La Justicia española no persigue la corrupción internacional de sus empresas. Así de cruda es la denuncia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en su último informe sobre sobornos a funcionarios públicos relativo a España. Según el informe que la organización ha remitido al Gobierno, la Justicia sólo ha investigado a 7 empresas en los últimos 13 años y jamás ha condenado a una sola compañía. De hecho, la OCDE denuncia que su grupo de trabajo ha detectado al menos tres denuncias públicas en las que se acusaba a empresas españolas de sobornar a funcionarios públicos extranjeros que ni siquiera merecieron una investigación por parte de los tribunales españoles.
La organización expresa su “grave preocupación” y denuncia la pasividad de las autoridades así como la “falta de comunicación entre las organismos relevantes” y asegura que, pese a las prácticas sospechosas de algunas entidades, no ha habido ninguna imputación y de esas siete investigaciones, sólo dos pasaron el umbral de las investigaciones preliminares.
Pese a que el informe de la OCDE no nombra a las empresas españolas, las siete causas archivadas fueron las siguientes:
- Costa Rica / Abengoa: La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por el presunto pago de 200.000 dólares por parte de una filial de la española Abengoa al ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez para lograr el contrato de instalación del cableado eléctrico en la capital del país, San José. El caso se cerró tres años después por la supuesta prescripción del delito.
- Petróleo por alimentos / 45 empresas españolas: La ONU denunció públicamente a 45 empresas de pagar comisiones al régimen de Sadam Hussein para vender sus productos en Iraq. En el año 2007, la Justicia española archivó la causa alegando “falta de evidencias”.
- Mercado de material de defensa / EADS: La justicia alemana abrió una investigación por presuntos sobornos de hasta 115 millones de euros a funcionarios públicos a cambio de un contrato de 969 millones de euros en 2008. La Justicia española cerró su causa pese a que las autoridades alemanas mantienen abierta su investigación en colaboración con Austria y Suiza.
- Libia / Repsol YPF: Los directivos de la empresa noruega Hydro reconocieron irregularidades en los pagos para garantizar contratos en campos petrolíferos del país a empresas como Repsol YPF y Total. La petrolera española negó en su momento conocer esos pagos y acusó a la consultora noruega de hacer pagos en el año 2000 que sólo fueron detectados en 2005 sin la autorización de la empresa española. La Justicia archivó la causa por la prescripción de los hechos.
- Angola / Banca española: Docenas de empresas y entidades bancarias españolas fueron acusadas en 2009 de pagar 20 millones de euros en sobornos a dignatarios angoleños entre los años 2006 y 2009 a cambio de contratos de obra pública por valor de 300 millones de euros. La Justicia investigó los hechos y les dio carpetazo en mayo de 2011 por “falta de evidencias”, reporta la OCDE.
- Marruecos / Industria de defensa: La denuncia internacional remitida a España describía el pago de 3,2 millones de euros en sobornos a responsables de defensa de Marruecos para facilitar la venta de vehículos militares por valor de 174 millones de euros. El caso se cerró en marzo de 2012.
- Letonia / Iberinco – Iberdrola: La justicia letona acusó a Iberinco, filial de la española de ingeniería y construcción de Iberdrola, de pagar 7,1 millones de euros en sobornos a cambio de la concesión de plantas energéticas. Iberdrola cesó a los cinco directivos responsables y la justicia de Raga mantiene todavía abierta su investigación. Sin embargo, los tribunales españoles archivaron la causa en junio de 2012 por “prescripción” del presunto delito.
Ultimátum de un año a España
Los inspectores de la OCDE (técnicos expertos de Brasil y Chile, así como miembros del secretariado de la Organización) viajaron a España entre los días 3 y 5 de julio de 2012. Se reunieron con representantes de los ministerio de Justicia, Exteriores y Economía, así como con representantes de empresas del sector privado como Telefónica, Ferrovial, Gas Natural, Repsol, Iberdrola o los dos grandes bancos, entre otras.
Según su dictamen, no sólo ha habido falta de diligencia por parte de la Justicia en la última década, sino que ahora esa falta de cooperación continúa. Según sus técnicos, el Ejecutivo español ni siquiera entregó traducciones de las leyes españolas, no respondió a los cuestionarios recibidos y entregó una “información escasa”. “Una parte sustancial del tiempo de la visita se fue en discusiones sobre asuntos relativamente básicos que podrían haber sido clarificados en los cuestionarios. Como consecuencia --concluye la OCDE-- quedó poco tiempo para más discusiones en profundidad”.
Por ese motivo, la OCDE da ahora un ultimátum de un año a España para que corrija las deficiencias de su Código Penal y amenazan con un procedimiento administrativo al país si no corrige los defectos denunciados.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación