Mariano Rajoy ya prevé endeudarse a un ritmo más rápido que el de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista llevó el montante desde los 380.000 millones, el 36 por ciento del PIB, hasta los 730.000 millones, el 69 por ciento del PIB, en tan sólo cuatro años; mientras que el actual presidente popular ya estima en sus Presupuestos de 2013 que la deuda alcanzará el 90,5 por ciento del PIB, unos 200.000 millones más en tan sólo dos años.
Es decir, Zapatero engordó la carga en cerca de 350.000 millones, a una media de 8 puntos por año desde el 2007 al 2011. Y Rajoy contraerá unos 200.000 millones de deuda a una velocidad de 10 puntos por ejercicio entre 2012 y 2013.
De los 20 puntos con los que el Ejecutivo de Rajoy aumenta el endeudamiento, unos 13 representan la financiación del déficit. Pero el resto se atribuye a los planes de proveedores (unos 27.000 millones); el Fondo de Liquidez Autonómico (unos 18.000 millones); el auxilio de Grecia, Irlanda y Portugal; las inyecciones a las entidades (Eurostat ha añadido un punto más en 2012 por las ayudas a Bankia y Banco de Valencia); y el rescate bancario (Guindos ha asegurado que el impacto sobre la ratio deuda/PIB sólo será de cuatro puntos).
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda explicaba que el uso de 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones en 2012 eleva la deuda del Estado. Esto se debe a que sus recursos están invertidos en bonos españoles, y éstos al estar en manos de un ente público no computan como deuda. Para emplearlos, hay que venderlos, por lo que dejan de pertenecer al Estado y, por tanto, el Reino de España ha de anotarse la deuda. Y en 2013 habrá que repetir la operación con otros 3.000 millones más.
Otra razón por la cual la deuda puede dispararse todavía más radica en que las cifras de déficit siguen sin cuadrar. Según los datos de flujos financieros publicados ayer por el INE, las necesidades de capital de las Administraciones Públicas registradas a mediados de año, es decir el déficit, ascienden al 8,4 por ciento del PIB. Si no se reflejan las ayudas a las instituciones financieras, esta necesidad se sitúa en el 7,5 por ciento, lejos del 6,3 de objetivo de déficit acordado con Bruselas. Pese al alza del IVA, pese a las medidas que aún han de aplicar las comunidades y pese a que el Estado ya haya prácticamente cerrado las cuentas, nada hace presagiar que de aquí a finales de año el déficit pueda rondar por debajo del 7 por ciento.
Y el otro problema serio estriba en cómo se va a contabilizar finalmente la ayuda a la banca. Después de los acuerdos del Consejo Europeo de junio, el Gobierno de Rajoy esperaba que la ayuda dela UE se inyectase directamente a los bancos sin que computase como deuda pública. Sin embargo, Alemania se ha saltado su compromiso adquirido en junio y, junto a sus satélites Holanda y Finlandia, exige ahora que el Estado español responda por la inyección de recursos a sus bancos.
Los germanos han boicoteado la unión bancaria porque no quieren que el BCE pueda inmiscuirse en sus cajas de ahorros. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, explicaba hace escasas semanas que el banco central no disponía de las herramientas para supervisar a las entidades más pequeñas y que debía centrarse en las sistémicas.
No obstante, la Comisión Europea y el BCE han argumentado que las instituciones financieras de tamaño medio que más problemas han originado, como Bankia, no se colocarían bajo su supervisión. Al final, la unión bancaria se pospone. Y sin ésta, los alemanes consideran que no podrán controlar lo que los españoles hagan con los préstamos.
El Ministerio de Economía incluso había traspasado sus poderes para sancionar y conceder licencias bancarias al Banco de España, con el fin de que éste a su vez los transfiriera más adelante a la supervisión del BCE. Pero la unión bancaria se desmorona y los tudescos demandan que la asistencia al sistema financiero español se registre como deuda pública y que el Estado apechugue con las posibles pérdidas del saneamiento.
Unos días más tarde, durante el Consejo de Ministros de presentación de los Presupuestos, el Gobierno declaró que la deuda pública cerraría el 2012 en el entorno del 75 por ciento del PIB y que durante 2013 sobrepasaría el 80 por ciento. Sin embargo, dos días después Montoro anunciaba que la deuda acabaría en 2013 en el 90,5 por ciento del PIB y detallaba que el déficit de 2011 subiría del 8,9 al 9,4 por ciento del PIB por los salvamentos de la CAM, NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y Unnim. Y otro tanto pasaba con el pronóstico de déficit para 2012, que se inflaba del 6,3 al 7,4 por ciento debido a las recapitalizaciones de Bankia y Banco de Valencia. ¿Qué había ocurrido? Por un lado, Eurostat había determinado que estos capitales podían no recuperarse y por tanto constituían déficit, aunque Bruselas afirme que no lo tendrá en cuenta para la meta de austeridad porque se trata de un desembolso único que no se repetirá.
Por otro, la declaración emitida por Alemania, Holanda y Finlandia establece que el Mede, el fondo de rescate europeo permanente, no preste dinero directamente a los bancos sino al Estado. Alemania también quiere imponer que el Mede no pierda sus estatus de acreedor preferente y que cualquier pérdida por estas ayudas las asuma España. Al apuntarse ya en los Presupuestos el incremento de la deuda por el rescate financiero, el Gabinete de Rajoy sencillamente admite que las tesis germanas ganan.
Todo ello supondría una mayor carga de deuda y déficit si los problemas se agudizan y, sobre todo, implica que no se rompe el vínculo entre el sistema bancario y los soberanos, de modo que conforme empeora la crisis pueden arrastrarse juntos hacia peores escenarios y acabar acumulando más deuda.
De hecho, las entidades españolas continúan sin lograr financiación y tienen que acudir a las facilidades del BCE. Es más, desde que Rajoy llegó a la Moncloa la apelación a este tipo de crédito se ha disparado en 300.000 millones, señal de la desconfianza que inspiran.
