El Gobierno ya ha aprobado su plan para abaratar la luz a través de un límite al precio del gas con el que se produce electricidad. Aunque todavía no ha recibido el visto bueno de Bruselas. La duda que se ha resuelto es quién asumirá esta decisión. Los encargados de pagar la diferencia entre el precio real del gas y el precio que obliga el Gobierno a vender en el mercado serán tanto las comercializadoras de electricidad como por los propios consumidores.
Según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el balance neto entre los costes de esta medida y el ahorro que provocará este limite al precio del gas compensará la factura final de los consumidores. Pero el coste recaerá sobre el precio final, como confirman. El principal objetivo de esta medida es reducir el impacto que tiene el gas sobre el resto de las tecnologías, reducir los beneficios extra que están cobrando las eléctricas y bajar el precio eléctrico de los consumidores.
"El coste total del ajuste a las tecnologías marginales se repartirá entre aquella parte de la demanda ibérica que se beneficiará directamente del mismo, bien porque adquiere la energía a un precio directamente referenciado al valor del mercado mayorista o bien por que ha firmado o renovado un contrato teniendo ya en cuenta el efecto beneficioso del mecanismo sobre los precios mayoristas", explica el Gobierno en su real decreto.
La medida todavía tiene que cumplir sus plazos. El Gobierno da un plazo de 12 días, en dos períodos consecutivos de 5 y 7 días, a las comercializadoras para adaptarse, y por otro, falta la aprobación formal de la Comisión Europea, que el ministerio considera que puede llegar en una o dos semanas. Esto permitiría que el nuevo mecanismo y sus efectos sobre la factura de la luz entren en vigor en la tarifa de junio.
Hasta el momento, España y Portugal cuentan con una carta de conformidad de las autoridades europeas, que ahora debe confirmarse. El principal debate es la compensación a las empresas que producen electricidad a través de esta materia prima por el precio real del gas, superior al tope impuesto. Según explican fuentes cercanas al Ministerio, los encargados de abonar esta diferencia serán consumidores y comercializadoras que vayan a la tarifa regulada, con la opción de trasladarla a sus clientes, y también a través de los clientes que van directamente a comprar al pool eléctrico.
Consumidores franceses de luz
El nuevo tope en los precios del gas para la generación eléctrica aprobado el viernes en la Península Ibérica elevará las exportaciones a Francia y reducirá los precios del mercado eléctrico. Fuentes del ministerio señalan que los franceses que compren la electricidad producida en España o Portugal no estarán sujetos al mercado español, ya que la demanda se hace desde Francia, con lo que no pagarán ese sobrecoste con el que se repercute en las subastas diarias la compensación del gas.
La Comisión Europea acabó forzando a España a eliminarla a finales de abril. Sin esta cláusula, y ante la enorme diferencia de precios entre ambos países, el tope al gas disparará los flujos de electricidad entre la cara sur y la cara norte de los Pirineos. “Es previsible que haya un mayor saldo exportador, como efecto secundario”, apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
Los consumidores franceses y españoles pagan costes de "congestión" por su intercambio de energía. "Como estimamos que al ser la energía española más barata, será el saldo de la interconexión será en su mayoría exportador, es decir que crecerán las exportaciones de energía a Francia y a otros países de la UE, recibiremos los costes de congestión de los franceses", aclaran desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
Unos costes de "congestión" que se utilizará para la rebaja de la factura. Desde el sector energético comparten con Vozpópuli que esta anomalía tendrá un coste de 2.100 millones de euros para los consumidores españoles. Pero desde el Gobierno defiende que es "un error" afirmar que los consumidores españoles financiará la luz de los franceses.
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