septiembre sus investigaciones.
Según el listado de expedientes sancionadores del ámbito de la energía en tramitación actualmente, la CNMC ha iniciado 39 procesos de investigación a comercializadoras de energía desde el mes de septiembre hasta la actualidad. Una actividad que desde enero hasta el 31 de agosto se limitada a una veintena. El aumento de sus investigaciones es aún mayor si se compara con 2020 donde, en plena pandemia, la CNMC inició 14 expedientes.
Los motivos de estos expedientes tienen diversa naturaleza. El descontrol de los precios ha disparado las investigaciones de aquellas comercializadoras con deudas pendientes con las distribuidoras de energía. También se han iniciado procesos de investigación por el incumplimiento de comunicar los programas de aprovisionamiento, el incumplimiento de la formalización de contratos de suministro, no ejecutar en plazo las comunicaciones en el cambio de suministrador o de mantenimiento de un servicio de atención a las quejas, así como reclamaciones por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor.
En los últimos dos meses, las afectadas por estas investigaciones son pequeñas y medianas comercializadoras como Energya VM (Grupo Villar Mir), Gesternova, Aldro Energia, Factorenergía o Cox Energía. Iberdrola Clientes tiene abiertos dos expedientes por parte de la CNMC, uno en abril de 2021 y otro en noviembre de 2020. Naturgy, por su parte, recibió la alerta del organismo regulador a finales del año pasado.
El precio de la electricidad también es otro de los factores que está presionando a estas compañías. Fuentes de la CNMC explican a este medio que algunos de esos expedientes son por impagos que se están produciendo en un contexto de precios altos. Se trata de incumplimientos de requisitos que tienen que cumplir las comercializadoras, que si se incumplen, Competencia debe analizar. Las mismas fuentes detallan que la apertura no prejuzga el resultado final del expediente.
Problemas económicos
Según el último recuento de la CNMC, existen cerca de 600 comercializadoras de electricidad que compiten junto con los grandes grupos energéticos (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP) por los 29 millones de contratos de luz que existen en España. Las pequeñas, que no cuentan con centrales de generación propias, son las que más sufren el descontrol de precios del mercado mayorista de electricidad que se vive desde el mes de abril en toda Europa.
Estas empresas están condenadas a soportar una carga financiera relevante para poder ejercer su actividad. En primer lugar, la regulación les exige depositar garantías para operar en el mercado eléctrico. Una garantía cuya cuantía depende del precio del mercado. Además, las empresas deben pagar semanalmente la energía que adquieren para sus clientes, lo que les obliga a adelantar dinero dado que facturan y cobran mensualmente de sus clientes.
Es decir, cuanto mayor es el precio de la energía en los mercados, mayor necesidad financiera tienen estas comercializadoras. Este escenario, tal y como adelantaba este medio en el mes de agosto, está castigando a las pequeñas comercializadoras frente al oxígeno financiero con el que sí cuentan las grandes. Competencia también se encarga de vigilar que todos los operadores del mercado cumplen con estas garantías económicas para dar el servicio de comercialización de energía y, en este momento, es un requisito que pone en riesgo la supervivencia de muchas de ellas.
Para combatir esta situación, la CNMC ha sacado a consulta pública la propuesta elaborada por la Sala de Supervisión Regulatoria para dar oxígeno a las comercializadoras de luz ahogadas por la subida de precios que experimenta el mercado desde hace semanas. Un grupo de comercializadores independientes solicitó a la CNMC la revisión del sistema de garantías, ya que los mayores precios se están repercutiendo además en un mayor coste derivado de las garantías requeridas por el operador del mercado.
La CNMC y el Ministerio
Otras voces del sector consideran 'sospechoso' este aumento de la actividad regulatoria. “Las acciones del gobierno de estos últimos meses, en colaboración con las actuaciones del oligopolio, están ahogando a las eléctricas independientes que hacen competencia al oligopolio", apuntaba Jaime Jaquotot, socio principal de la consultora energética JQ Advisors, en un artículo reciente.
“Según denuncian varias independientes, las distribuidoras del oligopolio bloquean su facturación, no les facilitan datos de medida, facturan estimadas desproporcionadas o no cursan las altas y bajas de los clientes, lo que les pone en serias dificultades al no poder facturar. Lo peor es que luego estas distribuidoras acusan a las independientes ante el Ministerio y la CNMC de no pagar a tiempo los peajes, en muchos casos de forma errónea y sin aportar prueba alguna, y entonces el Ministerio se apresura a iniciar expedientes de inhabilitación y publicarlos en el BOE provocando un daño reputacional totalmente injustificado a las independientes”, concluye el experto.
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