Llámese o no cupo, lo que resulta evidente es que la cesión histórica de Pedro Sánchez a Cataluña obligará a ejecutar una potente subida de impuestos. Y los paganos serán las clases medias. El Gobierno tiene al alcance otra alternativa para financiar el compromiso adquirido con ERC: recortar el gasto. Pero a estas alturas, tras seis años de mandato socialista, pocos analistas dudan de que el presidente optará por la primera opción, complementada, probablemente, con el recurso a la deuda.
A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo, ya puede efectuarse una primera estimación de la factura. Fedea ha sido el primer 'think tank' en calcularla. Según su director, Ángel de la Fuente -uno de los mayores expertos en financiación autonómica-, el trasvase anual a Cataluña tendrá un coste mínimo de 6.600 millones y máximo de 13.200 millones. La cuantía dependerá de la cuota de 'solidaridad' que Hacienda logre arrancar a ERC.
La fragilidad del PSC de Salvador Illa en Cataluña permite pronosticar que el coste final no se aproximará al lado más bajo de la horquilla. Y la debilidad del PSOE de Sánchez en el Parlamento lleva a augurar que el Gobierno no financiará la histórica cesión fiscal recortando gastos en prestaciones. Recordemos que Moncloa tiró adelante con la indexación de las pensiones al IPC, pese a las advertencias de organismos como el Banco de España. Sólo esa medida cuesta unos 3.000 millones más al mes. Otro dato significativo: los Presupuestos Generales de 2025 parten de otro techo de gasto récord (199.171 millones).
Sánchez tiene tres vías para financiar el cupo catalán sin tocar las prestaciones sociales. La primera consiste en cargar gran parte de la factura a las comunidades autónomas que más aportan. Según Fedea, esta vía implicaría un recorte de la financiación del 10,7%. Ese escenario es improbable por el enfrentamiento que Moncloa desataría con sus propios barones regionales y con la autonomías que más dinero depositan en la caja común. "Pretenden convertir al resto de España, a las demás regiones, empezando por Madrid, en un infierno fiscal aún mayor para sufragar el corrupto negocio independentista de la izquierda. Pues va a ser que no", escribió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la red X este miércoles.
La segunda vía posible es la emisión de deuda. El problema es que el nivel de endeudamiento ya está en máximos absolutos: 1,6 billones, tras sumar 400.000 millones desde que Sánchez vive en el Palacio de La Moncloa. Recurrir a las emisiones comprometería el cumplimiento de las reglas fiscales, de vuelta ya en la Eurozona.
En esta carrera de obstáculos se alza como más problable la última alternativa: incrementar los ingresos con más impuestos. Esta misma semana, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, empezó a preparar el terreno, abogando en público por una subida impositiva para equilibrar las cuentas tras el cupo.
"Resulta evidente que el objetivo último del nuevo sistema es recortar sustancialmente la aportación catalana a la caja común del Estado. Inevitablemente, por tanto, los recursos disponibles para la solidaridad interterritorial y las políticas sociales de ámbito nacional se reducirán, y alguien tendrá que apretarse el cinturón a través de menores prestaciones o mayores impuestos presentes o futuros", señala el informe de Fedea.
Más impuestos para los tramos medios
Todas las predicciones apuntan al IRPF y, en concreto, a los tramos medios y altos. Es el canal más rápido y efectivo de recaudación. En España hay cerca de nueve millones de contribuyentes con ingresos superiores a 21.000 euros e inferiores a 60.000. En esos tramos se mueven las clases medias (las altas suman menos de 1,2 millones de contribuyentes).
La propia Fedea ya hace sus estimaciones directamente en base al IRPF. Ángel de la Fuente calcula que Hacienda tendrá que elevar un 29,5% la recaudación del tramo estatal del IRPF para compensar la pérdida de recursos, sin afectar a la financiación autonómica o reducir el gasto. La dureza del 'hachazo fiscal' variaría en función de las expectativas electorales de Sánchez (el acuerdo con ERC se materializará en 2026) y de la capacidad para arañar ingresos a otras comunidades autónomas. La batalla no ha hecho más que empezar.
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