España cerró el año 2020 con un déficit público del 10,09% del Producto Interior Bruto (PIB), el mayor agujero fiscal desde el año 2009, en que el desfase presupuestario fue del 11,06% del PIB.
Este dato significa que el desfase presupuestario (la diferencia entre lo que gastó el Estado y lo que ingresó) fue de unos 111.000 millones de euros, 77.500 millones de euros más que en 2019, tal y como ha anunciado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si se incorporan las ayudas financieras -incluyendo la consolidación de la Sareb-, el déficit asciende al 10,97% del PIB.
El incremento sin precedentes del déficit público, que ha pasado del -2,9% en 2019 al 10,09% en 2020, se debe al efecto que ha tenido la pandemia de la covid-19 en las cuentas públicas.
Por un lado, el Gobierno incrementó el gasto público en 53.500 millones de euros, para poder aumentar el gasto sanitario necesario para enfrentar la pandemia y también para aplicar medidas de protección de rentas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE, que conllevan un gasto en prestaciones por desempleo) y otras ayudas como la prestación de autónomos, entre otras.
Montero ha señalado que nueve de cada diez euros del incremento del gasto público se destinaron a estos fines, mientras que el 10% restante fue aumento de gasto estructural -derivado de medidas como el Ingreso Mínimo Vital, no vinculadas a la pandemia-.
Al mismo tiempo, las Administraciones han sufrido una caída de los ingresos del 5%, tanto tributarios (la caída del consumo, del empleo y de los beneficios empresariales provocan menos ingresos por IVA e Impuesto de Sociedades), como en cotizaciones sociales a la Seguridad Social (por la caída del empleo y las exoneraciones), entre otras.
La ministra ha precisado que los ingresos fiscales descendieron un 8,8%. El IRPF fue el único tributo cuya recaudación aumentó (un 1,2%), debido a que los ERTE han permitido mantener el empleo, ha señalado Montero, y a medidas como la subida de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos, que suponen un incremento a su vez de la contribución en IRPF.
La recaudación del IVA cayó en casi 10.000 millones de euros, por el parón de la actividad y del consumo; la de los impuestos especiales bajó un 12,1%; y la recaudación del Impuesto de Sociedades se hundió un 33,2%, hasta aportar 15.800 millones de euros.
Desglose por Administraciones
Por administraciones, el déficit público de la Administración Central fue del -7,49% del PIB; el de las Comunidades Autónomas, del -0,21%; el de la Seguridad Social, del -2,65%; y las Corporaciones Locales (ayuntamientos) tuvieron un superávit de 0,26%.
Este desglose, sin embargo, apenas aporta información, ya que debido a la pandemia el Estado Central se ha ocupado del mayor incremento del gasto y ha recaído sobre él el mayor desvío del déficit, ya que ha hecho transferencias tanto a la Seguridad Social como a las Comunidades Autónomas.
El dato divulgado este lunes es mejor que con la previsión del Gobierno, que en el mes de octubre actualizó un punto a la baja su estimación hasta el 11,3% del PIB en su Plan Presupuestario. En abril habían comunicado a la Unión Europea una desviación prevista del 10,3%.
El Ejecutivo había previsto que el déficit se repartiera: -6,6% en la Administración Central, -4,1% en la Seguridad Social, -0,6% en las Comunidades Autónomas y 0,0% en las Entidades Locales.
En 2009 el déficit fue del 11,06% del PIB
La última vez que se registró un déficit público de este calibre en España fue en el año 2009, tras el estallido de la crisis financiera de 2008, cuando el agujero fiscal fue del 11,06% del PIB.
Desde ese año, la consolidación de las cuentas públicas ha permitido ir reduciendo paulatinamente el déficit público hasta situarlo en el 2,5% del PIB en el año 2018. En 2019, por el enfriamiento del crecimiento y las políticas de corte más progresista, el déficit volvió a aumentar hasta el 2,9%.
Aunque la Unión Europea recomienda que en época de crecimiento económico los países aprovechen el crecimiento del PIB para conseguir un superávit presupuestario, nuestro país ha sido incapaz de lograrlo en toda la última década y encaró la crisis del coronavirus sin margen fiscal.
Actualmente está suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que obliga a los países a mantener el déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública en niveles inferiores al 60% del PIB, y previsiblemente seguirá sin efecto en el año 2022, lo que supone que los estados tienen manga ancha para incumplir en sus cuentas.
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