El Defensor del Pueblo ha iniciado este miércoles una actuación de oficio que propone limitar la obligación de devolver el cobro indebido de prestaciones sociales, entre ellas el ingreso mínimo vital (IMV), en el caso de que se trate de hogares vulnerables y no haya mediado mala fe o el error haya sido de la Administración. La institución ha comunicado que se ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de abordar una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos. La modificación legal propuesta afectaría, además de al ingreso mínimo vital, a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, o los subsidios de desempleo de larga duración.

Los beneficiarios de ayudas asistenciales están obligados a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos. Sin embargo, el titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado que, a pesar de que estos lo comuniquen, "las entidades gestoras tardan meses, incluso años, en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo".

Según ha señalado el titular de la entidad, en las últimas semanas ha tenido conocimiento, a través de quejas recibidas y de los medios de comunicación, de que los beneficiarios del IMV están siendo contactados para que devuelvan lo cobrado en los últimos años.

"Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social, y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades que ahora se les reclaman", ha expuesto Gabilondo. "Por ello, hemos hecho llegar a la Administración nuestra petición de que en estos procedimientos de reclamación se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de esas familias, y no se les exija la devolución de las cantidades percibidas", ha añadido.

La actuación de oficio se dirige también a la Secretaría de Estado de Trabajo, de la que depende el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para conocer su criterio sobre la necesidad de abordar la citada reforma legal dada la jurisprudencia al respecto.

Además de lo arriba mencionado, la nota del Defensor del Pueblo ha recordado que recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo español consideran que "se ha de entender como desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado, en concepto de prestaciones o ayudas asistenciales, cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error haya sido cometido por la propia Administración".

El IMV llegó a casi 640.000 hogares en julio

Según la última estadística publicada por el INSS, el ingreso mínimo vital llegó en julio a 639.968 hogares en los que viven 1.928.430 personas y la cuantía media de la prestación fue de 484,9 euros por hogar. En conjunto, el coste ascendió a 354,5 millones.

En el séptimo mes del año, había 152.662 prestaciones activas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 31,3%. En esos hogares conviven 505.976 beneficiarios más que los registrados en julio de 2023 (un 35,6% más).

Perfil de los beneficiarios

De los datos se desprende que el 67,5% de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en julio fueron hogares con menores (432.225) y que, entre ellos, había 110.992 hogares monoparentales. Así, si se atiende al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,1% son menores, un total de 793.364. Además, los hogares beneficiarios del IMV con Complemento de Ayuda a la Infancia este mes alcanzaron los 438.974. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento fue de 68 euros por cada menor.

Los beneficiarios del IMV también se caracterizaron por tener un marcado perfil femenino. En julio, el 67% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios fueron mujeres. Por otra parte, el 82,5% del conjunto de titulares eran de nacionalidad española, y su media de edad se situó en los 45 años.

En términos acumulados, desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, en plena pandemia, esta ha llegado a 873.789 hogares en los que viven 2.596.582 personas. Más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 1.130.611, el 43,5% del total. Y desde la entrada en vigor de la ayuda, la Seguridad Social ha destinado 11.430 millones al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV.

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