La Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2012 arrojó este jueves la destrucción de 288.700 empleos en el sector privado y 74.500 en el público. A la luz de estos datos, toda la argumentación del Gobierno basada en que se vislumbraban ciertos indicios de mejora se ha quebrado.
El Ejecutivo explicaba hasta ayer que el sector privado ya se había reestructurado y que, a partir de ahora, tan sólo asistiríamos a los despidos en el servicio público, cuyo ajuste marchaba con retraso.
Sin embargo, los 289.000 ocupados menos en el ámbito privado apuntan que el ajuste de este sector está lejos de completarse, en contra de lo que preconizaba el Gobierno en cuanto atisbó unos brotes verdes allá por el tercer trimestre de 2012.
En un solo año se han perdido 850.400 empleos y se contabilizan 691.700 parados más, lo que deja un total de 5.965.400 desocupados, el 26,02 por ciento de la población activa, frente a los 16.957.000 con un puesto de trabajo.
Y lo peor es que el ritmo de volatilización se agudiza de nuevo, pues hemos pasado de suprimir esos 850.000 empleos en 2012, unos 2.300 al día, hasta los 363.000 puestos destruidos únicamente entre octubre y diciembre de 2012, unos 4.030 al día, un ritmo sólo inferior a los peores momentos de 2008.
El Gabinete de Rajoy se habría topado a estas alturas con seis millones de parados si no fuese porque la población activa ha retrocedido en 176.000 personas. La gente se marcha del país o abandona la búsqueda de un trabajo.
De hecho, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, hay 116.800 personas menos en España que en el trimestre anterior. Y la población extranjera mayor de 16 años se ha aminorado en 73.700 personas.
Un 50 por ciento del incremento en la población activa durante la bonanza se debió a la inmigración, según datos del Banco de España. Pero ahora el paro entre los inmigrantes asciende al 36 por ciento y los flujos migratorios están cambiando y, por lo tanto, se está rebajando el desempleo.
Ya en el sexto año consecutivo de pérdida de puestos, otra parte importante de la disminución se explica por los desanimados, en especial jóvenes. La tasa de individuos menores de 25 años incorporados al mercado laboral, bien sea trabajando o buscando empleo, se sitúa en total en el 59 por ciento. Y el desempleo de la gente joven se eleva hasta el 55 por ciento, de lo que se deduce que aproximadamente sólo uno de cada cuatro menores de 25 años tiene una colocación.
El desánimo tiene más números: un 55 por ciento de los parados llevan más de un año sin ocupación, y las familias con todos sus miembros en paro suman 1,8 millones.
Salvo la agricultura, todos los sectores productivos padecen la sangría. Los servicios, el presunto puntal que debería tirar de una economía moderna, bajó en 305.000 empleados; la construcción aún expulsó 62.900; y la industria, 58.500.
Según los expertos, tales cifras distan de representar un suelo y aventuran una primera mitad de 2013 también muy mala, en la que la tasa de paro podría rondar el 27 por ciento de la población activa. Para los analistas, la utilización de la capacidad productiva todavía se encuentra en grados mejorables y la devaluación salarial aún tiene recorrido, de modo que durante este año se profundizará en el ajuste antes de que culminemos la salida del túnel.
En tanto haya caída de la actividad, habrá pérdida de puestos de trabajo, y eso no permite que haya una recuperación de la demanda, en una suerte de círculo vicioso inescapable por mucho que mejoren las condiciones financieras. El escenario de 2013 se presenta cada vez más alejado de la previsión del Gobierno de un 0,5 de decrecimiento y cada vez más cerca del 1,5 por ciento de caída estimado por el FMI.
Respecto al sector público, éste ha reducido prácticamente a la mitad el aumento artificial que se produjo al comienzo de la crisis. Durante 2012, ha disminuido en unos 218.000 asalariados hasta los 2,91 millones, un 6,98 por ciento. Tal porcentaje representa una intensidad mayor que el 4,3 por ciento de contracción en el empleo privado.
De este personal recortado en la Administración, dos tercios son temporales e interinos y alrededor de un 75 por ciento corresponde a las Comunidades Autónomas.
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