Las cuentas de la Administración se desbocan. En lo que lleva de año, el Estado central ha acumulado el 3,41 por ciento de déficit, esto es, 36.364 millones, casi todo el previsto para el ejercicio completo por culpa de los adelantos a las Comunidades Autónomas, de 5.175 millones; las transferencias a la Seguridad Social, por 2.176 millones; la caída de la recaudación de unos 5.000 millones entre impuestos directos e indirectos; el alza del gasto en un 12 por ciento y el aumento de los gastos de personal del Estado central en 140 millones.
Nada funciona como debería cuando la economía cae un 1,7 por ciento. Y ante semejante desvío de los presupuestos, el Gobierno ya admite que desde hace dos semanas lo estudia todo, desde las alzas del IVA, a los impuestos al tabaco, los medioambientales como el céntimo verde sobre los carburantes o la tasa a la generación eléctrica e, incluso, la supresión de la deducción por vivienda.
La trayectoria de los pagos, los ingresos y el déficit marcha demasiado parecida a los de los dos años anteriores. Y ello se debe en gran medida a que se ha adelantado mucha liquidez a las autonomías, corporaciones locales, la Seguridad Social y los presupuestos de la UE, por un total de 9.000 millones. Sustraídos estos anticipos, el déficit del Estado central se situaría en el 2,38 por ciento, unos 27.854 millones.
A las comunidades se les han entregado ya 5.175 millones que les correspondían en julio. Y eso provoca numerosas dudas sobre si serán capaces de presentar unos presupuestos ajustados a partir de entonces.
Aunque el Gobierno espera brindar así algo de tiempo para que los ejecutivos regionales vayan aplicando los recortes en Sanidad y Educación, hacia finales de año veremos como mejoran las cuentas del Estado central pero empeoran las de las autonomías.
El gasto del Estado tampoco se contiene y se eleva un 12 por ciento, sobre todo porque incluye todos los adelantos antes mencionados a las CCAA, la Seguridad Social, corporaciones locales y presupuestos de la UE. Sin éstos, el gasto se reduciría en 2.000 millones. Por ejemplo, la inversión cayó un 35,9 por ciento, con el capítulo de Defensa siendo el que menos se reduce, sólo un 0,4 por ciento.
Los gastos corrientes se rebajan un 30 por ciento para lograr unos 500 millones en ahorros hasta los 1.043 millones. Sin embargo, estos recortes se ven más que neutralizados por los gastos financieros, que suben por el encarecimiento de la deuda un 32 por ciento desde los 8.757 millones a los 11.555 millones.
Pese a la subida de impuestos y la previsión del Ejecutivo de que la recaudación subiría para este ejercicio, los ingresos por impuestos directos e indirectos se desploman en unos 5.000 millones. Por primera vez en 2012, se captó más por IRPF, aunque sólo un 0,8 por ciento. Sociedades se redujo en un 8 por ciento y el IVA se desplomó un 10 por ciento. Únicamente se ha disparado la tributación por tasas, precios públicos y otros, que se duplica desde los 2.030 millones a los 4.590 millones.
La partida de gastos de personal del Estado central repunta un 1,4 por ciento, desde los 9.998 millones hasta los 10.139 millones. La masa salarial de los funcionarios apenas se ha recortado un 0,9 por ciento, y las pensiones y otras prestaciones de los trabajadores públicos hacen que el desembolso aumente.
Además, la proyección del empleo también hace temer por el superávit de la Seguridad Social y si harán falta aún más transferencias para evitar los números rojos.
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