Hace tan sólo doce meses, el 26 de abril del 2013, con los semblantes adustos, el Gobierno escenificó en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros una suerte de funeral de la economía española. Presionados por unos exigentes objetivos de consolidación fiscal, las cuentas no salían. Al tiempo que la actividad seguía atrapada en una recesión de caballo, había que recortar el déficit público desde el 6,98 sin ayudas a la banca hasta el 4,5 por ciento del PIB en cuestión de ocho meses. Una misión que el Gabinete de Rajoy juzgaba prácticamente imposible.
De cumplirse ese ajuste de casi 25.000 millones, el diagnóstico del área económica del Ejecutivo al unísono era inapelable: el paciente sufriría otro shock brutal que lo sumiría en una nueva recaída. De modo que todos los esfuerzos del Gobierno tenían que concentrarse en evitar a toda costa un ajuste de tamaña dimensión. Se trataba de mendigar a la puerta de Bruselas una relajación de las metas presupuestarias.
Y allá fueron. Santamaría, Guindos y Montoro comparecieron ante las cámaras cariacontecidos, mostrando su honda preocupación porque la economía no crecería por encima del 1 por ciento hasta 2016. Por primera vez, presentaron unas previsiones mucho más realistas y, por lo tanto, mucho más lúgubres. Sólo que la reacción en las encuestas de intención de voto fue terrible. El PP se desplomó sin remedio. Durante varios meses, el desánimo cundió entre los ciudadanos. Así que el entorno del presidente Rajoy entonó el nunca más. Desde entonces, Moncloa impuso la consigna de que no se trasladasen al electorado más sensaciones negativas.
El pesimismo se plasmó en una caída de la intención del voto del PP. Desde entonces, Moncloa impuso la consigna de que no se trasladasen más noticias negativas sobre la economía
Apenas tres meses más tarde, a la vez que los ataques de Bárcenas salpicaban las portadas, el ministro de Economía concedió una entrevista al diario El País con el propósito de transmitir que las perspectivas macro apuntaban hacia arriba. Y la expresión que empleó se acercó mucho al brote verde (sic): es como una flor de invernadero que hay que cuidar, dijo Guindos. Con la economía de fondo, el Gobierno daba el disparo de salida a la carrera hacia las elecciones de noviembre de 2015.
¿Un giro de 180 grados?...
El 29 de mayo de 2013, la Comisión Europea recomendó para España el 6,5 por ciento de objetivo de déficit al cierre de 2013, dos décimas por encima del 6,3 que había pedido a la desesperada el Gabinete de Rajoy. Además, el plazo para reconducir el agujero presupuestario por debajo del umbral del 3 por ciento se amplió hasta el horizonte de 2016. La euforia se desató en el seno del Gobierno.
Conforme las palabras de Draghi seguían obrando maravillas sobre una prima de riesgo a la baja, los siguientes meses brindan una mejora espectacular del turismo y las exportaciones. Se aprueba un nuevo plan de pago a proveedores que inyecta más de 13.000 millones en la economía. Se restablece la paga extraordinaria de los empleados públicos, que pone en circulación otros 4.000 millones. El ajuste de personal de las Administraciones iniciado en 2012 se frena en la recta final del 2013. Y el recorte presupuestario se pospone. Rajoy presume sin rubor de que España no ha tenido que suprimir y fusionar ayuntamientos o provincias como han hecho Grecia, Portugal o Italia.
A pesar de que Bruselas exige que el Gobierno suba más el IVA, Hacienda se niega en redondo tras haber elevado los tipos efectivos por encima de sus máximos históricos. En una maniobra de distracción, Montoro se saca de la manga una Comisión de Expertos con la que ganar tiempo, a la espera de que la recuperación en ciernes genere más ingresos que recompongan las deterioradas arcas públicas. Y sin importar el ajuste aún pendiente de las cuentas, el Ejecutivo comienza una campaña en la que un día sí y otro también repite el mensaje de que van a bajar impuestos.
Entretanto, la eurozona sale de la recesión, y el Gobierno puede revisar al alza las previsiones, situando la tasa de crecimiento en un 1,2 por ciento en 2014 y un 1,8 en 2015. “España ha hecho las reformas y ha dejado de ser el problema. Ahora lo es Francia”, sostienen sin complejos varios altos cargos.
...¿O más bien un optimismo desmedido?
Pero ni la situación era tan mala entonces, ni es tan buena ahora. Aunque el mercado laboral empieza a crear empleo, éste resulta precario e insuficiente para corregir la enorme masa de parados existente. Si incluso con la construcción funcionando a pleno ritmo el paro sólo descendió a un punto por año, ¿cuánto hará falta ahora para reducir una tasa de desempleo en el entorno del 25 por ciento? A ese mismo ritmo, suponiendo que la reforma laboral surta efecto y que la población activa disminuya, se pueden tardar fácilmente unos diez años en rebajarlo por debajo del 15 por ciento, una tasa todavía excesivamente elevada.
Las exportaciones se ralentizan debido a un euro fuerte y la pérdida de fuelle de los emergentes. Y aunque se siga ganando en competitividad medida por costes laborales unitarios, la precariedad del empleo creado y las rebajas salariales harán que la recuperación del consumo y los ingresos sea mucho más lenta.
Por si fuera poco, salvo por los casos de las empresas exportadoras, la inversión productiva ha encajado seis años de recortes, procede de niveles muy bajos y le está costando bastante coger cierto ritmo capaz de generar empleo. Aunque claro, no es de extrañar cuando la fragmentación financiera dista de solventarse y una pyme española se financia un 60 por ciento más caro que una germana.
Tras seis años de crisis, la deuda externa neta continúa siendo extraordinariamente alta, aproximadamente en el 93 por ciento del PIB según los datos de la Comisión Europea, razón por la cual aún padecemos una posición vulnerable respecto a los inversores extranjeros.
En plena carrera electoral, el Gabinete de Rajoy ha dado una patada hacia delante al ajuste público, quizás con la esperanza de que en 2015 Francia pida una mayor relajación de las metas de déficit
Es más, con la salvedad de Irlanda, España es el único país de la periferia europea que no se encuentra a punto alcanzar el superávit primario, un concepto fundamental porque mide el agujero presupuestario una vez se resta la carga de intereses. O lo que es lo mismo, sirve de baremo para constatar si los gastos se han ajustado a los ingresos, un hito que todavía se percibe lejano para España pero que hasta Grecia ha logrado.
Rajoy y sus ministros sencillamente han dado una patada hacia delante al ajuste de las cuentas públicas. Y si bien la meta de déficit de este año se antoja asequible, la de 2015 parece francamente irrealizable en medio de una carrera electoral y teniendo que cumplir con la rebaja de impuestos comprometida.
Entre 2014 y 2015, hay que ajustar las cuentas otros 25.000 millones. Sin embargo, una inflación baja lastrará la recaudación y no contribuirá a rebajar el peso de la deuda, que a su vez continuará incidiendo negativamente sobre la demanda.
En definitiva, por mucho que se haya encontrado un suelo estadístico en multitud de indicadores, el camino hacia una recuperación sostenible se vislumbra todavía complicado, máxime cuando parece que el Ejecutivo ha levantado los brazos con el ajuste fiscal. A menos que la estrategia de Rajoy consista en esperar a que Francia fracase con su plan de recortar 50.000 millones y así se pueda aprovechar en 2015 de una nueva relajación de los objetivos de déficit propiciada por los galos.
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