El Gobierno ha trasladado a Bruselas en el Plan de Recuperación su intención de acabar con la "competencia fiscal perjudicial" que realizan algunas comunidades autónomas en los impuestos sobre la riqueza, en alusión clara a la política tributaria de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha reflejado en el Componente 28 para la 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI', que contiene sus principales compromisos en materia fiscal y que ha sido publicado por el Gobierno este miércoles, después de ser enviado a Bruselas el pasado viernes.
En este documento, de 48 páginas, el Ejecutivo traslada a la Unión Europea que ha constituido un comité de expertos para que estudien la reforma fiscal que necesita el país. Al justificar ante la UE por qué es necesaria dicha reforma, explican entre otras cosas que "se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas".
Hacen alusión a fijar unos tipos mínimos y unas bonificaciones máximas permitidas para el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que ambos gravan la riqueza y la riqueza transferida, y en algunas comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid están bonificados al 100% -en el caso del de Patrimonio-, lo que supone que en la práctica no existen.
De hecho, el Gobierno apunta que el Comité emitirá su resolución prestando especial atención a la "aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial".
Igualar impuestos por arriba
Lo que busca el Ejecutivo es fijar unos mínimos o unas bonificaciones máximas permitidas para evitar que en algunos territorios la fiscalidad sea considerablemente más ventajosa que en otros.
Es lo que sucede con el Impuesto de Patrimonio, por ejemplo, bonificado al 100% en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, y también con el de Sucesiones y Donaciones, que en los últimos años se ha visto sometido a una carrera de competencia a la baja entre todas las comunidades.
Esto, a su vez, ha incentivado la picaresca de algunos que llegan incluso a cambiar de residencia en sus últimos años de vida para que sus herederos ahorren en la factura fiscal (para un residente en Asturias, por ejemplo, será mucho más ventajoso trasladarse a la comunidad fronteriza de Cantabria).
En el caso de Madrid, bajar estos tributos ha servido para incrementar la recaudación, algo que desde la Consejería de Hacienda explican por el afloramiento de la economía sumergida y el incremento considerable del número de donaciones.
Incrementar la recaudación fiscal para encauzar el déficit
El Gobierno central ha amenazado en numerosas ocasiones con armonizar la fiscalidad a nivel nacional para evitar el "dumping fiscal" o competencia desleal que hacen algunas autonomías, sin embargo en esta ocasión ha trasladado su voluntad de hacerlo a la Comisión Europea por escrito.
La Comunidad de Madrid ya ha advertido de que si se produce un conato de armonizar los impuestos presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que vulneraría las competencias autonómicas en materia fiscal.
Armonizar los impuestos al alza permitiría a la Administración incrementar su recaudación, en unos años en los que se producirá un fuerte incremento del gasto público y serán necesarios más ingresos para intentar reconducir el déficit.
Según cálculos de la Comunidad de Madrid, la armonización fiscal de los tributos de gestión autonómica supondría un coste de 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados; en total 5.124 millones de euros más de recaudación.
Mientras el Gobierno traslada a Bruselas su compromiso de incrementar la recaudación, la recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho de la bajada de impuestos su bandera y, como hemos contado en Vozpópuli, tiene pendiente la aprobación de muchas medidas de recorte de tributos para poder cumplir con su programa electoral.
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