"Había un plan de contingencia que implicaba el aviso a todos los delegados del Gobierno en todas las provincias donde el banco tenía sucursales. El motivo era para dar protección a las sucursales puesto que en el momento en que los cajeros agotasen los fondos era más que posible que la gente, algunos de ellos, reaccionaran, como es natural, con cierta violencia".
Como explicó Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular, en el Congreso de los Diputados, el concurso de acreedores fue un escenario más que posible. El banco estuvo el 7 de junio de 2017 a unas horas de no poder abrir las puertas de sus oficinas y provocar el mayor 'corralito' en la historia financiera española.
Un informe de Deloitte hecho público este lunes por la Junta Única de Resolución (JUR) describe lo que hubiera ocurrido después de que Saracho acudiera a los juzgados madrileños para entregar 'las llaves' del Popular.
La línea roja de los depósitos
La principal consecuencia es que, según las estimaciones de la auditora, la liquidación hubiera 'pillado' a los depositantes. Principalmente a los de más de 100.000 euros -grandes empresas y clientes de banca privada-, con pérdidas de entre 3.300 y 14.000 millones. Pero también a los pequeños depósitos de Banco Pastor, filial que hubiera tenido que tocar los depósitos garantizados por hasta 2.000 millones.
Es dinero que hubiera repuesto el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con las consecuentes pérdidas para los bancos y reflejo en el déficit estatal. Y ese tiempo en el que el ahorro de familias hubiera estado congelado hubiera tenido repercusiones nacionales.
Se hubiera creado un círculo vicioso que hubiera llevado a la liquidación a otros bancos"
"La liquidación de uno de los principales bancos del país, el sexto por volumen de activos, hubiera tenido un impacto en el resto del sector financiero, especialmente en aquellas entidades con problemas de liquidez y solvencia. El aumento de las primas de riesgo debido a la mayor incertidumbre hubiera podido producir nuevos casos de iliquidez, creando un círculo vicioso para el sector con otras situaciones de inviabilidad y liquidaciones de más bancos", expone el informe.
No sólo eso, sino que esta crisis financiera hubiera cerrado el grifo del crédito, frenado el consumo y aumentado el paro, según el informe.
El coste de la liquidación
Tras la declaración del concurso, el juzgado nombraría un administrador para liquidar miles de activos del Popular: acciones, bonos, activos inmobiliarios, filiales, etcétera. Por el camino habría que haber cerrado prácticamente todas las oficinas -salvo 60, según Deloitte- y despedido a casi toda la plantilla.
La auditora calcula que las demandas que afronta el banco pueden costar entre 1.790 y 3.450 millones, y que los costes de pagar el proceso de liquidación hubieran ascendido a más de 1.000 millones.
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