El 59% de la población española contaba con cobertura 5G a finales de junio de 2021, casi cinco veces más que el 12,5% registrado un año antes, según el informe de cobertura de banda ancha publicado este lunes por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El estudio concluye que entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021 "la mayoría de inversiones en banda ancha móvil" se concentraron en el despliegue de las infraestructuras 5G. En concreto, la cobertura 5G mediante bandas de espectro consideradas prioritarias se situó en el 33,5%, mientras que la cobertura 5G mediante la combinación de otras bandas (DSS) alcanzó el 48,2%.
En el caso de la cobertura rural agregada de 5G, alcanzó el 26,1% en 2021, por lo que el informe concluye que "los futuros retos de cobertura de la red móvil" se concentrarán en "acelerar el despliegue del 5G tanto en zonas urbanas como rurales".
Para finales de 2022, el informe prevé que el 75% de la población cuente con cobertura de redes móviles 5G, uno de los objetivos marcados en la Agenda España Digital. Respecto al 4G, el 99,9 % de la población urbana y el 99,6 % de la rural disponían de esa cobertura móvil.
A finales de junio de 2021, el 88,3% del país tenía cobertura de al menos 100 Mbps con redes FTTH, HFC o cable coaxial, frente al 87,6 % de 2020, porcentaje que descendía hasta el 68,13 % en las zonas rurales.
Entre 2020 y 2021, la brecha digital se redujo en 5,4 puntos y el informe prevé que de cara a 2023 la diferencia entre la cobertura en zonas rurales y el total quede por debajo de 10 puntos, para desaparecer por completo a finales de 2025. Además, para finales de 2023, cuando habrán finalizado los proyectos de despliegue en curso, la cobertura mayor a 100 Mbps alcanzará al 94,19 % de la población
La banda ancha
En el caso de la banda ancha de 30 Mbps, el 96,2% de las viviendas tenía esta conectividad en España a finales de junio de 2021, mientras que en las zonas rurales el porcentaje era del 91,2%. Con respecto a las inversiones, las destinadas a redes xDSL y HFC se paralizaron en términos generales, migrando en determinadas zonas del país a redes FTTH. El estudio recoge que en la migración del HFC al FTTH también influyeron las operaciones corporativas sobre las operadoras de cable.
Entre 2018 y junio de 2021, el Gobierno invirtió 655 millones a través del Programa UNICO Banda Ancha y su antecesor, el plan PEBA, que movilizaron 1.120 millones de inversión privada para cubrir cuatro millones de viviendas con redes de banda ancha ultrarrápida. Desde el inicio de los programas de extensión de banda ancha hasta 2021 se habían otorgado 872 millones en ayudas, que movilizaron 1.603 millones de inversión pública para cubrir 7,6 millones de viviendas.
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