La reforma de la ley de Auditoría ha enfrentado los intereses de Deloitte, la firma que trabaja para el 80% de las empresas del Ibex, con los de Ernst&Young, auditora de las cuentas de empresas como Iberdrola o Telefónica. La primera ha tenido como principal representante en la negociación con el Gobierno a uno de sus socios, el exdiputado del PP Rafael Cámara, expresidente de la patronal de las auditoras. Como valedor de la segunda ha actuado Juan Costa, exministro de Ciencia y Tecnología en el último Gobierno de Aznar, que es quien, de momento, se ha llevado el gato al agua utilizando la buena relación que mantiene con el Ministerio que dirige Luis de Guindos el portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, ahora en el ojo del huracán por los ingresos procedentes del sector eólico. Fuentes del PP vinculan parte del éxito de Ernst&Young al sabor amargo que dejó en el equipo económico del Gobierno el papel de Deloitte en el escándalo de Bankia.
En el PP se vincula el castigo a Deloitte a su papel en el escándalo de Bankia
Ayer finalizó el plazo de presentación de enmiendas parciales a esta norma en el Congreso y ahora queda su discusión en la Comisión de Economía y su posterior paso por el Senado, donde será aprobada a finales de junio. Si el Ministerio de Luis de Guindos no tuerce sus planes, durante esta tramitación parlamentaria dará cinco años más de plazo a Ernst&Young para que pueda seguir auditando a empresas como las que presiden Ignacio Sánchez Galán o César Alierta, periodo en el que podría obtener unos ingresos cercanos a los 250 millones de euros, a razón de 50 anuales. De no ser por las enmiendas que prepara el PP, la auditora de la que es socio Juan Costa tendría que abandonar este negocio el año que viene.En la práctica, el Gobierno acabará retrasando hasta 2020, como mínimo, la rotación prevista, es decir el reparto de la tarta de negocio de un sector que controlan las cuatro grandes firmas: Deloitte, Ernst&Young, Price y KPMG. Sobre el papel, la reforma fija la rotación en 2016 para las auditoras que llevan menos de 10 años en la misma empresa. Transcurrido dicho plazo, podrán continuar otros cuatro más con su mismo cliente si saca el contrato a concurso público, siempre que entre en el negocio una segunda firma que verifique las cuentas.Prohibición de simultanear algunos serviciosLa casuística es variada y la nueva norma establece que las compañías que no han cambiado de auditor desde hace veinte años o más, tendrán hasta 2020 para hacerlo y las que arrastran una antigüedad de entre diez y veinte años, hasta 2023. ¿Qué pasa con los contratos de menos de diez años? En esta situación se encuentra la mayoría de las empresas y a ellas el Gobierno ha decidido darles un mayor colchón temporal para que decidan quien les audita.Después de la polémica que ha envuelto la actuación de algunas auditoras en empresas muy conocidas, el Gobierno ha enfatizado la necesidad de promover la independencia del auditor. A ello obedece la prohibición para estas firmas de simultanear algunos servicios como los de contabilidad, asesoramiento legal o gestión de riesgos.
Hay otras demandas del sector que han sido estudiadas por Economía, teniendo en cuenta que la reforma obedece a la transposición de una directiva comunitaria pero, al mismo tiempo, necesita de un desarrollo reglamentario. En este último, el Gobierno es donde opera con mayor autonomía y las auditoras le han pedido que limite el número de entidades de interés público obligadas a regirse por la nueva norma. Entre bancos, aseguradoras, empresas cotizadas, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca, el perímetro recoge a casi 8.000 entidades en España, mientras que en un país como Alemania la directiva solo se aplica a 800. Por ello, el sector ha reclamado al Gobierno que no aplique esta reforma a aquellas firmas cuyo volumen de negocio no supere los 1.000 millones de euros anuales y su número de empleados no alcance los 2.500. Economía va a ser permeable a esta demanda, según fuentes gubernamentales.Por último, las auditoras también le han pedido a Economía que suavice el régimen de sanciones distinguiendo entre los aspectos puramente técnicos y los que afectan al interés general. “Hay que respetar la proporcionalidad de las multas sin utilizar criterios subjetivos”, le han trasladado estas compañías al Gobierno.
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