Trabajadores de Santander, Mediaset y Endesa promueven demandas contra estas empresas por sus protocolos Covid, que obligan a hacerse PCR diaria si no se enseña certificado de vacunación. Así lo trasladan fuentes empresariales y jurídicas a Vozpópuli, que explican que se trata de demandas por vulneración de derechos fundamentales por discriminación, atentado a la intimidad y violación de la integridad física por el protocolo que exigen estas empresas. Alegan que se incumple la normativa española sanitaria, laboral y de protección de datos, en la que la vacunación es voluntaria y no se puede pedir a un empleado que dé datos sanitarios ni discriminarle.
Estos protocolos los han implantado algunas grandes empresas como las citadas y el Instituto de Empresa desde la vuelta del verano. El trabajador que no comunique su certificado de vacunación a los servicios médicos de la empresa, deberá hacerse una PCR semanal o diaria, según los casos, si quiere acceder al centro de trabajo, proceso que suele monitorizarse a través de una aplicación. Otras empresas obligan a realizar PCR periódicas en todo caso.
El Instituto de Empresa (IE) ha implantado un modelo por el que exige el Certificado Covid para entrar en sus instalaciones y ofrece realizar prueba al que no lo tenga en la enfermería del campus. Lo denominan We are ready, y explican que "los miembros de la comunidad de IE University deben comprobar diariamente si presentan síntomas de covid-19 antes de entrar en el campus". Deben registrarse en la Covid-19 Tracer Web App 15 días antes de llegar y completar la información sobre su estado de salud y la sección de Daily Symptoms Evaluation.
Estos conflictos con sus propios trabajadores llegan cuando empresas y organismos públicos exigen ya el Pasaporte Covid a clientes y proveedores. En algunos casos, analizan bonus o incentivos para los trabajadores vacunados e incluso estudian el despido del que no facilita el Pasaporte Covid porque no puede prestar servicios a clientes que lo exigen. Santander, como IE, exige Certificado Covid para entrar en sus instalaciones.
Con el objetivo de proteger a los empleados
El equipo jurídico de la Asociación Liberum ha interpuesto acciones administrativas y demandas ante la Jurisdicción Social por discriminación y vulneración de derechos fundamentales. Las más avanzadas son las de una veintena de trabajadores de Santander de distintos puntos de España, entre ellos, Madrid, Sevilla y Málaga, con vistas de los juicios fijadas para enero y febrero. Se trata de procedimientos más ágiles que los que se siguen en general en las demandas laborales al reclamarse vulneración de derechos fundamentales. Se han solicitado medidas cautelares para paralizar el protocolo que no han sido concedidas. Aunque ha habido trabajadores que han podido seguir accediendo al centro de trabajo sin hacerse PCR, no está claro que esto siga siendo así ni vaya a serlo, según ha podido saber este diario.
"Las nuevas medidas para acceso a los centros de trabajo tienen el objetivo de seguir protegiendo la salud de empleados, clientes y resto de personas que acuden a nuestras oficinas", trasladan desde Santander. "Estas medidas se han tomado a propuesta de los Servicios de Prevención, y han sido previamente consultadas con las representaciones sindicales y autoridades sanitarias, y tras análisis de la legislación vigente". El protocolo fue avalado por los sindicatos, con la excepción de CGT. Fuentes del banco añaden que "también se pretende tener en cuenta el grado de inmunidad colectiva y el estado vacunal de los trabajadores tanto en el proceso de diagnóstico de casos sospechosos, como en el manejo de contactos, y el de las personas especialmente vulnerables al riesgo".
En algunas de sus recomendaciones sobre el coronavirus, el banco ha planteado: "¿Puedo contraer el Covid-19 si me he vacunado?" Y respondía: "Es posible. Por lo tanto, es de esperar que haya un porcentaje de personas que enfermen de Covid-19 a pesar de estar vacunadas", además de añadir en las citadas directrices que los vacunados pueden contagiar.
Desde Mediaset y Endesa trasladan que no les consta que haya demandas interpuestas. Alexis Aneas, abogado y portavoz de Liberum, explica que en estos casos el proceso se encuentra en la llamada fase amistosa o prejudicial, por el que se presenta un escrito antes de ir a juicio. Fuentes de Mediaset subrayan que han obtenido certificado Aenor por sus medidas contra el coronavirus.
Clara Mañoso, socia de Laboral de Araoz & Rueda, explica, respecto a las exigencias de Certificado Covid a proveedores y clientes, que algunas empresas están pidiéndolo o exigiendo que se haga un test antes de la jornada o de realizar un servicio, y algunos trabajadores se niegan a dar información o a hacerse tests. Y cuando la exigencia viene de proveedores o clientes, la empresa alega que ante un servicio contratado con un tercero para una tarea concreta, si trabajador no le es útil, tiene que buscar a alguien que reúna los requisitos. "Muchas empresas se plantean qué medida tomar, si pueden despedir, si el despido sería disciplinario u objetivo por no tener la aptitud necesaria para el puesto de trabajo", traslada, y añade que "cabe alegar que es discriminatorio, incluso cuando se está de baja no se tiene que comunicar a la empresa el motivo. Con el marco legal vigente, el despido sería nulo, con posible sanción a la empresa, que puede proponer al empleado que asuma otras funciones".
A juicio de Mañoso, que se exija PCR diaria es una medida "desproporcionada en materia prevención de riesgos laborales", ya que apunta que el empresario cumple con mascarillas, gel y distancia, no se le puede exigir más allá. Esta abogada señala que el trabajador puede plantear demandas por vulneración de derechos fundamentales por discriminación, y que la empresa se arriesga a una multa, grave. "En la legislación laboral hoy por hoy haría falta una ley orgánica que desarrollara estas obligaciones".
El Supremo
En el extremo opuesto, el Tribunal Supremo ha rechazado que se pueda exigir a una empresa que haga test PCR a sus empleados, incluso en el caso de una empresa de conductores de ambulancia, a los que se presupone mayor riesgo. En una sentencia de 20 de mayo de 2021, no aprecia esta obligación que exigía la representación sindical de la empresa adjudicataria del servicio de transporte y asistencia de emergencias sanitarias para la red de transporte urgente de País Vasco.
En este escenario, la preparación de las cenas de Navidad está suponiendo un quebradero de cabeza para las empresas. Además de las restricciones sanitarias que evaluar, el problema que está planteándose es qué protocolo seguir con la vacunación y las pruebas de antígenos, en un momento en el que crece la presión para vacunarse. Los despachos están recibiendo un alud de consultas de empresas por la base legal que tienen para actuar y sobre las responsabilidades que asumen parta todos estos casos y en ausencia de legislación.
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