Correos ha dejado fuera de sus servicios de seguridad a INV Seguridad, la empresa subcontratada que se encargaba del escaneo de las cartas en el momento el que las balas dirigidas a Marlaska, Iglesias y Gámez pasaron por el control. Así se desprende del 'contrato de los servicios de seguridad vigilancia e inspección de la correspondencia durante el periodo 2021-2024', adjudicado este miércoles, que ha sido consultado por Vozpópuli.
En concreto, Correos ha adjudicado este contrato por un importe de 37,9 millones de euros (IVA incluido) en varios lotes, dependiendo de las regiones, a tres empresas diferentes: Clece Seguridad, Eulen Seguridad, y Sicor Seguridad El Corte Inglés. Así, no ha resultado ganadora del concurso INV Seguridad, que era una de las empresas subcontratadas para prestar este servicio en el periodo anterior.
Correos responsabiliza a esta empresa del fallo de seguridad que permitió la recepción de los sobres con amenazas contra Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez. Un fallo calificado como "muy grave" puesto que, como explicó Correos, el operador de servicio del Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, ubicado en Vallecas, "no fue capaz" de detectar las balas que incluían los tres sobres, pese a que eran fácilmente visibles a través del escáner por el que pasaron el día 19 de abril.
Preguntados por esta cuestión y su coincidencia en el tiempo con el expediente abierto a INV Seguridad, desde Correos insisten en que es un contrato nuevo "cuya licitación se inició hace más de cuatro meses y que, por tanto, no tiene nada que ver con la situación expuesta". "Se ha tratado de una licitación sujeta a Real Decreto 3/2020 publicada en el BOE, DOUE y Plataforma de Contratación a la que se ha podido presentar todo aquel licitador al que le ha interesado hacerlo", apuntan desde la compañía pública.
El contrato, que se desarrollará durante 36 meses, tiene como objetivo licitar los servicios de seguridad, vigilancia e inspección de la correspondencia durante el periodo 2021-2024 "que permitan la protección de personas y bienes" que se encuentren en diferentes locales y dependencias de Correos.
Las cláusulas de Correos
La empresa de mensajería dividió el contrato en cinco lotes en función de las regiones en las que deben desempeñar sus servicios, con un interés dispar en el sector: como ejemplo, frente a las dos ofertas que se presentaron para uno de los lotes, otro recibió la propuesta de 13 firmas del sector.
Correos detalla en el anuncio de adjudicación que la apertura de los sobres con las ofertas económicas y técnicas tuvo lugar el 1 de marzo, antes de que estallase la polémica que marcó la campaña electoral madrileña, si bien la adjudicación no se ha publicado hasta este miércoles, 5 de mayo. Los criterios económicos sumaban 49 puntos sobre 100 en la valoración final de cada propuesta; los técnicos, 51 puntos.
Como contó Vozpópuli, Correos contempla en las cláusulas del pliego una sanción de hasta 10.000 euros por fallos de seguridad como el de las balas. También se describe el modo en que deben desempeñarse los trabajadores encargados de estas funciones: además de contar con formación específica para el manejo de estas mercancías, se limita a un máximo de 20 minutos el cumplimiento de este servicio, con descansos "no inferiores" a diez minutos dedicados a otras labores de vigilancia (no inspección) en el propio centro.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen sus pesquisas para identificar a los autores de las amenazas que recibieron personajes públicos y políticos como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Los Mossos d'Esquadra también intervinieron una misiva con balas dirigida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Dicha polémica puso en entredicho los sistemas de seguridad que imperan en los edificios oficiales. El mismo día en que Correos firmó la adjudicación de sus servicios de seguridad, el Ministerio del Interior cerró un acuerdo con otra empresa para revisar los arcos detectores de metales instalados en nueve sedes que dependen orgánicamente del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
