Dos asociaciones de consumidores han denunciado ante el Tribunal de Cuentas una presunta defraudación de "más de 45 millones" de euros públicos favorable a Agbar, accionista mayoritario de Aguas de Barcelona y uno de los principales operadores hídricos en el Estado, entre 2002 y 2022, en el marco de sus servicios al ayuntamiento de Cartagena bajo su filial Hidrogea, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. De acuerdo a fuentes del Tribunal de Cuentas, el caso "se ha turnado al Departamento Segundo de Enjuiciamiento" y "está en fase de diligencias preliminares, en tramitación".
Los denunciantes son la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR), representada por Marcelo Correa Pérez-Cortés, y la Organización de Usuarios y Consumidores de agua de Cartagena (AGUAIURIS), liderada por la abogada Pilar Esquinas Rodrigo. Su denuncia ante el órgano fiscalizador de las cuentas públicas data del pasado 6 de febrero de 2023, si bien la misma no ha trascendido hasta ahora.
Desde entonces, el Tribunal ha recabado las alegaciones del Ayuntamiento de Cartagena y la contestación a estas de parte de los denunciantes el pasado 8 de noviembre, incidiendo esta última en que sobre los hechos ahora denunciados, "no se ha seguido ningún pleito". Ahora, será el Tribunal de Cuentas el que delibere, sin que se pueda descontar un plazo, sobre si avanza o archiva la investigación.
La denuncia incluye presuntas irregularidades en la implantación del canon de saneamiento desde 2002 por parte de Hidrogea en Cartagena así como en sus liquidaciones anuales y gestión de las fianzas y contratos para todo el período entre 2002 y 2022. Además, se denuncian incongruencias entre las liquidaciones aprobadas por los técnicos municipales entre 2013 y 2017, la auditoría de Ernst & Young para 2014 presentada por Hidrogea y las Listas Cobratorias de Hidrogea 2015-2017 entregadas por Transparencia a la propia Asepucar. En el lapso bajo denuncia, el Consistorio murciano fue gobernado alternativamente por el Partido Popular, el PSOE y Movimiento Ciudadano de Cartagena, si bien ahora la alcaldesa, Noelia María Arroyo Hernández, pertenece al PP.
El ayuntamiento y Agbar se remiten a cinco pleitos anteriores
Las alegaciones ante el Tribunal de Cuentas presentadas por el ayuntamiento inciden en que "sobre los hechos objeto del totum revolutum de la denuncia se han seguido múltiples pleitos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cartagena y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia" y que todos ellos han acabado siendo archivados o desestimados tras ser admitidos a trámite.
De los cinco pleitos aludidos en las alegaciones ante el TC, cuatro se refieren a recursos presentados contra la orden de la Comunidad Autónoma de Murcia a iniciativa del ayuntamiento en 2012 que autorizó a Hidrogea a implementar nuevas tarifas sobre el servicio de agua potable en Cartagena: los interpusieron particulares que han cuestionado la concesión a Agbar, como el propio Marcelo Correa Pérez-Cortés, el exalcalde de Cartagena entre 2015 y 2017 por Movimiento Ciudadano de Cartagena, José López Martínez, o el Presidente de la Fundación Sierra Minera, Juan Miguel Margalef Martínez.
Además, la defensa del ayuntamiento añade un quinto pleito que inició la actual concejala Pilar Marcos Silvestre para impulsar que se revise de oficio el acuerdo de Pleno de 2003 que extendió la concesión a Agbar hasta el máximo de 50 años; acabó inadmitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cartagena por falta de legitimación de la denunciante.
A preguntas desde este medio sobre la nueva denuncia ante el Tribunal de Cuentas, desde Agbar reproducen también las resoluciones judiciales esgrimidas por el ayuntamiento y añaden una desestimación en Casación del Supremo de los recursos contra la orden de 2012, a la vez que aseguran que los "hechos denunciados han pasado por filtro judicial y todos han sido declarados legales y conforme a derecho".
La denuncia ante el TC abarca todo el período 2002-2022
Ya en 1992, la compañía controlada ahora por el grupo francés Veolia y ligada accionarialmente vía Aguas de Barcelona al ayuntamiento de Barcelona se hizo con la concesión del Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cartagena a través de su antigua subsidiaria, Aquagest (actualmente, Hidrogea). Las presuntas irregularidades ahora denunciadas habrían comenzado en 2002 y 2003, tras los convenios firmados entonces por la alcaldesa, del PP, Pilar Barreiro, con Aquagest y una nueva empresa pública regional, Esamur. La nueva denuncia se centra en supuestas irregularidades de parte de la empresa a la hora de gestionar los fondos de la concesión pública.
"Con motivo de la implantación del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 3/2000 establecía que los ayuntamientos debían descontar los gastos de Depuración porque a partir del 01/07/2002 se introducía el Canon de Saneamiento de la Región de Murcia y Esamur, empresa regional, se hacía cargo de esos gastos", comienza razonando el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas por los denunciantes.
"Para conseguir un mayor beneficio, Aquagest falseó los gastos y descontó solamente 425.577,13 euros, eso sí, con el VºBº del Interventor municipal, pasando a cobrar de Esamur, por el mismo concepto, 2.795.314,55 euros anuales, lo que supuso un aumento de ingresos del 557% sin haber modificado el contrato", incide el recurso ante el Tribunal de Cuentas. "Si consideramos la diferencia que no se descontó y multiplicamos por 20 años en que no se ha corregido, puede sumar más de 45 millones de euros, a los que habría que sumar intereses y sanciones".
La nueva denuncia
En un primer momento, la concesión se extendería por 25 años, hasta 2017, pero con fecha de 12 de noviembre de 2003, "faltando 14 años, se aprueba 'ampliar el horizonte temporal del contrato por 25 años, hasta diciembre de 2042, máximo contemplado en el pliego de condiciones", según narra la denuncia presentada por las dos Asociaciones de consumidores ante el Tribunal de Cuentas.
El texto comienza incidiendo en que, ya para la primera década del contrato, había inversiones comprometidas por 10 mil millones de pesetas, de las que 8 mil millones "no se habían realizado" al momento de la primera prórroga del contrato, en 2001, contra la que llegó a emitir un dictamen contrario el Consejo Jurídico Regional.
En cuanto a las liquidaciones anuales, la denuncia puntualiza que, "hasta el ejercicio 2010, presentaban unas liquidaciones que se aprobaban sin mayores comprobaciones, los años buenos por los malos, dentro del 'riesgo y ventura' del contrato". Sin embargo, "en el ejercicio 2011 se produjo un aumento de ingresos de más del 20% en la venta de agua debido a la puesta en marcha de la nueva refinería de Repsol en Escombreras", Lo anterior, "junto con un aumento en la recaudación de la cuota fija de alcantarillado, debido a que la previsión de abonados en el estudio de tarifas de alcantarillado de 2010 era falsa", motivó la revisión de la desviación de ingresos.
La documentación de los denunciantes pone de relieve cómo en el año 2015 se produjeron 1.676 fianzas por altas, con un valor equivalente a 46.275 euros, y 647 bajas, "de las cuales solamente se devolvieron 33
En palabras de los denunciantes, el "exceso de venta admitida como Ventura" acabó suponiendo "un aumento de los beneficios del 89%, que, en lugar de ser liquidados al Ayuntamiento, quedó en manos de Hidrogea con los informes favorables del Sr. Pérez Zulueta, por aquel entonces ingeniero de infraestructuras en la bolsa de trabajo, el interventor accidental y el Jefe de los Servicios Jurídicos".
En cualquier caso, la documentación de los denunciantes añade otras cuestiones más allá de la revisión de tarifas de 2012, que ha centrado los procesos judiciales hasta la fecha.
Presuntas irregularidades posteriores a 2012
En la nueva denuncia, se apunta que en el año 2015 se produjeron 1.676 fianzas por altas, con un valor equivalente a 46.275 euros, y 647 bajas, "de las cuales solamente se devolvieron 33 -por valor de 2.879 euros-, lo que equivale a un 5,1%". "Si dividimos la suma de importe por el número de fianzas, obtenemos un importe por alta de 27,61 euros y de baja de 87,26 euros, lo que no cuadra con el importe de alta que cobran de 28,53. En Hidrogea, los errores, si se trata de ingresos, siempre son por menos y si se trata de gastos, por más".
Entre otras cuestiones, la denuncia de ASEPUCAR y AGUAIURIS también pone de relieve haber detectado 11.935 contratos del ciclo 2015-2017 que "dejan de declararse sin haber retirado el contador y 9.801 que comienzan a facturarse sin haberse declarado como nuevos contratos". Un agujero de unos 632.000 euros anuales.
"Desde hace 6 años tenemos pedido por Transparencia el Padrón de Contadores, de propiedad municipal gestionado por Hidrogea, pero a pesar de las múltiples reclamaciones del Defensor del Pueblo no nos lo han entregado", añaden las Asociaciones. "Desconocemos el número de contratos acumulados en estas condiciones (...) Sin embargo, se podría comprobar si se dispusiera del Padrón de Contadores y las listas cobratorias de los últimos 10 años". Si bien para el período 2018-2021, los denunciantes aseguran no disponer de las listas cobratorias, remarcan que, a la luz de las liquidaciones cotejadas, "parece que se repite la 'desaparición' de contratos, ya que la recaudación no se corresponde con el aumento de contratos declarados".
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