El control físico de acceso a los salones de juego y casas de apuestas en la Comunidad de Madrid será obligatorio desde este martes en los 678 locales de la región y se establecerán "medidas de inspección para garantizar el cumplimiento" de prohibición de entrada de menores y de ludópatas.
El Área de Juego de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas que dirige Enrique López realiza al año en torno a 20.000 inspecciones a las casas de juego para evitar que se produzcan situaciones irregulares y actuando en su caso con "los instrumentos legales" que tiene a su alcance.
La Comunidad de Madrid colaborará con el Ayuntamiento de Madrid en su "labor inspectora", dado que la capital concentra un total de 362 locales, un 53% del conjunto de la región.
Desde este martes, será obligatorio que exista un control físico de acceso en los 678 locales de la Comunidad, tal y como establece el Decreto que se aprobó el pasado mayo. Ya era obligatorio en los establecimientos en los que no se requería una obra de adaptación. Pero el Decreto de mayo dio un plazo para que los locales se adaptaran a esta previsión, con una fecha límite hasta febrero.
Desde el Gobierno regional se está "estudiando" aumentar de 100 a 500 metros la distancia mínima entre salones de juego y colegios
El Decreto recoge que "estos locales deberán disponer de un servicio de control de admisión, situado a la entrada del local, que se encargará de la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento y al registro de los que accedan al mismo, de manera que ninguna persona pueda entrar al interior del local sin haber pasado obligatoriamente por el servicio de control de admisión".
Distancia entre casas de apuestas y colegios
Asimismo, desde el Gobierno regional se está "estudiando" aumentar de 100 a 500 metros la distancia mínima entre salones de juego y colegios en aras a aumentar la protección de los menores dentro del Decreto de Planificación que está elaborando para regular el desarrollo de la actividad.
La Comunidad se ha marcado como objetivo, según López, que antes del verano el nuevo Decreto esté redactado en todo su contenido, dado que se quiere "acertar" y se estará abierto a todas las sugerencias que lleguen desde el reto de fuerzas políticas y sectores implicados.
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