Las cuentas que ha presentado el Gobierno a Bruselas, en las que los números cuadran sobre el papel con sus perspectivas de ingresos y gastos, no han tenido en cuenta el coste de devolver el IRPF con el que se han gravado las prestaciones de maternidad, después de que el Tribunal Supremo haya decidido que deben estar exentas del pago de este impuesto. Estas devoluciones supondrán entre 1.100 y 1.200 millones de euros para las arcas del Estado, según ha pronosticado la ministra de Hacienda.
El Supremo ha decidido que ese gravamen debe devolverse a las madres que lo hayan abonado en los últimos cuatro años, por lo que el Gobierno pondrá a su disposición un mecanismo "en unos días" para que se pueda solicitar la devolución de forma homologada.
A pesar de que este gasto extra no estaba contabilizado en los Presupuestos Generales del Estado, la Ministra confía en que estos salgan adelante con el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y prevé que puedan estar aprobados en febrero, según afirmó en su intervención en un Foro organizado por Cinco Días.
Defendió que esas cuentas permitirán a España salir de la senda del déficit excesivo y reducir su déficit estructural hasta el 1,8% del PIB en 2019.
"Los Presupuestos cumplen con la disciplina fiscal, prevén una reducción del déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2019, una cifra realista porque el anterior ejecutivo diseñó un presupuesto pasándose del objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas. De hecho, si no hubiera políticas nuevas, el déficit cerraría en el entorno del 2,2 o 2,4% el próximo año", afirmó.
Otras medidas
Montero repasó medidas como la subida del IRPF a las rentas altas, el incremento del Impuesto de Patrimonio, la bajada del Impuesto de Sociedades para las pymes y la implantación de dos nuevas tasas (a las transacciones financieras y a las tecnológicas).
Precisó además que un 30% de la recaudación procedente del Impuesto al Diésel se convertirá "en ayudas" para que los ciudadanos puedan cambiar sus vehículos por otros medioambientalmente sostenibles pero que el procedimiento que se utilizará no será similar al Plan Renove, y descartó estar trabajando en un impuesto que grave el azúcar, ya que "no perseguiría un fin recaudatorio".
Defendió también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, porque "no hay evidencias" de que la medida pueda destruir empleo y "la intención es que los trabajadores tengan salarios dignos porque es bueno para la economía y la igualdad social".
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