Los concursos de acreedores de empresas alcanzaron en mayo, en los prolegómenos del fin de la moratoria concursal, el nivel más alto de toda la pandemia y desde noviembre de 2014. Según las estadísticas mercantiles del Colegio de Registradores, el pasado mes se declararon 521 concursos, un 33% más que en abril. Este fuerte repunte se produce unos días antes de que expire la medida prorrogada durante más de dos años y que ha permitido a las empresas en situación de insolvencia sortear la declaración de este procedimiento, impidiendo también que sus acreedores lo soliciten.
A la pandemia se han sumado este año la guerra en Ucrania, elevando los costes energéticos y acentuando los problemas de suministro, con un impacto negativo en los márgenes empresariales. La moratoria, que vence el próximo 30 de junio, amenaza con un colapso de los Juzgados a partir de entonces. Con esta fórmula se ha logrado contener una 'avalancha' de concursos de acreedores, que aún así se han incrementado respecto a los niveles prepandemia.
En 2021, se registraron 4.714 declaraciones concursales, frente a las 3.632 de 2019 (cuando los concursos ya estaban aumentando); es decir, un 30% más. En el primer mes de este año también se registraron un 25% más de concursos que en el mismo mes de 2019, pero la cifra fue algo inferior a la de 2020, también antes de la pandemia. En febrero y marzo los concursos siguieron creciendo hasta los 387 y 499, respectivamente. En abril, se produjo un descenso intermensual e interanual, con 391 declaraciones concursales (frente a las 470 del mismo mes de 2021). Sin embargo, el mes de mayo ha marcado un nuevo máximo.
El Colegio de Registradores desvela que estos concursos se concentran fundamentalmente en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron conjuntamente seis de cada diez concursos presentados. El 80% de los concursos fueron voluntarios (419), frente a un 20% de inscripciones necesarias (102). En cualquier caso, ambos tipos crecieron respecto a abril, un 40% y un 11%, respectivamente. Desde el Colegio de Registradores aseguran que "hasta la finalización de la moratoria, los concursos no podrán mostrar con precisión la tendencia real".
De las estadísticas mercantiles también se desprende que el fuerte repunte experimentado en mayo ha hecho que el acumulado del año (entre enero y mayo) supere el dato de 2021, cuando los concursos declaradores aumentaron un 36% respecto al mismo periodo de 2019. Así, hasta abril se habían registrado 1.603 concursos este año (frente a los 1.624 de 2021), pero tras sumar el mes de mayo, la cifra acumulada en los cinco primeros meses del año alcanza los 2.124, el dato más alto en este periodo desde 2015.
Los beneficios empresariales cayeron en tasa intertrimestral 6.615 millones de euros, según la Contabilidad Nacional del primer trimestre del Instituto Nacional de Estadística (INE). La última encuesta sobre la actividad empresarial (EBAE) del Banco de España (BdE) destaca que la facturación muestra una "notable heterogeneidad" por sectores. Mientras las ramas de servicios (hostelería, transporte y ocio) proyectan un comportamiento muy favorable en el segundo y tercer trimestre del año por la eliminación de las restricciones, la facturación se estaría reduciendo en la agricultura, la construcción y las actividades administrativas.
La reforma concursal, en el aire
El Gobierno tiene el compromiso con la Comisión Europea de que la reforma de la ley concursal esté en vigor el 30 de junio, día en que vence la moratoria. Sin embargo, el Grupo Socialista se enfrenta en solitario a la oposición y a sus socios para sacar adelante el proyecto. La ponencia, que se reunió el martes pasado y que iba a continuar el miércoles, fue desconvocada en un intento a la desesperada del PSOE de parar el partido y emprender negociaciones bilaterales con los grupos, tal y como ha informado Vozpópuli.
Esta semana la agenda del Congreso no prevé que se reúna la Ponencia. Quedan 16 días y el proyecto, ahora parado, debe todavía llegar al Senado y podría tener que volver al Congreso. Esta reforma contempla la introducción de la reestructuración de las deudas empresariales en una fase temprana y mejora el mecanismo de segunda oportunidad. También pretende, entre otros aspectos, agilizar los procedimientos sin que sea necesario contar con un administrador concursal. Un asunto que ha generado controversia.
El propio BdE alertó en su informe anual de que "dejar el control en manos del deudor podría conllevar riesgos de comportamientos oportunistas y problemas de riesgo moral, debido a la falta de supervisión por parte de un profesional independiente". En cualquier caso, el supervisor considera que esta reforma "podría contribuir a corregir parte de las ineficiencias que presentan los mecanismos de insolvencia actuales".
"La reestructuración temprana de las empresas debería favorecer el descenso de la alta tasa de liquidación de las empresas concursadas en España. Asimismo, los cambios introducidos podrían contribuir a reducir la duración de los procedimientos concursales -lo que redundaría en una menor congestión de los juzgados- y el coste de estos procedimientos, especialmente en el caso de las microempresas. Además, en términos generales, esta reforma podría tener efectos positivos sobre el emprendimiento empresarial, al proporcionar una cobertura a los empresarios en caso de que se produzca su insolvencia de forma sobrevenida" sentencia.
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