Aunque nada tiene que ver con lo que fue en el decenio prodigioso (1997-2007), el sector de la construcción no se quita de encima su discutida reputación. En 2020, trece años después del inicio de la crisis financiera internacional, sigue siendo la actividad económica con mayor nivel de morosidad bancaria en nuestro país. Según los últimos datos del Banco de España, a finales del pasado año el nivel de los créditos dudosos en el sector ascendió a 2.408 millones de euros, lo que supone el 9,16% del total concedido por las entidades de depósito para financiar su actividad. La industria está en el 4,89% y la agricultura, en el 5,54%.
No es, ni mucho menos, el peor dato que ha tenido el sector en los últimos ejercicios, pero sí es lo suficientemente relevante como para encabezar el ránking de impagos de todas las actividades económicas en el pasado año. Según las últimas cifras del banco central español, a cierre de 2020, el total de crédito con calificación de “dudoso” se situaba en 27.986 millones de euros, lo que equivale a hablar del 5,05% sobre el total concedido para financiar solo actividades productivas (554.073 millones).
Las peores cifras de incumplimiento de pagos se dieron, además, en las actividades comerciales y en la hostelería, dos de los servicios que más directamente se han visto afectadas por el parón económico que siguió a la crisis sanitaria. En términos absolutos, el comercio es el sector más moroso. Un total de 5.829 millones de euros (el 7,02%) tenían la condición de “dudosos”, para una cartera total de 83.018 millones. Le sigue la agricultura, un 5,54%, y la hostelería, con el 5,36% y más de 1.885 millones con dudas razonables sobre su reembolso en los términos acordados contractualmente.
El Banco Central Europeo considera que un préstamo es dudoso cuando pasan más de 90 días sin que el prestatario pague el principal o los intereses. En los últimos años, los préstamos de dudoso cobro han supuesto una pesada carga para las entidades financieras, toda vez que se ven obligadas a provisionar más capital ante la eventualidad de un impago, lo que incide directamente en la cuenta de resultados. Sólo el pasado año, los grandes bancos cotizados destinaron a provisiones para créditos fallidos más de 24.000 millones de euros.
Aportación de los constructores
La construcción contribuyó el pasado año al Producto Interior Bruto con 63.030 millones de euros, lo que representó un 5,62% de la riqueza nacional, que ascendió a 1,12 billones de euros, a pesar de un desplome medio del 11%. Para el sector, la caída media fue incluso superior, un 13,12%, aunque en el segundo trimestre, con la economía cerrada salvo para las actividades esenciales, llegó a perder un 22% en relación con el mismo periodo de 2019.
La construcción ha estado siempre muy vinculada a la morosidad. Quizás porque es un sector con fuertes necesidades de financiación y muy condicionado por los ciclos económicos. En el pasado reciente, no supo lo que eran créditos “dudosos” hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2007, por ejemplo, para una cartera total de 147.897 millones de euros concedidos por bancos y cajas de ahorros, la más alta de la historia, sólo 588 millones, el 0,45%, llegó a alcanzar es calificación.
Apenas dos años después todo había cambiado. Con el saldo vivo de crédito al sector reducido a la mitad en 2012 (73.257 millones de euros), la morosidad afectaba a 19.521 millones, el 26,64%. No fue, sin embargo, el dato más alarmante. Un año después, con el rescate de la actividad bancaria ya firmado con la Unión Europea y el FMI tras la crisis de la deuda soberana, los impagados llegaron a sumar 20.316 millones de euros para un total de 57.570 millones: uno de cada tres créditos (35,29%) estuvo en peligro.
Nivel elevado para la banca
A medida que el riesgo de la banca con el sector empezó a disminuir, la morosidad siguió en la misma dirección. En 2016 bajó del 30% y dos años después, del 20%. A pesar de que en 2020 la ratio descendió por séptimo año consecutivo y se situó por debajo del 10% por vez primera en un decenio, el nivel sigue siendo muy elevado para el sector, pero, sobre todo, para los bancos.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha publicado unos datos preocupantes sobre los plazos medios de pago de los distintos sectores económicos, que continúan por encima de los límites que marca la ley. Las constructoras y las inmobiliarias presentan la mayor demora en la liquidación de sus facturas, con un tiempo medio de pago de 270 días, mientras que los cobro los realizan en 106 días.
