Con el coche de combustión prácticamente defenestrado por parte de Gobierno y sin apenas incentivos para impulsar la compra de los modernos modelos diésel o gasolina mucho menos contaminantes, los planes de inversión que maneja el Ejecutivo están enfocado única y exclusivamente hacia el vehículo eléctrico.
Así lo recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PERTE) del vehículo eléctrico que ha presentado el Gobierno y que contempla una inversión total prevista de aquí a 2023 de más de 24.000 millones de euros. De ellos, 4.295 millones los aportará el sector público a través de los Fondos europeos Next Generation; y 19.714 millones, el sector privado. Según los datos que maneja el Gobierno, este plan de actuación para impulsar el coche eléctrico y toda su cadena de valor permitirá la creación en este periodo de más de 140.000 empleos y generará una contribución al PIB de entre el 1 y el 1,7%.
Esa partida se desglosará en el impulso del proyecto transformador de la cadena de valor del vehículo eléctrico conectado (VEC) y en las denominadas medidas facilitadoras. Al primer eje de actuación está previsto que se destinen 3.160 millones de inversión pública y 12.085 millones de inversión privada.
Estos irán dedicados a una línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del vehículo eléctrico (2.975 millones públicos y 11.900 millones privados), al Plan tecnológico de automoción sostenible (con 80 millones en conjunto y a partes iguales), al Programa espacios de datos sectoriales (con 100 millones conjuntos) y al Programa para integrar la Inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico (90 millones).
Ejes de actuación con el coche eléctrico
El segundo eje, el de medidas facilitadoras, contará con 1.135 millones de las arcas públicas, mientras que las empresas movilizarán 7.629 millones. De ese total, 1.100 millones públicos y 7.608 millones del ámbito privado serán para el Plan de incentivos a la instalación de puntos de recargas, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde, y están aquí incluidos los 400 millones de euros (ampliables a 800) del Plan Moves III.
Todo esto, además de permitir la creación de empleos y de aumentar la contribución al PIB de la industria de la automoción, facilitará que en 2023 se puedan alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos en las carreteras españolas y que haya entre 80.0000 y 100.000 puntos de recarga desplegados. Según el resumen ejecutivo, el impacto de la línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del vehículo eléctrico será de entre 10.095 y 17.835 millones en el PIB, y de entre 68.125 y 141.214 millones en el empleo.
El Gobierno también ha cuantificado el impacto del plan de incentivos para los puntos de recarga, la compra de vehículos eléctricos y la innovación en electromovilidad, que será de 6.957 millones en el PIB y 101.304 millones en el empleo. Para que todo esto se materialice, el Gobierno ha apostado por una gobernanza que integre la colaboración público-privada, para lo que ha creado la Alianza para el vehículo eléctrico y conectado, cuya presidencia corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las patronales, satisfechas
Un plan para relanzar todo lo relacionado con el coche eléctrico que patronales del sector como Faconauto, valoran positivamente, ya que supone una oportunidad real de que el sector de la automoción de nuestro país siga siendo competitivo en el proceso de transformación verde y digital que está experimentando la sociedad. Para esta patronal de los concesionarios el hecho de que la automoción haya protagonizado el primer PERTE que se va a aprobar, pone de manifiesto la importancia que el sector tiene para la economía y para el empleo, al tiempo que dimensiona el papel clave que ha de jugar para impulsar la recuperación del país tras la pandemia.
La patronal ha manifestado que, una vez que sea aprobado hoy por el Consejo de Ministros, será necesaria una gobernanza clara y ágil para que los fondos comprometidos lleguen cuanto antes a los proyectos, de tal forma que puedan transformarse rápidamente en innovación, capacitación, actividad económica y empleo. Faconauto recuerda que el anuncio es solo el principio de un camino, y que los concesionarios seguirán trabajando para proteger sus 161.500 empleos y para que los proyectos que queden bajo el paraguas del PERTE se traduzcan en una mejora de la movilidad de los ciudadanos, ya que ésta también es la clave para que se cumplan los ambiciosos objetivos de descarbonización que propone la Unión Europea.
Ganvam, la patronal de la distribución, destaca por su parte que para garantizar el éxito de la estrategia integral transformadora de la automoción es imprescindible incluir el apoyo a la distribución. Un sector que, con una cifra de negocio de más de 91.700 millones de euros anuales y compuesto por 42.000 pymes y 35.000 autónomos, se encuentra inmerso en un profundo proceso de transición a la digitalización, que compromete el futuro del 40% de sus empresas y el 20% de su fuerza laboral.
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