Economía

Colombia exige a Gas Natural más inversiones para evitar apagones en la región Caribe

El presidente Juan Manuel Santos lanza una advertencia a la empresa española, a la que exige que cumpla con las inversiones comprometidas por su filial Electricaribe para evitar cortes y apagones en los siete departamentos de Colombia a los que sirve la electricidad. “Nosotros ya hemos puesto de nuestra parte, es necesario que Electricaribe invierta”, avisa.

Juan Manuel Santos ha lanzado estos días una seria advertencia al grupo español Gas Natural Fenosa, propietario de la tercera distribuidora de electricidad del país, Electricaribe, que presta servicio a 2,6 millones de clientes de siete departamentos de la costa atlántica (Caribe).El presidente de Colombia ha intervenido de forma directa en el conflicto que libra Gas Natural Fenosa con el país, tras haber activado esta última el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia ante las amenazas lanzadas por autoridades nacionales y regionales de intervenir su filial Electricaribe por los problemas de suministro y el riesgo de apagones.Santos ha exigido a la compañía que preside Salvador Gabarró que cumpla con las inversiones a las que se había comprometido su filial. A través de su cuenta de twitter, el mandatario advirtió de que “es necesario que Electricaribe invierta en infraestructura. El Gobierno ya ha puesto de su parte a través del Plan 5 Caribe”.

El presidente del país acusa a la filial de Gas Natural de no haber cumplido los compromisos de inversión fijados en el Plan 5 Caribe, cosa que sí ha hecho el Estado colombiano

El presidente del país reconoce que hay un problema con la prestación del servicio y los reiterados impagos, pero recuerda que la compañía eléctrica ha de cumplir con los compromisos fijados en el Plan 5 Caribe, tal y como ya ha hecho el Estado colombiano.Según los datos que maneja el Gobierno, Electricaribe sólo ha invertido en el primer semestre de este año un 19% de lo comprometido para todo 2016, es decir, 14,6 millones de euros (48.000 millones de pesos), frente a los 75,5 millones de euros (248.000 millones de pesos) comprometidos en el Plan 5 Caribe.La falta de inversiones y los continuos fallos del servicio en los departamentos de la zona caribeña de Colombia, que duplican la media nacional, han provocado en los últimos meses una ola de protestas y quejas por parte de los consumidores de la zona, pero también de las autoridades de los siete departamentos afectados, que han pedido al Gobierno central la intervención de la compañía, para quitarle a Gas Natural Fenosa la propiedad y su gestión.A estas amenazas se han unido en los últimos días las de algunos ministros del equipo de Santos y el propio presidente.

Electricaribe está sufriendo en sus cuentas los altos niveles de enganches ilegales y los impagos de grandes clientes y de los gobiernos regionales

Sin embargo, la empresa española se defiende recordando a las autoridades locales el alto número de conexiones ilegales que sufre Electricaribe y la cantidad creciente de impagos de grandes clientes, no sólo empresas, sino también entidades y organismos públicos (hospitales, universidades…), así como un gran número de ayuntamientos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, la filial de Gas Natural soporta una deuda de los gobiernos locales superior a los 5,2 millones de euros (18.000 millones de pesos).Los problemas financieros de Electricaribe han ido en aumento en los últimos tiempos por estas causas y eso ha redundado negativamente en la calidad del servicio, dado que la compañía no puede acometer las inversiones previstas por la falta de los flujos de caja que deberían de generar los pagos de los clientes.Son estos "factores externos" los que aduce el grupo para justificar la ralentización de su plan de inversiones.Los cortes de suministro se han disparado y el riesgo de apagones de mayor calado ha aumentado. Ante esta situación, Gas Natural Fenosa ha optado por activar el acuerdo bilateral, dándose un plazo de seis meses para solucionar el problema de forma “negociada y amistosa”. Si el plazo concluye sin acuerdo, el siguiente paso sería la demanda ante un tribunal internacional, lo que según algunos analistas podría llegar a dañar las relaciones bilaterales España-Colombia.

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