Economía

La CNMC plantea sanciones millonarias contra PwC, KPMG y Deloitte por actuar como cárteles

Hasta 22 consultoras habrían cometido prácticas calificadas como "muy graves" que atentan contra el libre mercado y, por ello, podrían estar a un paso de tener que pagar sanciones millonarias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación en la que ha descubierto que durante una década, numerosas consultoras han funcionado como un cártel para repartirse adjudicaciones de contratos con las administraciones y dejar fuera a otros competidores.

En concreto Competencia plantea sancionar con 47 millones de euros a un total de 22 empresas, entre ellas las grandes PwC, Deloitte y KPMG, por repartirse concursos públicos con ofertas falsas, según adelatan 'El País'.

Así, las citadas consultoras habrían cometido prácticas calificadas como "muy graves" que atentan contra el libre mercado y, por ello, podrían estar a un paso de tener que pagar sanciones millonarias.

Concretamente, Deloitte podría tener que verse obligada a desembolsar un total de 17,2 millones de euros; PwC, 10,4 millones; y KPMG, 10,2 millones de euros.

Esto se trata de una propuesta por parte de la CNMC, por lo que las compañías pueden presentar alegaciones, aunque Competencia plantea, además, que se les prohíba contratar con la administración pública, aunque sin especificar el periodo de tiempo.

El informe indica que los directivos eran "conscientes de la ilegalidad" de las prácticas

Según detalla el rotativo, las empresas se hacían favores mutuos al presentar ofertas falsas que les permitían hacerse con contratos de la administración sin preocuparse por los competidores.

Asimismo, manipulaban presuntamente las licitaciones de forma sostenida en el tiempo. Según recoge la información, conseguían mantener los precios antos "de forma anticompetitiva".

Los directivos, "conscientes"

La compañía que aspiraba al concurso se ofrecía para preparar la oferta de sus competidores, que solo tenían que firmarla y enviarla al ayuntamiento en cuestión. Estas ofertas falsas solían ser más sencillas que la ganadora y tener un precio mayor.

Asimismo, el informe indica que los directivos eran "conscientes de la ilegalidad" de las prácticas.

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