La planta regasificadora del puerto de El Musel en Gijón es la manzana de la discordia en el sector energético. Su debate se ha acrecentado en la crisis energética. Mientras Europa anhela infraestructuras de este estilo para cerrar el grifo del gas de Rusia y comprar el gas natural licuado que llega por barco, España tiene su séptima regasificadora parada. El Gobierno decidió en verano abrirla sólo como almacén. El operador del sistema, Enagás, que siempre ha querido su activación, pide que se acelere. Y, desde septiembre, ambos esperan a que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ofrezca su opinión.
El pasado viernes se volvió a perder otra oportunidad. La reunión del consejo de la CNMC 'pasó palabra' sobre este tema. La resolución del organismo regulador impacienta a los protagonistas de esta promesa. El Gobierno, y en concreto Teresa Ribera, se comprometieron con Europa, las empresas y los ciudadanos gijoneses que su regasificadora iba, por fin, a estar operativa en enero de 2023.
Pero el tema está atascado en la CNMC. Las fuentes conocedoras del proceso comentan que la eterna polémica que existe en torno a El Musel se vive internamente con rumores de exdirectivos de Enagás malmetiendo para que no se cumpla el objetivo de su antigua empresa, diferencias entre consejeros del organismo y una brecha entre las tres partes afectadas por esta controvertida infraestructura.
Otras fuentes conocedoras del proceso pone el foco en otro lado. Los consejeros de la CNMC no se ponen de acuerdo en cómo interpretar la Ley 18/2014 para que El Musel cobre lo que debe por ser un almacén de gas. El artículo 60 de esta ley, en el punto 7, pone el foco sobre El Musel. Porque plantea que la CNMC puede dar un régimen económico singular y de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de Gas Natural Licuado.
"Estos servicios deberán ser prestados bajo contratos a largo plazo y su objeto principal no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la demanda nacional. Este régimen singular y de carácter temporal será efectivo durante el periodo de vigencia del contrato a largo plazo", describe la ley que debaten en la CNMC.
En base a esta ley, el consejo de la CNMC quiere que salga un sistema de retribución para que los buques grandes que descarguen, se almacene este gas en El Musel y buques más pequeños puedan mover este gas hacia las nuevas regasificadoras que se están levantando en el norte de Europa. En esa operativa, como insisten las mismas fuentes, se deben aplicar los aspectos concretos de esta ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
¿Qué intereses vuelan sobre El Musel?
Durante todo el año, las seis regasificadoras que están operativas ahora mismo en España manejan un llenado medio del 40%. Si se mete una séptima regasificadora, según las cifras que se manejan desde el sector, este dato podría bajar al 30%. La competencia más afectada sería la planta de Mugardos (La Coruña), controlada por La Xunta y capital privado, y Bahía de Bizkaia Gas, la regasificadora de Bilbao que se reparten a partes iguales Enagás y el Gobierno vasco.
Los defensores de la activación de El Musel acusan en privado a los ‘lobbys’ vascos y gallegos de paralizar el proceso. Empresas como Bahía de Bizkaia Gas defienden que sus intereses casan con los de su dueño, Enagás, y que la actividad de la planta de Gijón sería una “gran noticia” para todos.
¿Qué quieren hacer con El Musel?
Este debate es de gran actualidad en el norte de España y uno de los temas recurrentes en el sector energético. La idea que acordaron Ribera y Gonzalo es que los dos tanques de 150.000 metros cúbicos de capacidad sean almacenes de gas. Primero poner uno en marcha en enero de 2023 y otro para abril.
El Musel seguirá desconectado de la red gasística española. Sólo serán almacenes para disponer de gas en estos tiempos de crisis de suministro. Según Enagás, al año podrán transportarse unos 8.000 millones de metros cúbicos (8 bcm, por sus siglas en inglés). Su previsión es que unos 100 barcos al año circulen por este puerto para gestionar gas.
Pero todo está parado. El proceso está pendiente de la tramitación del reconocimiento del régimen económico por parte de la CNMC, ese régimen especial para que pueda utilizarse como una planta para servicios logísticos de gas natural licuado. Y cada vez queda menos tiempo para que se cumplan con los plazos pactados por Ribera y Enagás.
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