El Gobierno tiene pendiente solicitar a la Comisión Europea el pago del segundo tramo del Plan de Recuperación, el más voluminoso, de cerca de 12.000 millones. Antes de pedirlo, se desarrolla una negociación con la Comisión en la que da cuenta de las inversiones y reformas comprometidas en el periodo. Las dos reformas estrella bajo escrutinio a cambio del pago: la laboral y la de las pensiones. Esta última no ha podido llegar en el peor momento: a la preocupación que ya tenía Bruselas con la revalorización de las pensiones con el IPC que ha aprobado el Gobierno en diciembre, que no incluye un mecanismo que garantice de forma efectiva la sostenibilidad del sistema, se suma el efecto de la espiral inflacionaria, que ya roza el 10% en marzo. El coste total de estas prestaciones es este año superior a los 170.000 millones de euros. La revalorización con el IPC puede suponer cerca de 24.000 millones adicionales.
En este escenario, además, España ha aprobado un plan de choque contra la crisis de la guerra de Ucrania en el que carga en los caseros un tope del alquiler y está reclamando a empresas y trabajadores un pacto de rentas por el que unas limiten su margen de beneficios y márgenes y otros sus salarios. A lo que se suma que está solicitando a Bruselas que amplíe el marco de ayudas de Estado para intentar paliar que algunos sectores trabajen a pérdidas. Funcas ha cuantificado el efecto de la inflación en los hogares españoles en una pérdida de 16.700 millones de euros este año.
Según ha podido saber Vozpópuli, Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha trasladado en reuniones que la Comisión Europea está "muy preocupada" con la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, que ve "insostenible". En concreto, el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Esta fórmula, que además se pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, puede no ser del agrado de Bruselas, pero lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible. Pero no se da el caso.
La OCDE, el FMI, Banco de España, Standard & Poor's, BBVA y Fedea han denunciado que el citado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esto es, la subida de cotizaciones de 0,6 puntos, que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador, ni se acerca a garantizar la sostenibilidad del sistema. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos de estos organismos y otros consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones.
Dombrovskis venía mostrando su preocupación con la reforma de Escrivá antes de que se preparara el plan de respuesta a la guerra y con una inflación 2,2 puntos inferior a la actual, en variación interanual. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acompañó a Escrivá en Bruselas el 14 de marzo para vencer las reticencias sobre la reforma de las pensiones. Antes de asistir a la reunión del Eurogrupo, Calviño se reunió con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit; con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y con Dombrovskis. Y lo hizo con Escrivá a su lado. También acompañó a Escrivá el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, quien también está viajando a Bruselas estos días, según ha podido saber este periódico.
Pues bien, ahora mismo la preocupación y el nerviosismo es máximo, según trasladan fuentes próximas a la Comisión Europea. No cree que pueda justificarse un reparto de la inflación de este tipo. Hubo quienes pensaron que la Comisión haría la vista gorda con las reformas que no le satisfacen en el marco de la guerra y ante la necesidad que tienen los países de recibir los fondos, pero las fuentes citadas cuentan que en estos momentos no es el caso.
La respuesta oficial del Gobierno es hasta la fecha negar la mayor. Rechaza de plano revisar la reforma de las pensiones aunque sea de forma transitoria y acotada, mientras desindexa todos los elementos que puede. La referencia al IPC es un mantra en el que el Gobierno basa sus anuncios de políticas económicas pero que aplica cada vez menos desde hace tiempo. Así, la tarifa del IRPF no se ha actualizado desde 2008 y a pesar de que el IPC de 2021 va a elevar en 4.100 millones la Campaña de la Renta, el Ejecutivo se niega a actualizarla. Los funcionarios escaparon muy a su pesar del IPC este año, y el Gobierno les impuso un alza del 2% en los Presupuestos de 2022. Mientras, presiona a patronal y sindicatos para que cierren un pacto de salarios ligados a convenio que se aleje del IPC. La gran excepción, las pensiones, el único campo en que el Ejecutivo asegura que va a preservar la vinculación.
A pesar de las previsiones crecientes de este año, el ministro de Seguridad Social asegura que la revalorización es "indiscutible". Ante el impacto en las cuentas de la Seguridad Social de la espiral inflacionista, ha dicho que se compensará con la mayor recaudación por cotizaciones sociales, que avanza este año a un ritmo del 9,7%, según datos de su Ministerio. Preguntada por qué va a ocurrir con las pensiones, la vicepresidenta primera para Asuntos económicos, Nadia Calviño, subrayó el lunes: "Los pensionistas pueden estar tranquilos".
Sólo deben subir con el IPC las pensiones mínimas
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha lanzado un aviso a navegantes: se debe “evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista”. Así, ha pedido un sacrificio a empresas y trabajadores, como ha hecho el Gobierno. La gran diferencia es que este mismo martes, mientras alertaba de que el dato de marzo de inflación iba a suponer "un incremento adicional de las tensiones inflacionistas", "particularmente negativo, un repunte de la inflación muy significativo", Hernández de Cos planteó que sólo deberían subir con el IPC las pensiones mínimas. Así, dijo que el impacto de la crisis actual "va a ser más elevado sobre las personas de mayor edad y menor renta, y este colectivo habría que preservarlo, porque su grado de vulnerabilidad es mayor. Las pensiones mínimas habría que indiciarlas" al IPC, destacó. Pero en esta coyuntura, sólo éstas.
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