Hoy comienza en Viena la 60 Conferencia General del Organismo Internacional de la Energía Atomica (OIEA), el supervisor mundial que vela por la seguridad y el buen uso de este tipo de energía. Como no podía ser de otra forma, a ella acudirán representantes del Gobierno español y de las principales instituciones involucradas, dado que España cuenta con seis centrales que albergan ocho reactores, además de otras instalaciones como el almacén de residuos de baja intensidad.
Como carta de presentación previa a la conferencia, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la patronal eléctrica Unesa han elaborado un informe conjunto de 202 páginas fechado en agosto, que ha sido enviado a la OIEA, en el marco de la Convención de Seguridad Nuclear. Y lo sorprendente del Séptimo Informe Nacional, tal y como figura en su encabezamiento, es que sólo menciona una vez el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que el Ejecutivo del PP ha proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas.
La instalación nuclear más polémica de España, cuya puesta en marcha y autorización han provocado el enfrentamiento político entre PP y PSOE (el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se ha opuesto frontalmente al proyecto bendecido por su antecesora, María Dolores de Cospedal), la oposición de la mayoría del resto de partidos políticos y organizaciones ecologistas, así como la elaboración de duros informes sobre su seguridad, sólo aparece reflejado, de pasada, en la página 22 del documento.
El documento sólo habla de la seguridad exterior del basurero nuclear y otras instalaciones, pero no menciona lo "inadecuado" de los terrenos ni los informes desfavorables ni la oposición de la mayoría de los partidos
El ATC es una instalación nuclear, según el Reglamento de Instalaciones (RINR), y por tanto ha de quedar reflejado como tal en un informe que "comprende todo lo sucedido desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015 en el ámbito de la seguridad nuclear de las instalaciones españoles", señalan las fuentes consultadas al tanto de la elaboración del documento.
Sin embargo, Gobierno, CSN y Unesa han ocultado de forma deliberada tanto el polémico proceso de puesta en marcha del proyecto y sus primeras autorizaciones, así como los informes técnicos que desaconsejan su construcción en el emplazamiento elegido en Villar de Cañas por los problemas de seguridad de los terrenos. No hay nada de información al respecto sobre el basurero nuclear en el informe enviado a la OIEA. Sus firmantes sólo han decidido incluir en él un párrafo en el que se habla, de forma genérica, de la seguridad externa de las instalaciones nucleares, entre las que se incluye el futuro ATC: "Una de las novedades más destacadas, a fin de cumplir con los criterios definidos en el Real Decreto 1308/2011, sobre 'Amenaza base de diseño', está en implementar un nuevo entorno de protección de las centrales nucleares y para la instalación del futuro Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), mediante el establecimiento de un sistema permanente de respuesta adecuado para neutralizar o mitigar los posibles daños que supondría la materialización de esta amenaza. En correspondencia con lo dispuesto en los artículos 11.1 , párrafos a), c) y e), y 12.1, letra B), párrafo d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dicho sistema estará compuesto por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que constituirán unidades permanentes de respuesta. Al respecto, el Real Decreto estipula un plazo de cuatro años, desde su entrada en vigor para que el Ministerio del Interior organice el despliegue y la implantación de las Unidades de Respuesta, de acuerdo con la adecuación de la estructura orgánica, la dotación necesaria en las plantillas de personal y los medios, en la Dirección General de la Guardia Civil", señala el documento.
La OIEA podría exigir a España más información sobre el cementerio nuclear y el proceso de autorizaciones, que ha sido duramente criticado por Transparencia Internacional
No hay referencia alguna al informe de la consultora estadounidense URS, que fue encargado por el propio CSN, que determinó que "el emplazamiento previsto es inadecuado" y alertó sobre la inestabilidad de la cimentación de los edificios que albergarán los residuos de muy alta radiactividad por las filtraciones de agua, tal y como informó Vozpópuli.
Las fuentes consultadas critican que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya ocultado información tan sensible para la seguridad nuclear mundial al organismo mundial más importante en la materia, pese a que el cementerio nuclear de Villar de Cañas es la "instalación nuclear más importante que se está desarrollando en todo el sur de Europa" y alertan de que los funcionarios del OIEA podrían "sacar los colores" a los representantes españoles.
Que un proyecto vital para la seguridad nuclear en el sur de Europa se esté desarrollando sobre unos terrenos inadecuados, con un polémico informe favorable del CSN y una autorización previa bajo sospecha, con buena parte de la opinión pública en contra, puede pasar factura ante la OIEA, que podría exigir información más completa sobre el proceso de autorización y construcción.
Además, hay serias dudas sobre la transparencia con la que el CSN ha sacado adelante el proyecto, tal y como ha denunciado la organización Transparencia Internacional y también los técnicos internos del supervisor. Durante toda esta semana, la OIEA repasará en Viena todos los proyectos nucleares en marcha en el planeta y cómo éstos pueden afectar a la seguridad mundial.
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