La banca quiere que Hacienda comparta esfuerzos en el rebautizado ‘Proyecto Fénix’, aquel que pretende salvar empresas en dificultades pero viables tras la reestructuración de su deuda. El G6 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) se queja de la falta de colaboración de Cristóbal Montoro en el diseño de esta solución, bendecida por Economía pero criticada desde otra parte del Gobierno, que comenzará a rodar antes del verano con tres o cuatro empresas, como adelantó Vozpópuli el pasado 22 de mayo.
Hasta ahora, el sector se había venido quejando en privado del inmovilismo de Montoro a la hora de conceder un gesto que facilitase la creación de este vehículo. Las entidades llevan meses solicitando al fisco que ceda el derecho de preferencia que tiene esta institución en el cobro de una deuda (impuestos) frente al resto de acreedores de una empresa en dificultades, una vez que se declara el concurso de acreedores. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe solicitaba cambios en ese sentido de la nueva ley concursal.
El orden de prelación de la actual Ley Concursal establece que las deudas con Hacienda y Seguridad Social se califican como "créditos con privilegio general" según el artículo 91.2 de la citada norma. Están, por tanto, en el segundo nivel de prioridad de pago, tras los "privilegiados especiales" (los trabajadores y los créditos con garantías que afectan a determinados activos, no a todo al patrimonio de la compañía), y por delante de los ordinarios y de los subordinados. En definitiva, la banca.
Pese a los intentos de Guindos, y de otros técnicos de Moncloa, Montoro no parece receptivo en absoluto con la petición de las entidades. Economía está insistiendo a su compañero de gabinete para que Hacienda acepte algún tipo de quita a la deuda que tienen contraídas las empresas con ella. Incluso este martes, Ignacio Mezquita, director general de Política Económica, reconoció que se "está estudiando una vía, pero no es un asunto nada fácil de solucionar". Ante esta situación, los bancos han decidido trasladar sus quejas desde los despachos al foro público. Tanto es así que hasta cuatro entidades (Santander, Bankia, BBVA y Sabadell) se han mostrado bastante críticas con la falta de apoyos por parte de Montoro.
Ignacio Mezquita, director general de Política Económica, reconoce que el Gobierno "está trabajando en una vía pero es un asunto muy difícil de solucionar"
“Hacienda no está poniendo nada de su parte”, se quejaba Remigio Iglesias, director general de la división de recuperaciones y saneamientos de activos del Santander, en relación al inmovilismo de Montoro. “Si queremos salvar el tejido empresarial, todos tenemos que perder algo”, insistió este ejecutivo en unas jornadas sobre refinanciación empresarial organizada por APD.
En esa misma línea se manifestó Juan Carlos Estepa, director general de Riesgos de Bankia, quien, junto a Pepe Sevilla, acompañó a José Ignacio Goirigolzarri en su aterrizaje en la entidad nacionalizada. “Hacienda tiene que estar dispuesta a asumir esfuerzos porque, al final, una empresa que sobrevive sigue pagando impuestos”, aseguró Estepa en este mismo foro. Tanto Rafael García, subdirector general y director de gestión de riesgos del Sabadell, como Pedro Urresti, managing director, Risk and Portfolio Management de BBVA, compartieron estos comentarios en sus intervenciones.
“Hacienda se viene negando sistemáticamente a abordar este debate. No quiere perder su derecho preferente de cobro justificándose en el objetivo de los cumplimientos del déficit”, señalan otras fuentes del sector. Durante la crisis, un gran número de empresas han incurrido en voluminosas deudas con Hacienda y Seguridad Social, o bien han conseguido aplazamientos, y estos organismos quieren asegurarse la recuperación del máximo posible de esas cantidades; ya se sabe que el cumplimiento de los objetivos de déficit público es prioritario. De ahí que quieran mantener esa preferencia en el cobro.
La banca pide liberar más provisiones
A frente con Hacienda, la banca une los contactos con el Banco de España para poder variar la norma con el fin de recuperar provisiones una vez que se marca una salida viable a la deuda no sostenible de las empresas. “Si se asume una quita de esta parte no sostenible, y al resto se le reestructura, bien mediante la conversión en capital o bien mediante un préstamo participativo, se convierte en una deuda viable. Por tanto, no debería de estar dotada”, defienden desde el sector.
“En muchas ocasiones, esa deuda no sostenible no es necesario convertirla en capital sino transformarla en un préstamo participativo, a un plazo mayor, acompañado de un plan de desinversiones. En ese caso, no serían necesarias las provisiones”, defiende Rafael García, del Sabadell.
La banca se muestra convencida de que este ‘banco malo’ empresarial servirá para darle vida a muchas empresas que, hasta el cambio de ley concursal, estaban abocadas a la desaparición. Hasta finales del pasado año, el 95% de las empresas que entraban en situación de concurso de acreedores llegaban a la quiebra. De las empresas que sobrevivían, los acreedores apenas podían recuperar un 20% del volumen de la deuda contraída. El sector financiero calcula que con este nuevo programa se puede llegar a recuperar entre el 50%-60%. “Debemos aprender de la experiencia de cómo hemos recuperado empresas en situación de crisis en estos últimos años porque hemos sido un desastre. Tanto las empresas como los bancos hemos perdido mucho dinero”, sostiene Estepa, ejecutivo de Bankia. Sabe de lo que habla.
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