Con el rescate parado por Alemania y muy escaso margen presupuestario, Rajoy sólo podía presentar un paquete de medidas reminiscentes de la Ley de Economía Sostenible de Zapatero: bien intencionadas pero de poco calado sin una mejora mayor de las perspectivas económicas y, por tanto, de la inversión.
Lamentablemente, este Gobierno tiene como principal cometido continuar con el ajuste presupuestario de las Administraciones, tal y como le exige Europa y los mercados. Y salvo por medidas muy audaces que probablemente lo enfrentarían a la calle, en el resto no tiene mucho espacio de maniobra. Con 74.000 millones aún de déficit público, el Ejecutivo está pillado de pies y manos. Su misión es la poda, y las reformas de mayor enjundia, como por ejemplo las pensiones, vendrán impuestas por Bruselas en los meses venideros.
El Gobierno tiene por delante tres frentes para conseguir que mejore la economía. Primero, debe intentar despejar la incertidumbre sobre la economía española. En segundo lugar, debe conseguir que corra el crédito. Y tercero, ha de rebajar los costes laborales y mejorar la productividad y la formación. Las medidas presentadas ayer y el balance de la labor de Rajoy deben medirse contra estos tres parámetros.
Menos dudas
El Gobierno ha conseguido reducir por debajo del 7 por ciento el déficit público en medio de una recesión, y eso constituye uno de los principales avales de este Ejecutivo ante los mercados y Europa.
No obstante, la financiación sigue costando a ratios por encima del crecimiento, y eso siempre se ha considerado insostenible. Por mucho que Rajoy se jactase este miércoles de haber sorteado el rescate, muchos analistas consideran que lo mejor que le puede pasar a la economía española es que llegue el salvamento. El mismo Standard & Poor’s subrayaba el martes que una petición de ayuda al BCE abarataría la financiación y contribuiría a una mejora de las perspectivas para España.
Y esto depende, sobre todo, de una Alemania que encara un proceso electoral este año. Pero incluso así hay políticas que el Gobierno puede adoptar, y una de las principales debería consistir en forzar la rebaja de los precios de los activos. En cuanto los inversores sean conscientes de que hay un suelo en los precios, el dinero volverá a fluir hacia las oportunidades. Sin embargo, parece que el banco malo está más bien diseñado para contenerlos y evitar una nueva ronda de recapitalizaciones de entidades. En definitiva, se trata de una subvención encubierta a la banca porque dosificará la venta de los activos, aguantará los precios y así se nos condenará a una salida más lenta.
El atasco de la liquidez seguirá
El presidente expuso como un logro haberse endeudado barato por más de 40.000 millones, con el fin de restablecer el sector financiero y recalificarlo como solvente. Pero esa solvencia no ha bastado para que la banca preste a los sectores productivos. El crédito sigue cayendo para cualquiera que pretenda iniciar un negocio.
Así que el Gobierno ayer agrupó recursos de aquí y allá para dar una cifra de, casualmente, 45.000 millones de euros destinados a la financiación de las empresas. 10.000 millones los aportarán los bancos saneados; 22.000, el ICO; y el resto procederán de una serie de iniciativas para reforzar el aseguramiento de los créditos, titulizar las deudas, atraer capital en mercados bursátiles alternativos o mediante diversos tipos de fondos de inversión.
Unos 10.000 millones sobre los 800.000 millones del crédito bancario total representan un 1,25 por ciento de incremento en la financiación. Buena parte ya se iba a conceder de todas maneras, pues a ello obliga el Memorando del rescate bancario firmado con Bruselas.
Es decir, no parece que en su mayor parte estas cantidades sean realmente dinero nuevo. De hecho, el presupuesto habitual del ICO ya ronda los 27.000 millones en préstamos. Más bien son proyecciones demasiado optimistas como la de captar 2.000 millones a través del capital riesgo, lo cual se antoja un pensamiento ilusorio dados los rendimientos que ofrece ahora la economía española. Al más puro estilo zapateril, volver a vender la misma manta mientras se aleja el rescate y se evita tomar medidas que atajen de raíz la crisis institucional.
Para autónomos
Rajoy también adoptó una propuesta solicitada una y otra vez por los colectivos de autónomos: a partir de 2014, los autónomos o pymes con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros no tendrán que abonar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.
La medida tiene un calado mucho mayor que el que había barajado Montoro, pues se había sugerido para empresas de hasta cinco trabajadores. Parece que el presidente aprovecha que esta iniciativa tardará todavía un año en lugar de los 100 días prometidos: muy seguramente, la letra pequeña y por tanto su efectividad dependerá de cómo marche la economía en el 2014.
Casi un año después del primer plan de proveedores, se amplía éste para las que aún quedaron fuera del anterior por 2.700 millones. Y, por si acaso reinciden en el incumplimiento, anunció que se vigilará muy estrechamente que las diversas administraciones paguen.
Parches para el empleo
Rajoy presentó algunas de las medidas del paquete que prepara Empleo para promover el trabajo de los jóvenes y el emprendimiento: la tarifa plana de 50 euros para autónomos durante seis meses; la capitalización del desempleo hasta el cien por cien; la posibilidad de compatibilizar la ayuda del paro con iniciar un negocio; la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y fórmulas concursales más flexibles.
Pese a que éste Gobierno canceló la política de bonificaciones a la Seguridad Social porque éstas no funcionaban, el presidente las ha recuperado para los jóvenes estableciendo todavía más formatos contractuales. Este miércoles ha lanzado varios contratos de jóvenes que no pagarán las cotizaciones, pero de poco van a servir mientras no se reactive la inversión. Se hace especial hincapié en los temporales con incentivos a la conversión a indefinidos, de modo que las empresas aprovechen esta modalidad para empezar a contratar una vez haya cierta recuperación.
Sobre todo, Rajoy incide de nuevo en nichos y parches cortoplacistas muy parecidos a los de Zapatero. ¿Y por qué las medidas para favorecer el emprendimiento no se extienden a mayores de 30 años? En el caso de éstos, pueden perder la prestación por desempleo si abren un negocio y, encima, tienen que abonar entre 200 y 300 euros, lo que representa una invitación a quedarse en la economía sumergida antes que hacer frente a mayores riesgos. Por ejemplo, la tarifa plana sería mejor que fuese más allá de los seis meses aunque supusiera más dinero, ya que un plazo tan corto resulta insuficiente para consolidar un negocio.
¿Acaso no sería mejor bajar las cotizaciones sociales para todos y estructuralmente, lo que a su vez rebajaría los costes laborales unitarios y aumentaría la productividad, ahondando en la mejora de la balanza de pagos y las exportaciones tan cacareada por Rajoy para, al final, elevar el empleo incorporando a más gente? ¿O por qué no se simplifica y facilita toda la maraña laboral en vez de complicarla aún más? En lugar de esto, el presidente anunció otra vez una ley de emprendedores que ya se había reducido a plan y que ahora no se sabe muy bien qué contendrá.
Sin reforma tributaria
Las medidas fiscales se antojan algo mejores. El Gabinete de Rajoy brindará incentivos fiscales a los inversores de nuevas empresas; un tipo reducido del 15 por ciento para sociedades de nueva creación y autónomos durante los dos primeros ejercicios con beneficios; una reducción del 20 por ciento en los rendimientos netos que obtengan los autónomos durante los dos primeros años de resultados positivos; y una deducción del 10 por ciento para los beneficios que se reinviertan. No obstante, otra vez, estos puntos distan de la reforma tributaria que se precisa, con unas bases más generalizadas y menos concentradas sobre el factor trabajo.
Para rematarlo, el paquete elaborado a toda prisa e improvisando incluyó varias medidas más que recuerdan a la Ley de Economía Sostenible de Zapatero: por un lado, que las deducciones al I+D+i puedan guardarse para el año siguiente en el que se recojan beneficios. Por otro, una ley para la regeneración y rehabilitación urbana que suena igual que el fútil esfuerzo del anterior Gobierno de reanimar sin fondos una muy pequeña parte de la construcción. Lo dicho, hay poco margen. Y las reformas gordas vendrán, como las pensiones o la liberalización de mercados, más bien impuestas por Bruselas. Veremos qué sucede con la energética y la de la Administración.
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