La carrera por ejecutar los fondos europeos en tiempo y forma cogerá fuerza en los próximos meses, cuando España debe cumplir las inversiones comprometidas con la Comisión Europea (CE) en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para seguir desbloqueando tramos del dinero europeo. Los primeros pagos estaban asociados, sobre todo, a reformas que debía llevar a cabo el Gobierno; pero en los próximos hitos y objetivos las comunidades autónomas también tendrán un papel fundamental y deberán garantizar que el dinero llega realmente a la economía.
De los casi 70.000 millones que España espera recibir de la Unión Europea (UE) en transferencias no reembolsables, de momento se han recibido 19.000 millones, a los que previsiblemente se sumarán otros 12.000 millones a lo largo de este primer semestre, el más alto de toda la serie. Fuentes gubernamentales aseguran que este desembolso está prácticamente garantizado, pues ya se han cumplido los 32 hitos asociados a este tramo, entre los que se encuentran la reforma laboral (aún en el aire) y la de las pensiones (sin acuerdo con la patronal y con las críticas de los principales organismos económicos).
Ya de cara a la siguiente transferencia, prevista para el segundo semestre con otros 6.000 millones, más allá de las reformas y transformaciones legislativas exigidas por la Comisión (como la subida fiscal del diésel antes de junio, la reforma de los impuestos de matriculación y circulación, la entrada en vigor del nuevo régimen de cotización de los autónomos, la ley de vivienda o la reforma de los planes de pensiones de empleo), el Gobierno tendrá que demostrar que se han llevado a cabo una serie de inversiones antes de junio, también incluidas entre los hitos y objetivos pactados con Bruselas.
Entre ellas destacan, por ejemplo, la entrada en vigor de la ley que contempla la creación de 200.000 puestos de formación profesional (FP), el reparto del Kit Digital, o la puesta en marcha de los grandes proyectos estratégicos (los denominados PERTE). El Gobierno publicará la convocatoria del primero, el del automóvil (PERTE-VEC), en las próximas semanas; al que seguirán el de salud de vanguardia y el de energías renovables. En esta primera mitad de año, el Gobierno asegura que movilizará unos 24.667 millones a través de concursos, convocatorias y licitaciones vinculadas a los fondos europeos.
Fuentes gubernamentales informan de que de las comunidades autónomas dependerá que se cumplan los hitos y objetivos nacionales referentes a estas inversiones y "en algunas conferencias sectoriales se han dejado fondos sin asignar para que las que vayan más rápido puedan acceder a ellos". En este sentido, el Ejecutivo asegura que aquellas comunidades más activas pueden coger dinero de la "bolsa común", pues "lo importante es cumplir los hitos y objetivos del plan" en tiempo y forma. Además, a través del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha dado flexibilidad a las comunidades para que puedan trasladar al año siguiente los fondos remanentes.
650 millones, al margen de los criterios pactados
De momento, la ejecución está siendo más lenta de lo previsto. En 2021 el Estado desembolsó menos de la mitad (11.247 millones) de los fondos europeos previstos (24.198 millones) a las comunidades autónomas o a los organismos públicos encargados de lanzar las convocatorias, ejecutar las partidas y transferir el dinero a los diferentes agentes económicos. De estos 11.247 millones, cerca de 8.800 millones se han acordado en alguna de las 59 conferencias sectoriales celebradas hasta la fecha con las CCAA para la distribución de los fondos, pero otros 2.415 millones no se han pactado. De estos últimos, Cataluña ha resultado ser la más beneficiada, tal y como informó Vozpópuli.
Además, Moncloa detalla ahora que de estos fondos que se asignaron de forma discrecional, unos 650 millones se repartieron incluso al margen de los criterios acordados con las comunidades en las conferencias sectoriales. Este 6% del total de los fondos transferidos a las CCAA "se han asignado con arreglo a criterios objetivos de interés general (como universidades o centros de investigación), a proyectos piloto o a regiones que tienen características especiales (como, por ejemplo, las regiones del carbón o ultraperiféricas)", explican. Los otros 1.764 millones sí siguieron los criterios acordados en las citadas conferencias, aunque se hizo fuera de los cauces habituales, según fuentes gubernamentales.
En cualquier caso, aunque todavía no hay datos oficiales (el último es el de agosto de 2021), distintas fuentes calculan que a la economía únicamente han llegado entre 1.500 y 3.000 millones, un fiasco que las empresas asocian a la necesidad de cofinanciar los proyectos con el 70% del dinero y a los reducidos plazos para presentarse. Conviene recordar que de los 24.667 millones de los fondos europeos que el Gobierno pretende movilizar en esta primera mitad de año, unos 2.600 millones son remanentes que se quedaron sin ejecutar en 2021. Del total, el Ejecutivo asegura que las empresas van a ser beneficiarias de más de 16.500 millones, mientras que los ayuntamientos recibirán más de 6.000 millones.
A 29 de enero de 2022, se han publicado un total de 534 convocatorias por valor de 19.708 millones de euros, de las que 325 corresponden a la Administración General del Estado (16.700 millones) y el resto corresponden a las comunidades autónomas (3.000 millones). Además, de estas convocatorias publicadas, las que ya están cerradas suman un importe de 5.273 millones (esto no significa que el dinero haya llegado ya a los destinatarios) y las abiertas, 7.734 millones. Completan la lista las que se han anunciado pero aún no se han abierto, 44 convocatorias con un importe total de 6.700 millones.
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