La lupa ha vuelto esta semana sobre Correos. La Comisión Europea anunciaba que la compañía pública recibió compensaciones excesivas por valor de 167 millones de euros entre los años 2004 y 2010. Una partida que, según reclama Bruselas, debe volver a las arcas del Estado. Esta es una tarea pendiente para el Ministerio de Hacienda, ya que Correos pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Un proceso que SEPI señala que está trabajando en ello, pero que está pendiente de que la Comisión remita el informe completo de esta investigación. Pero no ha sido la única demanda en referencia a esta compañía pública. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha señalado a Vozpópuli que desde su organismo se reclama la puesta en marcha del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal para determinar la financiación de Correos.
Esta exigencia busca poder aclarar la vinculación entre Correos como prestador y el Estado como garante del servicio, ya que entre ambas partes también existe la relación entre empresa y máximo accionista. Una forma de revisar el servicio postal universal que es el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y que se realice a un precio asequible para todos los usuarios.
Llevamos cerca de 10 años reclamando este plan. Esta medida es una forma de realizar una contabilidad analítica para conocer la financiación de Correos
"Llevamos cerca de 10 años reclamando este plan. Esta medida es una forma de realizar una contabilidad analítica para conocer la financiación de Correos y poder conocer al detalle cómo opera esta empresa", apunta un portavoz del organismo. La CNMC tiene abiertos tres expedientes a Correos por su servicio de servicio postal y de paquetería. "Dos vinculados a un posible abuso de posición de dominio del mercado y otros sobre los acuerdos que mantiene con otras empresas", añade.
Fuentes internas de Correos se muestran favorables a que se ponga en marcha este plan, ya que "puede ser positivo para un sector que lleva desde 2011 completamente liberalizado en España". Los sindicatos también se han unido a esta exigencia del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. Comisiones Obreras (CCOO) pidió esta misma semana al Gobierno que pusiera en marcha con carácter inmediato para asegurar su financiación, mantener la viabilidad de la empresa postal pública y mantener a los cerca de 60.000 trabajadores.
También la organización empresarial de logística, paquetería y transporte, UNO, que representa a empresas como DHL o el propio Correos Express, pide al nuevo Ejecutivo que “se desarrolle ya de una vez por todas la ley postal que lleva esperando desde 2011 para que sepamos el coste real del llamado Servicio Postal Universal que desarrolla el operador público y no haya así espacio para cometer ilegalidades en las ayudas públicas". La exigencia del Plan de Prestación es una competencia que corresponde al Ministerio de Fomento.
Ábalos se compromete
La exigencias no han caído en saco roto. Este jueves en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha avanzado que tiene intención de impulsar en los próximos meses el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y su correspondiente contrato regulador para su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
Un cumplimiento de estas obligaciones que ha querido matizar que no pondrá en riesgo la viabilidad económica de Correos. Ábalos ha señalado que este plan asegurará la adecuada financiación de las obligaciones que el Estado impone a Correos y Telégrafos para la prestación de este servicio. Por lo tanto, el Gobierno quiere mandar un mensaje de tranquilidad de que se encuentra manos a la obra para poder cerrar los frentes que le exigen la CNMC y Bruselas. Aunque todavía las posiciones están alejadas.
