Yolanda Díaz quiere arrancar la legislatura con un endurecimiento del despido en el programa de Gobierno comprometido con Pedro Sánchez, junto con otras exigencias laborales como los permisos y la jornada y en materia de vivienda que el PSOE no ve con buenos ojos. Y muy especialmente, Nadia Calviño, que desautorizó a Díaz la pasada legislatura respecto al despido, y que ha mantenido un pugilato constante con la ministra de Trabajo en el resto de cuestiones que Sumar plantea como exigencia en la negociación. Esta apuesta fuerte por asuntos en lo que no hay en principio consenso permitirá extender la negociación lo que sea necesario para Carles Puigdemont, según se ha visto ya este miércoles.
La querencia de Díaz por un endurecimiento del despido, que ve "barato", pero que ha planteado como restaurativo o a la carta en los últimos meses de la pasada legislatura, decayó durante la campaña electoral de Sumar para las elecciones generales. Entonces puso el foco en la herencia universal y en las subidas de impuestos.
Ahora la causa del despido emerge con fuerza para Díaz y sus portavoces. El diputado por Madrid de Sumar y una de las principales voces económicos de la formación, Carlos Martín, ha defendido este miércoles la idea de aumentar la indemnización por despido, porque cree que así se "refuerza el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores".
En este contexto, el que fuera director del gabinete económico de CCOO sostiene que aumentar esta indemnización, que en la actualidad se mantiene en 33 días por año trabajado, reestructuraría la balanza entre empleado y empresario. "Este paso, iniciado en la legislatura anterior, ha contribuido decisivamente a la fortaleza actual de la economía española", ha señalado en Twitter.
El coste por despido, que quedó fuera de la reforma laboral que pactaron patronal y sindicatos, fue en la legislatura pasada uno de los puntos de tensión entre el PSOE y sus socios. ERC y Bildu no apoyaron la reforma laboral por no aumentar la indemnización del despido improcedente hasta los 45 días.
El portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, ha señalado este miércoles que los puntos de discrepancia con el PSOE de cara a cerrar un acuerdo de gobierno residen en el ámbito laboral y de derechos sociales. "No hay acuerdo sobre la reducción de jornada y la regulación del despido" ha sostenido. El también secretario de Estado de Derechos Sociales ha asegurado que el encuentro entre Sánchez, y Díaz no se ha centrado en la amnistía, ya que ha asegurado que ambos coinciden en este asunto.
El pasado octubre, Díaz promovió una reforma del despido con indemizaciones a la carta por edad, renta y genéro. Se trataba de uno de los asuntos que quería incluir en el Estatuto del Trabajo del Siglo XXI que preparaba y que hasta ahora había planteado de manera más general el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
"Me comprometí a no tocar el despido en la reforma laboral y lo he cumplido", dijo Díaz, que sin embargo reconoció que entonces ya sí planteaba modificar el despido, pero no en el sentido que venían pidiendo sus socios y los sindicatos de endurecerlo y encarecerlo de manera lineal, sino una reforma que incida más en "las causas", a su juicio, la clave del despido, y que sea "restaurativo".
En último término, la propuesta de la vicepresidenta, que recoge un planteamiento de UGT, también afectará a las indemnizaciones, que se busca que se modulen a la carta, según antigüedad, por edades, renta e incluso género, aunque dijo que esto hay que trabajarlo en la negociación colectiva.
A juicio de Díaz, aunque se suele hablar de los jóvenes, uno de los mayores problemas del mercado de trabajo es el "edadismo", y mencionó al millón de parados de larga duración mayores de 45 años, que cree muy penalizados en la cultura empresarial española.
En este sentido, explicó que la indemnización de un trabajador joven, muy formado y con rentas no puede ser la misma que la de una persona de más edad y que reside en una zona deprimida. A lo que añadió la variable de género, que habrá que estudiar.
"El problema del despido no está en la indemnización. La reforma laboral eleva la indemnización por despido. Se lo he dicho a ERC, también está en las causas, es en lo que estamos trabajando a futuro, en la reforma del Estatuto del Trabajo del siglo XXI, en la que avanzar en términos europeos, en un despido preparativo, restaurativo", resumió.
Díaz reconoció que podía no darle tiempo, aunque se perfilaba como su gran proyecto normativo para los últimos meses de legislatura y en año electoral. Pues bien, poco después de hacer estas declaraciones, fue desautorizada por Nadia Calviño, que dijo que este asunto no estaba en la agenda del Gobierno.
ERC forzó poco después que el PSOE se retratara en el Congreso, con una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la necesidad de adoptar las modificaciones legislativas oportunas para incrementar las indemnizaciones por despido improcedente a fin de conseguir un resarcimiento real del trabajador afectado y un efecto disuasorio". Una moción que contó con el aval de Díaz y del resto de socios de Sánchez y que la Cámara Baja finalmente tumbó.
El Grupo Socialista dijo compartir el objetivo pero planteó que es una reforma que debe negociarse con los agentes sociales. Sin embargo, la negativa a contemplar esta reforma fue constante en el Gobierno.
La denuncia de los sindicatos en Europa
De momento, la iniciativa se ha trasladado a Europa y a los tribunales. Los sindicatos han planteado una denuncia a España por incumplir a su juicio el despido español la Carta Social Europea, que ha sido admitida por el Comité Europeo de Derechos Sociales en un proceso que puede implicar que España deba acabar reformándolo, pero que lleva tiempo y su implementación por el Estado miembro en cuestión no suele ser automática e incluso puede no llegar a realizarse.
Las centrales sindicales esgrimen que el actual sistema español de despido incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Defienden que la indemnización por despido debe ser suficientemente reparadora y proporcional del daño que produce a la persona trabajadora, y hasta el momento, no lo es, sobre todo para las que llevan poco tiempo empleadas. El trabajador sufre perjuicio si pierde el trabajo de forma arbitraria y el coste del despido se ha devaluado en las últimas décadas.
El Gobierno español demoró su respuesta a la denuncia a principios de enero y cuando lo hizo, se manifestó en contra y en coincidencia con CEOE.
A la espera del recorrido de este asunto, que no será en el corto plazo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado el 30 de enero una sentencia que parece avalar la tesis sindical de Yolanda Díaz de la necesidad de escalar el despido. Es un caso de laboratorio, pero que transmitió el mensaje de que los despidos a la carta ganan peso. Se trata de una empleada que llevaban poco tiempo en la empresa y a la que se despide justo antes de realizar un ERTE por la pandemia. El fallo eleva la indemnización a 48 días por año trabajado.
Aunque el TSJC respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, considera que la indemnización legal tasada, "que no llega a los 1.000 euros, es claramente insignificante", y no compensa el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo.
Los magistrados se basan en el "cada vez mayor número de sentencias que admiten la posibilidad de reconocer a los trabajadores una indemnización superior a la establecida legalmente basándose en lo dispuesto en el Convenio 158 de la OIT y en el artículo 24 de la Carta Social Europea".
El 'dilema Calviño'
El equipo negociador del PSOE está formado por los diputados Óscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro, María Jesús Montero (vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones); Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE); Pilar Alegría (portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones); Hana Jalloul (secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE), y Félix Bolaños (secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE, y ministro de la Presidencia en funciones). Para los asuntos sobre Cataluña, será el líder del PSC, Salvador Illa, quien reporte directamente a Sánchez.
El peso de Nadia Calviño no decae de momento, a pasar de que en un par de semanas podría ser elegida presidenta del BEI, con lo que en todo caso tendría que abandonar el Gobierno en diciembre, y Díaz tendría el camino más despejado para promover las propuestas que la vicepresidenta primera ha vetado.
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