La red de alta velocidad ferroviaria en España vuelve a estar salpicada por la polémica, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya resuelto multar a un grupo de empresas por el amaño de contratos relacionados con la electrificación de líneas de AVE. Se trata de la enésima vez que un organismo pone el foco sobre la existencia de comportamientos irregulares y prácticas contrarias a la Ley en el que ha sido el auténtico motor de la contratación pública en lo que va de siglo y muy especialmente desde el estallido de la crisis.
La inversión pública en el despliegue del AVE supera ampliamente los 50.000 millones de euros desde que comenzara a desarrollarse a mediados de la década de los 90 con esa primera línea, Madrid-Sevilla. Después llegaron Barcelona, Galicia, Levante y Murcia, el corredor mediterráneo, y la vasca, entre otras. Más de 2.300 kilómetros de alta velocidad actualmente en servicio y 700 más en construcción que no ocultan estudios e informes elaborados por instituciones como del Tribunal de Cuentas, en los que los cálculos sobre los sobrecostes de la red llegan hasta la mareante cifra de 10.000 millones de euros.
Detrás de este escenario se encuentran numerosas sospechas de corrupción y también denuncias que han culminado en sentencias condenatorias. Bajas temerarias, modificados sin control… las prácticas denunciadas han hecho que la sospecha planee de forma permanente sobre todo lo relacionado con el AVE. El procedimiento culminado recientemente por la CNMC es sólo el último, por el momento.
La trama destapada por el regulador se repartió durante 14 años varias decenas de licitaciones relacionadas con la electrificación de la infraestructura ferroviaria, tanto en líneas de alta velocidad, como en otras convencionales. Entre las empresas sancionadas –por un total de 118 millones de euros- se encuentran filiales, entre otras, de ACS, OHL, Sacyr, Isolux y Abengoa.
Otros cárteles denunciados
La investigación se inició después de que Alstom y Siemens –que formaron parte de la organización ilícita- pusieran al regulador sobre la pista de estas prácticas, por las que estas empresas se repartían la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas de electrificación de estas infraestructuras, lo que afectó a contratos valorados en 837 millones de euros.
Los dos denunciantes han recibido rebajas en las sanciones por acogerse al programa de clemencia con el que cuenta la CNMC y ofrecer pistas para desmontar este cártel, que Competencia considera que afectó durante una década al resultado de los concursos públicos y a los competidores que no participaron en la ‘trama’.
Llama la atención que entre las empresas sancionadas se encuentre Indra, que también estuvo implicada en el conocido como 'cártel de los servicios informáticos' y fue sancionada con 13,5 millones de euros por participar supuestamente en la alteración de los precios de los contratos públicos y el intercambio de información sensible para restringir la competencia del mercado. Por otra parte, grupos como Sacyr y ACS también formaron parte del 'cártel de la basura', que incurrió en prácticas similares para con los contratos de gestión de residuos de varias capitales de provincia españolas. Estas multas fueron anuladas por la Audiencia Nacional y están pendientes de la resolución del Tribunal Supremo.
Irregularidades en la contratación pública
Hay que recordar que la propia CNMC difundió a finales de febrero un estudio en el que analizaba la contratación pública en España y exponía algunas de las irregularidades que le acompañan, tanto en el marco estatal como en el autonómico y el local. Con un cálculo conservador –como indica el informe- cifraba en 1.771 millones de euros, aunque, en el pasado, desde la CNMC se ha incidido en que esta cantidad puede ser varias veces mayor.
Para tratar de poner coto a prácticas como las relacionadas como los cárteles desde Competencia recuerdan que existe un programa de clemencia para las empresas que denuncien estos hechos. También inciden en que existen a disposición de los funcionarios de la Administración materiales que les permitan dilucidar si se producen irregularidades en las licitaciones.
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