La Troika no tenía la menor idea de que el Gobierno daría un giro de 180 grados con la reforma eléctrica exigida por Europa. Y en estos días aprovecha su visita a Madrid para pedir explicaciones, según sostienen fuentes conocedoras de los encuentros con los hombres de negro.
El Gobierno se había comprometido con Bruselas a que antes del cierre de 2013 acabaría con el déficit de tarifa, el agujero provocado por la diferencia entre lo que abonan los usuarios y el coste real del suministro. Y para ello había diseñado una reforma que repartía el sobrecoste a partes iguales entre los consumidores, las empresas y el Estado, de forma que Hacienda tenía que aportar de las arcas públicas unos 3.600 millones. Pero de un día para otro las dificultades a la hora de domeñar el déficit presupuestario han obligado al Gobierno a retractarse y posponer este desembolso.
El Gobierno español suele cumplir con las reformas comprometidas, por eso sorprende este giro sin negociación ni aviso previo
Un repentino movimiento que no ha sido consultado y que ha causado sorpresa y perplejidad en el entorno de la Troika. Salvo por la insuficiencia de medidas respecto a las políticas activas de empleo y el retraso con la reforma fiscal y la valoración de las principales partidas de gasto incluida en la reforma de las Administraciones, el Gabinete de Rajoy se ha ceñido bastante fielmente a todas las recomendaciones de Bruselas.
“Pese a su tono a veces combativo, el Gobierno suele cumplir”, apunta una de estas fuentes. Sin embargo, la decisión de postergar el fin del déficit de tarifa supone un incumplimiento flagrante de las exigencias impuestas por el Consejo Europeo. Éste consideraba en junio imprescindible que se atajase de una vez por todas el desfase tarifario del sector eléctrico, ya que tal y como recogía el informe de los técnicos de la Comisión representa “un pasivo contingente considerable para el presupuesto y plantea riesgos macroeconómicos no desdeñables, hasta el punto que puede incidir negativamente en la futura dinámica de la deuda”.
Si bien ahora el ambiente y las relaciones con la Troika son más distendidas, el Gobierno tiene que argumentar y justificar semejante paso atrás, máxime cuando todavía está sometido a un programa de ayuda financiera. En otras ocasiones, como por ejemplo con la reforma de las pensiones, el Ejecutivo ha sido capaz de persuadir a la Troika y reconducir las reformas por otros derroteros.
Y eso mismo tendrá que abordar el ministro de Industria, José Manuel Soria, en su reunión hoy en Bruselas con el comisario de Energía, Günther Oettinger. Juntos tendrán que analizar las soluciones que en la actualidad se están pergeñando entre el Ministerio de Hacienda y el de Industria, inmersos ahora mismo en las negociaciones con las empresas afectadas.
Soria visita a Oettinger, considerado un pro renovable, con el objeto de discutir las dudas que tiene el Ejecutivo comunitario sobre la reforma eléctrica y su impacto en el sector de las renovables. La Comisión "todavía está examinando la conformidad de las reformas del sector eléctrico españolas adoptadas en julio de 2013 con la legislación europea primaria y secundaria, con el fin de adoptar medidas adicionales de la UE si resulta apropiado", indicó a Europa Press la portavoz de Energía, Marlene Holzner.
La Comisión pide al Ejecutivo de Rajoy que no tome medidas respecto al déficit de tarifa que dañen el clima inversor
En concreto, el Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno español que "preste especial atención a garantizar que las medidas empleadas para eliminar el déficit de tarifa no afecten negativamente al clima de inversión en el sector energético de España". "En particular, garantizar un buen clima para la inversión en energías renovables es importante no sólo para España sino para la UE en su conjunto", destacó la portavoz.
Bruselas ya ha dejado claro en el pasado su diagnóstico sobre el problema del déficit tarifario, que ni mucho menos coincide con el del Gobierno español. Su opinión se hizo patente en el informe de evaluación del programa de reformas de España que publicó a finales de mayo de 2012, en el que dio un rapapolvo al funcionamiento del sistema eléctrico español e hizo suyos muchos de los argumentos de las empresas de energías renovables, entre ellos los de que las centrales nucleares e hidráulicas están "amortizadas" y reciben una compensación "excesiva" por su producción.
El informe criticaba el "ineficiente" sistema de tarificación español, con "un nivel de competencia insuficiente", por la persistencia de un sistema de tarifas reguladas para los consumidores domésticos, y arremetía contra los recortes a las renovables por considerar que esta política "desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos" en 2020. Pese a ello, Soria ha cargado buena parte de los ajustes sobre el sector renovable.
Aquel documento también consideraba que el déficit tarifario (una deuda de los consumidores con las eléctricas, contraída porque los sucesivos Gobiernos la reconocieron a las empresas a cambio de no subir la luz) se debe "en parte" a esa falta de competencia y criticó los "costes ocultos derivados del apoyo a ciertas actividades reguladas", como las "subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón" o la retribución de las actividades de transporte y distribución eléctrica.
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