"Día de la marmota". Así ha definido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la negociación de la reforma de las pensiones: "No hay reuniones, no tenemos información", ha dicho este martes en la presentación de un informe sobre el primer aniversario de la reforma laboral, lo que ha atribuido a la "parálisis política" y al intento de lograr apoyos dentro del propio Gobierno.
Acaba el mes de enero igual que lo hizo el de diciembre: no es ya que no se hayan aprobado la reforma de las pensiones ni la subida del SMI, es que ni siquiera hay todavía acuerdo en el seno del Ejecutivo de coalición sobre estos dos asuntos, que en el caso de las pensiones requiere también de una compleja negociación con el resto de socios de Pedro Sánchez para que pueda aprobarse.
Y es que al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, le ha estallado el conflicto que trató de evitar retrasando la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones: la negativa de sus socios, capitaneados por Podemos, a elevar el cómputo. Hasta los sindicatos, que no le ponían "una línea roja sino 10" a esta asunto, se han mostrado proclives a avalar algún retoque, a cambio de mejoras en el acceso a la pensión.
El fantasma de Pablo Iglesias, bestia negra de Escrivá en este asunto, sobrevuela. La negociación está atascada en esta ventanilla, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apresurara a advertir desde Guadalajara (México) el 30 de noviembre, día en que se sustanció la única propuesta armada del ministro en la segunda y última reunión formal con los agentes sociales que ha habido: "Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos. Es recortar derechos".
Ese lunes de finales de noviembre Inclusión planteó extender el periodo de cómputo de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, lo que acompañó de una subida de las bases máximas con el IPC y un aumento adicional anual de 1,154 puntos hasta 2050. El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura ha calculado que la subida de bases máximas sólo ahorrara 1.300 millones en 2065.
El Gobierno había prometido a Bruselas que esta reforma estaría aprobada antes del 31 de diciembre y de ella dependen 10.000 millones de euros del cuarto tramo del Plan de Recuperación, uno de los más voluminosos. Si bien la Comisión Europea se muestra flexible con los plazos, la reforma de las pensiones está sobrepasando varias líneas rojas en las formas y en el fondo. Es la más retrasada de todas -cabe recordar que en la de la cotización de los autónomos, prevista para el 30 de junio, hubo acuerdo el 20 de julio, in extremis, plazo que ya se ha sobrepasado ahora- y sobre todo, la más polémica y la que más preocupa a la UE.
De hecho, hace un año, el Gobierno no solicitó a Bruselas el pago del segundo tramo hasta el 30 de abril de 2022, pero las reformas de aquél, más complicadas si cabe que las ahora pendientes, la laboral y la primera parte de la de las pensiones, se completaron en tiempo y forma antes del 31 de diciembre de 2021. Es decir, que los preparativos para la petición llevan tiempo y ahora van mucho más retrasados.
La reforma de las pensiones es la más problemática y cuestionada de todas las comprometidas a cambio de fondos europeos. En este cuarto tramo ahora en liza, además, el ministro de Inclusión debe ofrecer a Bruselas un extra, debe solventar las carencias que la Comisión ha detectado en la sostenibilidad de la reforma por haber ligado la subida de las pensiones a la inflación, sobre la que ha advertido al ministro, según empezó a deslizar el propio Ministerio a la vuelta del verano. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un mecanismo que pretende hacer la reforma sostenible, que debería haberse incluido en este cuarto tramo, pero que Escrivá adelantó un año como estrategia negociadora.
Pues bien, el ministro negocia desde el verano con Bruselas una reforma del MEI que supone una subida de cotizaciones sociales de cerca de 70.000 millones, de la que el 80% recae sobre las empresas, que se suma a la de 30.000 millones que ha entrado en vigor este enero. El Gobierno pretende que esta propuesta para zanjar el cuestionamiento de la Comisión Europea a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones acompañe los dos elementos pendientes, la subida de bases máximas y del periodo de cómputo,en un Real Decreto-ley que debía estar aprobado antes del 31 de diciembre.
Reforma extra
Bruselas exige convertir el MEI, la subida de tipos de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero hasta 2032 que pretende hacer sostenible la vinculación de las pensiones con el IPC, en 'automático', en lugar de semiautomático. Es la crítica "técnica", según el ministro de Inclusión, que plantea la Comisión, una pega al mecanismo que ha ideado Escrivá que no le pone al que aprobó el PP y que ha derogado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Factor de Sostenibilidad.
La fórmula que contempla el Ministerio para contentar a la Comisión Europea es extender el MEI de 2032 a 2050 sin de momento elevar la subida de 0,6 puntos. El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero de 2022 el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022 si se le añade la consolidación de la paguilla de 2022.
A partir de 2031, el MEI prevé una revisión cada tres años. Si no fuera suficiente, se establece que el Gobierno de entonces disponga de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual. Si con todo la desviación no fuera cubierta, se plantea que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, de hasta un límite del 0,8% del PIB, sin concretar cómo.
El nerviosismo de lo sindicatos
"No nos podemos encomendar a San Casero", ha resumido con ironía Pepe Álvarez este martes sobre la accidentada aprobación de la reforma laboral sólo por el error en el voto del diputado del PP Alberto Casero, y ha instado al Gobierno a que traiga un acuerdo con los grupos políticos sobre la reforma de las pensiones.
El nerviosismo de los sindicatos crece por la falta de noticias del Gobierno sobre la subida del SMI. Sólo ha habido una reunión en diciembre, en la que el Gobierno no dio su cifra pero sí que remitió la suya CEOE, un alza del 4% a 1.040 euros, por debajo de la horquilla de los expertos que asesoran a Díaz, de entre 1042 y 1.082. UGT exige que el incremento sea a 1.100 euros y las centrales no aceptarán nada que esté por debajo de los 1.080 euros.
Aunque desde el Ministerio de Trabajo se trasladó el 10 de enero que el Gobierno tenía una cifra, que fuentes del diálogo social sitúan en el entorno de los 1.066 euros, el tiempo transcurrido sin ni siquiera convocar la mesa parece desmentir que haya acuerdo entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero lo que más preocupa a los sindicatos es la llamada de la vicepresidenta primera, que ha compartido Díaz, a negociar. Se temen que el Gobierno pretende utilizar a CEOE para rebajar sus pretensiones de subida por debajo de los 1.080 euros y que quiere ligar además esta mesa a la que negocia el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sólo compete a patronal y sindicatos.
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